Solo una parte insignificante de esta cantidad (en torno a 78 millones), corresponde a la asignación tributaria que los fieles atribuyen a su religión mediante el 0,5239% de la cuota en la declaración del IRPF. El resto sale de las arcas de varios ministerios de Estado —Educación y Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales— y de los presupuestos de las consejerías equivalentes de los Gobiernos autónomos.
La fuerza del catolicismo español, medida en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sociales y de caridad, no tiene parangón porque se nutre de complicados y, a veces, inescrutables mecanismos de ingresos privados y, sobre todo, de financiaciones y subvenciones públicas. Por el contrario, el estado español ha negado a los ciudadanos de otras confesiones cualquier ayuda en sus proyectos, e incluso el derecho a recibir aportaciones de sus fieles a través de la declaración de la renta.
Capítulo aparte son las subvenciones o ayudas directas a la Iglesia para su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 130 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. La Iglesia sigue siendo, con mucho, la primera potencia del Estado en patrimonio histórico, y es dueña de miles de inmuebles e incluso de varios latifundios rurales. Para sostener ese patrimonio, las administraciones públicas (incluidas comunidades autónomas) han gastado en los últimos 20 años ingentes cantidades de dinero.
Como en ejercicios anteriores, el Gobierno entregará el dinero a la Conferencia Episcopal Española (CEE) “a cuenta” de los ingresos de la campaña de la renta (IRPF). Las aportaciones de los católicos a su iglesia no dejan de disminuir cada año desde que entró en vigor el llamado impuesto religioso, en 1988. A pesar de que han descendido un 15 % en año 2003, esto no afectará a los ingresos de la Iglesia, ya que la aportación pactada este año entre el Estado se ha visto aumentada en un 2 %.
Recientemente, el Grupo Socialista propuso al Congreso que se suprima esa aportación para la religión católica, única que recibe dinero estatal directamente. Por otro lado, el Grupo Socialista lleva años pidiendo que se incluya en la declaración de la renta la posibilidad de que los españoles destinen parte de sus impuestos a otras confesiones religiosas. Ni siquiera en esto el Estado cede un ápice en su defensa del monopolio de la Iglesia.
