“La Iglesia católica está por encima de la ley”

El próximo viernes 28 de septiembre la profesora de Religión Resurrección Galera tiene que acudir al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC) de Almería. El motivo de la cita es exactamente el mismo que la llevó a esa sala hace 11 años: ser discriminada laboralmente por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado. Por ese hecho, el Obispado de Almería no renovó su contrato como profesora en 2001 en el CEIP Ferrer Guardia tras siete años trabajando en el centro. El Juzgado de lo Social número 3 de Almería y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimaron la demanda presentada por Galera por despido nulo, pero una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anuló ambos fallos. Aun así, este curso la historia se repite. La Diócesis ha comunicado a Galera que no ha obtenido la missio canoniga por parte del Ordinario Diocesano, un requisito que certificaría su "idoneidad" y que le habilitaría para que pudiera ser propuesta al Ministerio de Educación para impartir clases de esta materia.

"La Iglesia católica está por encima de la ley. Es indignante que esto vuelva a suceder con el consentimiento y el beneplácito del Tribunal Constitucional". Quien habla es Johannes Romes, el marido de Resurrección. Antiguo jefe de prensa del Parlamento alemán, fue quien llevó el caso a los medios de comunicación. Ahora habla en nombre de Resu porque "ella está destrozada", explica. Romes recuerda que el Alto Tribunal reconoció en su sentencia que la Iglesia Católica vulneró los derechos de Resurrección a no sufrir discriminación por circunstancias personales, a la libertad ideológica (en conexión con el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida) y a la intimidad personal y familiar."Ni ese fallo, que fue bastante nítido, ni la nueva sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) favorable a ella han evitado que Resurrección reviva ese infierno", denuncia Johannes.

Nada más conocer la sentencia, el pasado mes de enero, Resurrección pidió su readmisión inmediata: "Mi vida es la enseñanza y lo que más deseo es retomar la actividad docente cuanto antes".  Nada más lejos de la realidad. El burofax que el Obispado remitió a Galera el pasado 3 de septiembre indica que es "enteramente constitucional el hecho de que no pueda impartir religión y moral católicas quien no profesa voluntariamente los dogmas de esta fe religiosa". Considera que la docente, "en el más respetable ejercicio de su libertad", al elegir contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, se colocó "ella misma y por su sola voluntad en objetiva situación de inidoneidad sobrevenida para dar lecciones de moral católica que incluye una concepción muy determinada del matrimonio". La diócesis almeriense elevó en su día recurso de amparo al TC.

Ni Johannes ni Resurrección confían en que ahora se arregle todo el próximo viernes en el CEMAC, por lo que han realizado una reclamación previa contra el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía, codemandados en la causa."Resu, al principio, estaba hecha polvo. Ahora, está indignada. Ha perdido la confianza en la justicia, dice que no existe y eso es preocupante. Lo peor de todo es que, en su caso, es cierto", relata Johannes.

"Sin mí, hubiera tirado la toalla"

"Si no hubiera sido por mí, ella ya hubiera tirado la toalla porque está agotada. Yo aún peleo y trato de levantarle el ánimo", explica Johannes, que recuerda que el Ministerio de Educación sólo ha dado respuesta parcial al auto de ejecución dictado por el Juzgado de lo Social por el que se ordenaba, además de su reincorporación en su antiguo puesto, que debía serle abonado el salario que dejó de percibir durante esos casi 11 años. "Sólo ha cobrado lo correspondiente al curso 2001-2002 porque ella tenía un contrato de un año", explica Johannes. Pero si no la hubiesen despedido, Resurrección hubiese sido "renovada tácitamente" durante estos años, como expresó su abogada, y ahora debería beneficiarse del cambio normativo introducido en 2007, por el que los profesores de religión pasaron a ser indefinidos. "Pero no puede porque sigue siendo discriminada", denuncia Johannes, "porque la justicia española ha tardado 11 años en resolver un pleito laboral".