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“La Iglesia Católica se puede haber convertido en el segundo mayor propietario de inmuebles”

Es el presidente de la asociación aragonesa Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL), creada en 2008

Los estatutos de MHUEL citan entre sus objetivos que los representantes políticos no acudan a actos de confesiones religiosas, la derogación del Concordato, la devolución del patrimonio artístico eclesiástico al pueblo, una ley de eutanasia y la ampliación de la ley del aborto

Subraya que los privilegios de la Iglesia Católica son reminiscencia del nacional-catolicismo del franquismo

Jorge García (Zaragoza, 1965) se muestra encantado cuando le solicitamos una entrevista para sugerir a los nuevos cargos públicos propuestas encaminadas a fomentar el laicismo. No será por falta de ideas: surgen encadenadas, como las cerezas de un plato.

El presidente de MHUEL llega a nuestra cita acompañado por otros dos miembros de la asociación. Al finalizar la charla, se empeña en pagar los refrescos. “En esto sí soy un talibán”, bromea.

¿Los cambios políticos en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza son esperanzadores para MHUEL?

Pedro Santisteve es socio de MHUEL, él mismo lo ha hecho público. En el caso de Javier Lambán, no nos fijamos tanto en la persona como en el partido y el Partido Socialista ha tenido en Aragón una actitud muy confesional, por ejemplo, en la época de Belloch en Zaragoza. Probablemente, la postura del PSOE haya cambiado por la presión de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos. Los programas autonómicos y municipales de CHA e IU hacen referencia al laicismo; los de Podemos no tanto, pero sí lo tocan. El Partido Socialista siempre se ha declarado laicista, pero las personas que han ejercido responsabilidades no lo han sido. Belloch promovió el Reglamento de protocolo, honores y ceremonias de 2008 y ordenó la parodia del famoso crucifijo, que era trasladado por el ujier desde su despacho al salón de plenos.

Dentro de ese PSOE, Lambán apoyó en 2013 el estudio del equipo de profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza que proponía suprimir la alusión a la Iglesia Católica del artículo 16 de la Constitución Española…

Ese artículo dice que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal”. Sin embargo, luego hay una coletilla que dice que las autoridades públicas “tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Es un artículo absolutamente contradictorio, que permite un libre albedrío interpretativo. Jurídicamente es muy complicado. Y políticamente, es una declaración de máximos, pero, como no explica en un desarrollo cuál es esa cooperación, queda al albur de la interpretación política y de los intereses partidistas de cada momento.

Con ese artículo todavía vigente en la Constitución, ¿está todo por hacer?

El laicismo es una máxima expresión de libertad, de tolerancia y de respeto. Que el ámbito público esté separado de las creencias de todo tipo da uniformidad a la libertad de conciencia y a que la vida pública no se vea contaminada con esas creencias.

Por concretar, en el Ayuntamiento, ¿qué medidas podrían tomarse encaminadas al favorecer el laicismo ya, de forma inmediata?

En el Ayuntamiento, lo más sencillo sería modificar el Reglamento de protocolo, para que el alcalde y los concejales, a título individual, puedan participar en actos de confesiones religiosas, pero no en representación de toda la ciudadanía. No deberían hacer proselitismo de una determinada religión ni en San Valero, ni tampoco en el Corpus Christi, en el Viernes Santo…

Las tomas de posesión, por otra parte, tendrían que ser neutras, con los juramentos y las promesas solamente ante la Constitución. No es una propuesta contra la Biblia, es contra todo símbolo religioso. Con el Corán o la Torá, opinaríamos lo mismo.

Otro asunto pendiente sería eliminar las exenciones del IBI que tienen las confesiones religiosas, aunque es verdad que hay sindicatos y partidos que tampoco lo pagan.

¿Esas exenciones no dependen de una normativa estatal?

Sí, pero el Ayuntamiento sí podría comprobar si esas exenciones corresponden realmente o no a espacios para el culto religioso. Lo que está acogido al Concordato de la Santa Sede son los espacios de culto, pero hay parcelas que están declaradas exentas de IBI que, en realidad, se están dedicando a piscinas, zonas de ocio, aparcamientos, tiendas… El Ayuntamiento podría ser más estricto.

