La gran mayoría de los participantes en el Foro de Educación defiende que la pública debe ser priorizada

¿Se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada? El Foro de Educación de EL PAÍS ha recibido más de medio millar de respuestas de docentes y padres a la pregunta, planteada esta semana en la web del diario, que no es meramente teórica. La Generalitat valenciana, gobernada por socialistas, Compromís y Podemos considera que la concertada debe cumplir una función subsidiaria: cubrir la demanda donde la pública no llega. Con esa tesis, la legislatura pasada no renovó algunos conciertos, una decisión revocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la que ahora debe pronunciarse el Supremo.

La inmensa mayoría de los participantes en el foro defienden que la pública debe ser priorizada. Estos son los principales argumentos del debate.

Evitar duplicaciones. Mantener una doble estructura escolar financiada por el Estado donde la pública puede absorber la demanda representa, entre otros para Carmen Martín, profesora de Secundaria en Alcalá de Henares (Madrid), un «derroche», que debería destinarse a mejorar la red pública.

Un proyecto particular. Participantes, como la maestra madrileña Alicia de Blas, consideran que la educación pública debe ser prioritaria porque es «la herramienta más poderosa» para promover un proyecto común de país, mientras que la concertada representa «un proyecto legítimo, sin duda, pero particular». Y muchos argumentan, como la ministra Isabel Celaá, que la Constitución no obliga al Estado a financiar la concertada. Y el Concordato con el Vaticano, solo a que la pública oferte la asignatura de Religión.

Garantía de equidad. La pública debe priorizarse porque «siempre es gratuita» (Manuel José Anguita, director en un centro de Sevilla), «no selecciona al alumnado» y su profesorado supera unas pruebas «estandarizadas» (Alfonso Cebrián, profesor en Albacete). Características que no, o no siempre, cumplen los colegios concertados, entre los que hay, por ejemplo, «centros que segregan en función del sexo», señala Margarida Calbet, orientadora en Palma.

Subsidiariedad inversa. María Jesús Ramírez, profesora en Madrid, sostiene que en ausencia de una ley que lo impida, en comunidades como la madrileña el proceso ha sido el contrario, y es la pública la que se ha convertido «en subsidiaria de la concertada, asumiendo lo que esta no quiere».

Derecho a elegir. Una parte de los participantes, como Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, defienden, en cambio, que el Estado no debe primar ninguna red, y sí garantizar «distintos tipos de centros gratuitos» para que los padres dispongan de manera efectiva de la posibilidad de elegir la educación que quieren para sus hijos, lo cual constituye, en su opinión, «una obligación y un derecho inalienable». Si la única alternativa a la pública fuera la escuela privada, argumentan, la elección resultaría imposible para quienes no pudieran pagar la segunda. Elena Álvarez, profesora universitaria en Logroño, subraya, en la misma línea, que los padres que eligen la concertada son «contribuyentes igual que los demás».

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