Es muy importante que la Iglesia informe a la justicia sobre las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, para que ésta los juzgue.
Los repetidos escándalos sobre sacerdotes que han abusado sexualmente de niños generan una enorme crisis de legitimidad y confianza en la Iglesia Católica.
Desde la edad moderna, es habitual que la Iglesia sea sometida a duros cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad. Lo particular de la crisis actual es que hasta los creyentes se preguntan si la reacción de la Iglesia ante los casos de los clérigos pederastas ha sido adecuada y suficiente. Al fin y al cabo, las víctimas de estos delitos son los más indefensos entre los débiles y, además, los niños de los creyentes son los más expuestos a ser objeto de esos abusos.
Lo cierto es que es imprescindible que la Iglesia asuma una postura radical para afrontar los casos de pederastia entre los sacerdotes. En este sentido, desde la perspectiva del Estado laico, que afirma la separación del Estado y la Iglesia, es necesario que la Iglesia abandone la idea de considerar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes como asuntos internos de la institución, que deben ser resueltos por ella misma. Por eso, es bienvenida la guía recién publicada por el Vaticano, en la que se afirma que todos los casos de pederastia deben ser puestos en conocimiento de la justicia civil.(1)
Lamentablemente, eso no es lo que piensan todos. En los días pasados, el diario El Tiempo publicó una entrevista con el Cardenal Darío Castrillón. Al ser interrogado acerca de si el Papa había sido diligente en tramitar las denuncias sobre abusos sexuales que habían tenido lugar en su jurisdicción en la época en que había sido arzobispo, respondió el Cardenal: “(…) hay un derecho en la Iglesia en el cual hay cabida para el arrepentimiento y la misericordia, y no sólo para el perdón del pecado, sino para el perdón del delito. Y esto lo ejerció la Iglesia desde el principio. Cuando el Santo Padre era Arzobispo no hizo nada distinto de cumplir las leyes de la Iglesia. De eso no hay más que hablar.”
Como se observa, el cardenal continúa considerando que la Iglesia Católica tiene potestad para juzgar y sancionar las conductas de los sacerdotes. Eso estaría bien en el caso de que se tratara de faltas disciplinarias propias de la Iglesia, pero es completamente inaceptable cuando se trata de delitos.
En un Estado laico todas las personas tienen que estar sometidas a la misma justicia, independientemente de su condición sacerdotal. La convicción de la Iglesia de que ella misma debe procesar los abusos sexuales cometidos contra niños lo único que ha generado es una sensación social de encubrimiento e impunidad, y de indiferencia ante el dolor de las víctimas.
Claro está que otros prelados colombianos asumen una posición más abierta. En otra entrevista del mismo diario, monseñor Juan Vicente Córdoba expresó que “cuando las víctimas denuncian ante nosotros, les pedimos que sean ellos los que denuncien ante las autoridades; y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades, pues los sacerdotes siguen siendo ciudadanos.” En el mismo sentido se pronunció el presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional, quien aseguró que la Iglesia debía colaborar con las investigaciones de las autoridades civiles.
La disposición para colaborar con la justicia ordinaria constituye un avance importante. Sin embargo, eso no es suficiente para demostrar el total compromiso de la Iglesia con la erradicación de los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Por eso es tan importante el documento recién aprobado por el Vaticano, que establece que las autoridades eclesiásticas tienen que trasladar a la justicia civil las denuncias que les son transmitidas.
Si la Iglesia procede de esa forma demostrará su compromiso con los niños victimizados y, además, aliviará a todos aquellos buenos sacerdotes que, a pesar de cumplir una gran labor, comienzan a ser objeto de suspicacias y señalamientos por pertenecer a una institución que en muchas ocasiones ha permitido que quede impune un delito tan atroz.
"Juan Fernando Jaramillo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador de DeJuSticia. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos."
