La gestión de la diversidad religiosa en centros hospitalarios y penitenciarios en España

3.5. Revisión de las hipótesis

3.5.1. ¿Modelo pluralista o laicista?

Hipótesis 1: El modelo de acomodación de la diversidad religiosa que se está desarrollando en las instituciones públicas españolas tiende hacia una gestión pluralista. Es decir, se dirige no tanto hacia la eliminación de la religión de estos ámbitos, como a la incorporación de nuevos elementos de diferentes minorías religiosas que tienen actualmente una mayor presencia pública.

Pluralismo asimétrico o desigual

El crecimiento de la diversidad religiosa no ha derivado en una limitación de los derechos de las organizaciones religiosas ni en la restricción de la presencia del catolicismo en las instituciones públicas, sino que, y siguiendo la tónica dominante en la mayoría de países europeos, se ha producido una «extensión de los privilegios a un número cada vez mayor de confesiones religiosas» (Enyedi 2003: 219). De este modo, los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo confirman la primera hipótesis. El crecimiento de las minorías religiosas y la secularización del estado y de la sociedad española en términos generales ha conllevado la construcción de un modelo de gestión de tipo pluralista. Sin embargo, es importante destacar que no se puede hablar de modelo de gestión como una entidad homogénea y coherente ya que se aprecian diferencias considerables entre lo que propugna el marco legal, las políticas públicas impulsadas por el gobierno y las acciones que se llevan a cabo en cada contexto institucional.

Por un lado, a nivel legal, se constata la creación de un sistema de pluralismo asimétrico basado en un mecanismo de cooperación selectiva con las organizaciones religiosas, un sistema de trato desigual hacia las confesiones religiosas. De este modo, la investigación pone en evidencia la existencia de un sistema legal de acomodación de la diversidad religiosa basado en lo que hemos denominado pluralismo asimétrico. El ordenamiento jurídico garantiza el derecho a la libertad religiosa y de conciencia de toda la ciudadanía pero el sistema de reconocimiento y protección legal de los derechos varía en función del grupo religioso al que se pertenece. Es decir, desde la Transición democrática hasta nuestros días se ha establecido un sistema jerárquico organizado a partir de cuatro niveles diferentes de reconocimiento que, articulados a partir de instrumentos jurídicos distintos, atribuyen mayor o menor protección a los derechos individuales y colectivos en materia religiosa.

A nivel práctico, las diferencias existentes son especialmente evidentes al comparar la situación de la Iglesia católica con la de las demás confesiones. El estudio ha permitido constatar que, tal y como Fernández Fernández (2008) pone de manifiesto, las diferencias se evidencian principalmente en los siguientes cuatro aspectos:

A. La asistencia católica es estable y permanente en todos los centros penitenciarios y hospitalarios analizados, mientras que la asistencia religiosa y espiritual de las otras confesiones está sometida a una mayor variabilidad así como a un elevado grado de discrecionalidad por parte de la dirección de los centros.

B. El tipo de relación contractual y de reconocimiento mutuo entre la institución y la confesión religiosa es directa en el caso católico e inexistente o débil en los demás casos. Sólo en contadas ocasiones las instituciones penitenciarias y hospitalarias facilitan una relación contractual con los ministros de culto de las confesiones minoritarias.

C. La legislación relativa a la asistencia religiosa de las minorías es poco detallada y da pie a situaciones ambiguas, mientras que la católica se encuentra bien delimitada, especificando incluso el número de capellanes correspondientes de acuerdo con el número de camas existentes.

D. La asistencia católica disfruta de financiación estatal mientras que las otras confesiones no disponen de tales fondos o, en aquellos casos en los que cuentan con financiación pública, la dotación es mucho menor. En este sentido, a modo de ejemplo, es pertinente destacar que mientras la partida presupuestaria dedicada a la prestación de la asistencia católica en prisiones en 2010 ascendió a 777.940 euros, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la Comisión Islámica de España en el mismo año y para la misma finalidad (SGIP, 2010) se le adjudicaron 8.648 euros, y al resto de confesiones nada.

Pragmatismo, derechos humanos y aproximación ‘caso por caso’

En los últimos años, desde las instituciones gubernamentales, y especialmente desde la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya y desde la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia, se ha potenciado un sistema de gobernanza de la diversidad más inclusiva y encaminada a normalizar la presencia de las minorías religiosas en la vida pública y en el marco de instituciones como los hospitales y las prisiones. En esta línea, se han publicado guías de buenas prácticas, se ha potenciado la formación de los profesionales en esta temática y se ha facilitado la financiación de algunas actividades organizadas por las minorías, entre otras cuestiones. Sin embargo, la desigualdad entre la Iglesia católica y demás confesiones a nivel de status jurídico, reconocimiento institucional y recursos aportados es, todavía, muy importante. Ello conduce, inevitablemente, a hablar de ‘desigualdad estructural’ entre la Iglesia católica y el resto de organizaciones religiosas en cuanto el reconocimiento y la protección y salvaguarda de los derechos de libertad religiosa.

Situar el caso español en perspectiva comparada muestra similitudes con el caso británico, descrito por Beckford y Gilliat-Ray (1998) en su análisis de los centros penitenciarios. En ambos países las prisiones han formalizado los procesos de atención religiosa a los internos independientemente de su confesión religiosa. De la misma manera, si bien aun tímidamente, en los dos casos el estado ha comenzado a financiar la atención religiosa de confesiones distintas a la mayoritaria y ha creado protocolos para facilitar la creación y acondicionamiento de espacios comunes multiconfesionales o interconfesionales para desarrollar las prácticas religiosas. En ambos países, además, las autoridades de los centros penitenciarios y hospitalarios muestran un cierto interés y preocupación por esta cuestión – elemento, por ejemplo, que no tiene parangón en Francia (Joly y Beckford, 2006).