¿Y en la comunidad autónoma?

Para las tomas de posesión de los cargos, lo mismo. Pero además, los grupos con presencia en las Cortes podrían llegar a un acuerdo para instar al gobierno central a cambiar la ley hipotecaria. La reforma del Partido Popular permitió la inmatriculación de los bienes: equiparó a los obispos y arzobispos a fedatarios públicos y corporaciones de derecho para inscribir bienes de dominio público de culto. En el Congreso de los Diputados ya se ha revisado este asunto, aunque el PP ha hecho una norma ‘light’: ha frenado la ‘sangría inmatriculadora’, pero no hay carácter retroactivo.

Además, el procedimiento era absolutamente obscuro porque era el propio diocesano el que iba al registro de la propiedad y decía que el inmueble era suyo, sin demostrar nada. Nos tememos que la Iglesia católica se haya convertido en el mayor propietario de bienes inmuebles de España, solo después del estado español, gracias a este procedimiento. Básicamente, el objetivo era revertir el proceso de las desamortizaciones del siglo XIX, recuperar lo que perdieron.

En Navarra, al menos, se ha hecho un listado de los bienes inmatriculados por este procedimiento. En Aragón, lo hemos pedido y no se ha conseguido.

A medio o largo plazo, ustedes tienen el objetivo de promover una educación laica…

Incluso a corto plazo se puede actuar también en educación. La LOMCE permitía cierta flexibilidad para fijar el horario de religión. En Ceuta y Melilla se imparten 45 minutos de religión a la semana, frente a la hora y media de Aragón.

También estamos muy pendientes de los conciertos educativos, porque suponen una segregación del alumnado por clase social y por cuestiones ideológicas. No se entiende que en Bachillerato, solo un 10% del alumnado elija Religión en la escuela pública frente al 80% en los colegios privados. En Secundaria, es un 30% en la pública frente a un 98% en los concertados y un 60% en los privados no concertados. La religión se está imponiendo.

En estos últimos años, el PP ha defendido los conciertos educativos en todas sus políticas. Ahora habría que revertir ese proceso. Puede que haya cambios: el PSOE firmó un documento de oposición a la LOMCE que planteaba sacar la religión del curriculum escolar, en el marco de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.

¿Falta concienciación? ¿No sería difícil entender que tolerásemos otras desigualdades ideológicas, no religiosas?

Sí, falta concienciación y cultura democrática para entender cuál es el ámbito de cada cosa, sin hacer ninguna guerra. Simplemente, las cuestiones de fe tienen su sitio y las cuestiones públicas tienen otro. El problema es que tenemos una lacra con el Concordato vigente del 53: en el estado español, para hacer una ley de educación, tenemos qué contar con la Iglesia. ¿Cómo un estado soberano puede tener un convenio que nos supedita al estado Vaticano para hacer una ley? Y lo mismo, para el mercado laboral, la eficacia civil para las nulidades eclesiásticas…

En España, tras la dictadura, la jerarquía eclesiástica creó los mecanismos suficientes para volver a ‘atar’, de una forma más modernizada, lo que fue el nacional-catolicismo: la preeminencia en la vida pública de la Iglesia.

Europa laica, una asociación nacional matriz para nosotros, tiene evaluado que la Iglesia católica recibe del estado español 11.000 millones de euros todos los años: tenemos capellanes en todos los hospitales públicos, capillas en las universidades públicas, un cuerpo castrense… No tiene sentido en una sociedad secularizada.

¿Es cuestión de tiempo que España llegue a ser un estado laico?

Es pedagogía, es cultura ciudadana. Las nuevas mayorías lo tienen asumido como algo normal; solo se trata de que todo sea más lógico. Pero la Iglesia está permanentemente buscando su expansión. En la procesión del Corpus de Huesca no habían participado los políticos hasta este último mandato. Tenemos la carta que el Obispado de Huesca envió a la ex alcaldesa Ana Alós, pidiéndole que la corporación saliera en esa procesión, y los concejales cedieron. Eso es claramente clericalismo: intromisión de la Iglesia en la vida pública.

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