El País, que recogió ayer el sentir de Inmaculada Echevarría días antes de fallecer, editorializaba hoy sobre cómo este caso puede ayudar dar pasos en las reivindicaciones de algunos sectores del derecho a morir dignamente. Señalan que “técnica, médica y jurídicamente” este muerte no fue “eutanasia activa, sino simplemente un supuesto de limitación del esfuerzo terapéutico, sostiene la Sociedad de Cuidados Paliativos” y “encaja en la Ley de Autonomía del Paciente, según la cual un enfermo tiene derecho a renunciar al tratamiento si no lo quiere”.
Sociedad madura para abordar eutanasia
Señalan que este caso coloca “en primer término la necesidad de abordar de manera inaplazable la futura regulación de la eutanasia, limitada a enfermos incurables”, y se hacen eco de las palabras de Salvador Pániker, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente: “La sociedad española está madura para regularla; quienes no lo están son los políticos”.
Culpas al Gobierno
Por su parte, tanto ABC como La Razón, desde sus líneas editoriales próximas a la jerarquía católica, arremeten contra el Gobierno por esta muerte. El diario de Vocento señala en su editorial que “es cierto que Echevarría quería morir, pero tal voluntad no debió ser atendida por los poderes públicos”.
Tras recordar que la paciente había aparecido “retratada en la portada de este periódico mientras leía un libro” se preguntan si “era esta una vida prescindible o carente de dignidad”. Consideran que casos como este o el Ramón Sampedro pueden tener un efecto contagio y denuncian que “la tesis de que el Estado debe ser neutral acaba convirtiendo a los poderes públicos en una fuente de franquicias para toda propuesta que (…) acaba traduciéndose en una nueva forma de extinción de la vida”.
Suicidio encubierto
En el editorial Legalizar de hecho la eutanasia, el diario La Razón advierte de que "el mero hecho de que los poderes públicos puedan intervenir de manera directa y decisiva en el desenlace final de una vida produce una auténtica convulsión ética", y señalan que “desde posiciones de izquierdas y socialistas se abre paso a una legalización de hecho de la eutanasia que, en realidad, se trata de suicidio encubierto disfrazado con la expresión derecho a una muerte digna”.
"Pena de muerte"
Este mismo diario recogía las declaraciones en las que Carlos Amigo, cardenal arzobispo de Sevilla, iba mucho más allá al calificar la decisión de la Junta de permitir la desconexión del respirador de Echevarría diciendo que está “en contra de todo tipo de pena de muerte, tanto la legal como la autoadministrada”:
