La última vez que medió consenso generalizado para recortar el financiamiento estatal a la Iglesia católica fue en 2002, cuando se buscó terminar con las jubilaciones de privilegio.
En aquel entonces, Cristina Fernández era senadora y defendió la quita del beneficio a los obispos y arzobispos retirados pese a la férrea oposición del histórico Antonio Cafiero.
El respaldo mayoritario del Senado dio sanción definitiva al proyecto remitido con el aval de los diputados, pero el Poder Ejecutivo decidió apiadarse del clero: la iniciativa terminó siendo vetada mediante un decreto que llevó la firma del presidente Eduardo Duhalde, pero también la de los ministros Aníbal Fernández, Ginés González García y Roberto Lavagna, entre otros.
Nada cambió 13 años después. El Estado continúa financiando los sueldos y las jubilaciones de la curia; pero si antes los privilegiados temían un embate por parte de la dirigencia política, hoy los temores se esfumaron a partir de la devoción generada por el Papa Francisco.
Y así, cuanto más pretende alejarse Bergoglio de la campaña presidencial local, más se acerca. Habló la presidenta hace pocos días sobre él cuando éste apoyó la “causa Malvinas”, pero también lo evocó Daniel Scioli al destacarlo como su principal referente político. “Como dice el Papa, es tiempo de que la unidad supere el conflicto”, elogió semanas atrás el candidato oficialista.
Por su parte, Mauricio Macri tampoco pierde oportunidad de mencionarlo para capitalizar la imagen papal, aunque –a decir verdad– ya bastante mérito hicieron sus legisladores votando las leyes de matrimonio igualitario y de fertilización asistida en la dirección que la Iglesia romana pretendía: es decir, en contra.
En rigor, se hable mucho o poco del jefe del Vaticano, lo cierto es que los principales aspirantes a la presidencia no quieren enfrentarlo: ni directamente, por ejemplo diciendo que durante su gestión ya no se subsidiarán a las escuelas católicas, ni indirectamente, declarándose a favor de temas decisivos como la despenalización del aborto.
El retroceso del Estado y las leyes de la dictadura
Desde que Rivadavia ocupo su sillón y se convirtió en el primer presidente argentino, la Iglesia católica encontró en el Estado su propio límite. A la reforma eclesiástica que incluyó la supresión de fueros y la expropiación de bienes se les sumaron, durante el gobierno de Julio Argentino Roca, la laicidad de la educación y la creación del registro civil que permitió, entre otras cosas, no depender de los padrones elaborados por la Iglesia para la realización de elecciones.
Sin embargo, el Estado nunca dejó de financiar al clero. Pese a sus diversas reformas, la Constitución argentina lleva impregnado desde su nacimiento el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. Lo impuso la “Constitución liberal” de 1853, y lo mantuvieron la “constitución peronista” de 1949, la “antiperonista” de 1957 y la bipartidista de 1994. Todos, invariablemente, en su segundo artículo.
Misma relevancia, debe decirse, se le dio a su financiamiento durante la última dictadura. Se promulgaron así decretos-ley para subsidiar a los obispos y arzobispos retirados (21.540), a la jerarquía eclesiástica en funciones (21.950), a los párrocos de frontera (22.162), a los sacerdotes seculares (22.430) y a los seminaristas (22.950). Todos, absolutamente todos, continúan vigentes.
La culpa del chancho
Cuando el Estado dice que sostiene el culto católico también manifiesta su deseo de que la institución más antigua del país difunda su mensaje evangelizador con fondos públicos.
Garantiza el Estado la libertad de culto, sí, pero promueve sólo una, la oficial, para que imponga libremente sus reglas sobre las vidas privadas de los argentinos, para que sus vidas sean vividas como la Iglesia interpreta que deben serlo.
Tras los decretos-ley de la dictadura, y recuperada la democracia, la irrupción del divorcio vincular de la mano de Alfonsín y del matrimonio igualitario con Cristina Fernández auguraron un retroceso de la influencia religiosa sobre la política. Pero la designación de Jorge Bergoglio como jerarca del Estado del Vaticano clausuró ese camino.
En principio porque la sociedad argentina, fiel a su carácter entusiasta, resucitó un fervor religioso en pleno declive, y después porque el propio gobierno transformó sus cuestionamientos en halagos.
El mensaje de Bergoglio y sus populares gestos, presentes de forma constante en los medios nacionales, son ahora también capaces de hundir a un candidato. Las fotos de los funcionarios con el obispo de Roma denotan su adscripción tácita a la forma católica de ver el mundo, pero también revelan el miedo a enemistarse con un líder que tiene un 60% de aprobación a nivel mundial y un 90% en Argentina.
Así, la influencia legislativa, política e ideológica de la Iglesia católica es el reflejo de un poder que creció al amparo del propio Estado.
La Argentina, quizás como nunca antes desde la última dictadura, está sometida voluntariamente a la opinión política de una institución que sus propios gobernantes decidieron financiar alguna vez –y que hoy nadie osa afectar–.
Y si fuera necesario aclararlo, por cierto que no está mal que una organización religiosa pretenda que el mundo crea lo que ellos, porque esa es su esencia última. El debate para el futuro –si es que el “efecto Bergoglio” no dura para siempre– es si su obra predicadora debe ser costeada por el Estado.
Sea como sea, hoy Francisco disfruta del cenit de su influencia: tras pregonar desde su catedral local cómo deben vivir y pensar los porteños, se convirtió ahora en acreedor del sumiso amor de los principales políticos argentinos.
