El Arzobispo de Madrid se posiciona oficialmente para permitir el traslado de los restos del dictador tras la aprobación del decreto por el Consejo de Ministras
Mantiene la línea que venía aduciendo en las últimas semanas: no pone objeción, pero mantiene la solicitud de que se cuente con la familia del dictador
“Como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado”
La Iglesia católica “acatará el mandato legal” para la exhumación de Franco “una vez sea firme y ejecutivo”. Esta ha sido la reacción oficial del Arzobispado de Madrid a través de una nota tras la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministras del decreto que permitirá el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
En línea con la posición que venía manteniendo desde que el presidente del Gobierno anunciara su intención de exhumar a Franco, la diócesis dirigida por el cardenal Carlos Osoro, no pone objeción a la decisión, aunque mantiene la solicitud esgrimida durante las conversaciones con los responsables gubernamentales de que se cuente con la familia del dictador.
Así lo admite también el comunicado, en el que subraya que la diócesis ha “insistido en que un eventual traslado de los restos mortales de D. Francisco Franco Bahamonde se debería hacer con el mayor consenso posible, particularmente entre el Gobierno y la familia del difunto”. Esta misma mañana, el mayor de los nietos varones de Franco, Francisco Franco Martínez Bordiú, aseguraba que la familia se hará cargo de los restos.
“Como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado”, prosigue la nota del Arzobispado de Madrid, que también subraya “la oportunidad de un acuerdo” entre el Gobierno, el resto de partidos y la familia del dictador. Eso sí: “sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo”.
Apela al “espíritu de concordia”
La nota concluye afirmando que “la Iglesia católica en Madrid quiere preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre todos los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad”.
El comunicado de Osoro se produce después de que, en su intervención, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, omitiera cualquier vinculación de la Iglesia en la toma de decisiones sabedora de que la institución no pondrá ninguna pega a la exhumación del dictador, como adelantó este diario.
Tras varias preguntas sobre el particular, Calvo aseguró que “el Gobierno dispone de instrumentos, en el marco de los acuerdos con la Iglesia católica, para proceder en estricta legalidad a la exhumación de los restos”. Tal y como se había acordado con el cardenal Osoro, la Iglesia no quiere ser protagonista de una cuestión que, entienden, sólo atañe a Gobierno y familia.
La noticia ha sido bien acogida entre los mediadores de la negociación Iglesia-Gobierno. Así, desde Cristianos Socialistas quisieron reivindicar su papel en el acuerdo, que “impulsa un diálogo muy necesario”. Carlos García de Andoin, uno de los fundadores y una de las piezas clave en la búsqueda del consenso estas últimas semanas, subrayaba en declaraciones a La Sexta “el paso que da la Iglesia católica, que inicialmente se mostró reticente incluso a participar”.
Se refería al cambio producido respecto a 2011, cuando Rouco Varela impuso la salida del sacerdote Fernando Sebastián de la Comisión de Expertos para encontrar una salida al Valle y a los restos de Franco, creada por José Luis Rodríguez Zapatero.
Por su parte, desde la Abadía del Valle de los Caídos se continúa el silencio autoimpuesto el pasado 8 de agosto, después de que este diario publicara que el prior Santiago Cantera admitía por primera vez ante los monjes que no podría negarse a una orden sancionada por el Jefe de Estado para devolver los restos que le fueron entregados en 1975 por la misma autoridad. Sobre esto, la vicepresidenta Calvo se limitó a reconocer que “me consta, a través de la abadía, de los benedictinos, que hay una posición de la familia. Nada más, es lo único que nos consta”.
Desde la Conferencia Episcopal no se ha querido emitir opinión alguna, aduciendo que se trata de una cuestión que compete a la diócesis de Madrid.
