Las mezquitas no son transparentes y su financiación es inaccesible. El ajuste de la legislación parece ser la única opción para contrarrestar los flujos de dinero no deseados
Las mezquitas de los Países Bajos, en general, y las salafistas en particular, reciben un importante apoyo financiero de los estados del Golfo. El Gobierno de La Haya es consciente de ello, y lo ha denunciado en varias ocasiones. Durante la última década, esta cuestión ha ocupado decenas de debates parlamentarios y varios intentos de impedir la apertura de nuevos centros religiosos y escuelas que se identifican con el salafismo. Los políticos consideran esta una ideología “radical” e incompatible con la Constitución holandesa. Sin embargo, sus intentos de limitar su presencia en Holanda siempre acaban chocando con un muro: la libertad de expresión y de religión.
“Los dirigentes salafistas se acercan a los grupos particularmente vulnerables como los niños y los refugiados para influenciarlos y llevarlos a su círculo ideológico”, afirmó el servicio secreto holandés (AIVD) en su informe anual de este año. Los jóvenes salafistas tratan de quedarse, incluso usando la amenaza en las juntas religiosas, con varias mezquitas repartidas a lo largo y ancho del país. “Es un ejemplo de los intentos de los salafistas radicales de expandir su poder. Y aunque en la mayoría de los casos no se viola la ley, la intimidación y la amenaza no son propios de un Estado democrático abierto”, añade el informe en referencia a la polémica mezquita salafista Al Fitrah, en Utrecht.
Al Fitrah, vinculada a una fundación del mismo nombre, siempre ha sido un dolor de cabeza para el Gobierno holandés. La familia Salam, que gestiona esta entidad, recauda cientos de miles de euros al año aprovechando “la ventaja emocional y social” sobre la comunidad musulmana, y repartiendo supuestos expertos en el islam en todas las ciudades. En la mezquita también se enseña el Corán a los niños y se dan clases sobre lo que estos “expertos” entienden como cultura islámica. Todos los intentos de cerrar este centro han sido en vano, excepto el último, una decisión judicial sobre el alquiler del edificio: Al Fitrah tiene hasta finales de septiembre para cerrar sus puertas y rendir cuentas. El contrato de arrendamiento de dos años que tiene con el dueño debe también cumplirse, íntegramente.
El propietario del edificio ha ido al tribunal en varias ocasiones para poner fin al contrato y para exigir el pago de 24 meses de alquiler, que nadie depositó desde que se firmó el acuerdo en 2015. Esa ha sido la esperanza del Gobierno para quitarse de en medio este dolor de cabeza. Sin embargo, Al Fitrah ha protagonizado varias polémicas más. La más reciente supuso incluso una visita de las autoridades tributarias para una investigación sobre el dinero que esta fundación recibe desde los países del Golfo.
Las autoridades fiscales irrumpieron en la fundación y confiscaron varios archivos basándose en las sospechas de que esta mezquita recibe dinero de una institución de Oriente Medio que mantendría vínculos con organizaciones terroristas en Siria e Irak. También hay una investigación paralela sobre prácticas de lavado de dinero. Algo que puede motivar amplias acciones judiciales, ya que el Gobierno holandés ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra el lavado de dinero, un delito considerado “grave” en todas sus formas.
Al menos 18 organizaciones islámicas han recibido en los últimos dos años financiación y donaciones de instituciones de caridad situadas en Kuwait. En un documento confidencial del Ministerio de Exteriores, -filtrado a la prensa holandesa la semana pasada-, consta que esta financiación asciende a unos 10 millones de euros. Los servicios de inteligencia holandeses están investigando el flujo de fondos que procede del exterior, especialmente de los países del Golfo. Fondos que no pasan por el control del Gobierno holandés y cuyo destino final se desconoce. “Las mezquitas que son sospechosas porque constituyen una fuente de radicalización deben proporcionar una visión clara de cómo se financian. Tenemos que preguntarnos: ¿Estamos siendo financiados por los estados del Golfo?”, advirtió Ockje Telleng, diputado liberal.
Al Fitrah había negado desde un principio tener lazos con la Sociedad para el Renacer de la Herencia Islámica, incluida en la lista de grupos kuwaitíes que financian a Al Qaeda. Sin embargo, el citado documento corrobora que la fundación salafista de Holanda realmente recibió dinero a través de la institución kuwaití. Por otro lado, el año pasado, una organización salafista compró un edificio en Rotterdam, con dinero procedente de Qatar, para abrir una escuela islámica en la ciudad. El prestamista en cuestión tiene vínculos con la financiación del terrorismo, según el alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, quien viajó hasta Qatar para recomprar el edificio e impedir así, de una manera legal y sin que ello interfiera con la libertad religiosa, la apertura de la madrasa (colegio).