Es importante mencionar también que existe un discurso compartido por el personal directivo de las diferentes prisiones y hospitales que enfatiza que la gestión de la diversidad religiosa responde a la necesidad de garantizar el derecho a la libertad religiosa sin alterar, sustancialmente, el funcionamiento ordinario de los centros. Esta actitud pragmática frente a la tensión entre la voluntad universalista de los servicios públicos y los intereses particulares representados en las demandas religiosas de los internos coincide con la “filosofía práctica” que según Zapata-Barrero orienta la política sobre inmigración en España, la cual no se basa en “una idea preconcebida, sino sobre las preguntas y las respuestas que genera la propia práctica de gobernabilidad de la inmigración” (2009: 22). Este hecho es claramente visible al analizar el marco discursivo-ideológico que orienta la gestión pública en esta área. Así, mientras el multiculturalismo es la ideología empleada por las autoridades británicas para justificar su modelo y el laicismo en Francia, en el caso español es el discurso de los derechos constitucionales y la consideración práctica de hacer compatibles los distintos intereses en juego lo que configura el marco normativo-discursivo de referencia. Esta voluntad pragmática favorece la estrategia de la negociación entre los actores y, por lo tanto, facilita la acomodación de las diferencias en el seno de las instituciones. Sin embargo, simultáneamente, la ausencia de una narrativa ideológica clara de referencia junto con el peso histórico del confesionalismo español abren la puerta a una mayor discrecionalidad y disparidad en la forma como las distintas instituciones públicas responden a las nuevas situaciones que se les plantean. Es decir, la adopción de una lógica pragmática de acomodación constituye un arma de doble filo: si bien puede facilitar la consecución de acuerdos, también abre la puerta a la perpetuación del catolicismo banal (Griera y Clot- Garrell, 2015) y a los mecanismos informales e invisibles de discriminación. Esta cuestión nos conduce a la segunda hipótesis que analiza el papel de la Iglesia católica en este nuevo escenario.

3.5.2. La actitud de la Iglesia católica: ¿colaboración o resistencia?

Hipótesis 2: La presencia de minorías religiosas en las instituciones públicas, como es el caso de los hospitales y prisiones, pone en cuestión el monopolio del que gozaba tradicionalmente la Iglesia Católica. En este sentido, ésta opone una cierta resistencia a la pérdida de espacios y de presencia en estas instituciones.

Heterogeneidad

La revisión de esta segunda hipótesis permite analizar la actitud adoptada por la Iglesia católica ante la secularización y desmonopolización de las instituciones públicas españolas. La primera observación más relevante es constatar la ausencia de una postura única y coherente al respecto. Las circunstancias concretas de cada contexto institucional así como la actitud y personalidad de cada actor dotan de gran complejidad al asunto y muestran la necesidad de no considerar a la Iglesia católica como una institución monolítica.

Resulta clarificador poner el caso español en perspectiva comparada. Tomando de nuevo la investigación de Beckford y Gilliat-Ray (1998) como referencia, si comparamos el caso español con el inglés observamos que en ambos territorios la iglesia mayoritaria –la anglicana en el caso británico y la católica en el español– goza de una posición privilegiada en el seno de las instituciones penitenciarias y hospitalarias. Esta posición dominante se explica en el caso británico por la lógica del establishment y en el caso español como consecuencia de una tradición de monopolio religioso, que fue especialmente visible en las instituciones analizadas (Fernández Fernández, 2008) y que está arraigada en su funcionamiento cotidiano, como muestran los resultados del trabajo etnográfico realizado. Beckford y Gilliat-Ray afirman que la Iglesia anglicana justifica públicamente su posición todavía dominante en las instituciones de internamiento dado su rol de bróker o intermediaria entre las minorías religiosas y el estado.

En el caso español, en cambio, la posición central de la Iglesia católica se justifica frecuentemente con la idea de que el catolicismo es una tradición histórica bien arraigada en la sociedad española que hay que conservar. Ahora bien, por lo que respecta a su relación con las minorías religiosas, el análisis del rol de la Iglesia católica en el seno de los centros penitenciarios y hospitalarios en España evidencia, en cambio, la ausencia de una estrategia común y homogénea. Los resultados del trabajo de campo muestran que la actitud, las prácticas y el discurso de los actores católicos frente a las minorías religiosas varía y es contingente a cada contexto concreto, tal y como pone de relieve un representante protestante: “todo depende también del capellán. Aquí tenemos uno que es un amigo mío y entonces en el centro él a veces pide cosas y lo hace por nosotros, pero si al capellán no le interesa, no quiere contacto con nosotros, pues, todo funciona así, a base de relaciones” (entrevista, 13/12/2011). Otro ejemplo de la importancia de las personalidad de cada actor se encuentra en el caso de un capellán católico que se enfrentó (sin éxito) a la dirección del hospital en el que trabajaba y al obispado de su zona para que se creara un oratorio ecuménico que diera cabida a un público no exclusivamente católico (entrevista, 30/10/2012). En los mismos discursos de los capellanes católicos se aprecia esta actitud contradictoria que, de acuerdo con Itçaina (2006), se puede afirmar que oscila entre el “sentimiento compasivo por los marginados” y la preocupación por la aparición de un rival (Galembert, 1994). Mientras uno de los capellanes se refiere a “una confabulación entre protestantes y católicos” para conseguir una mejora en la prisión, al mismo tiempo afirma que “ha habido un boom hacia el respeto del islam y todo eso en detrimento de otras religiones” (entrevista, 19/12/2012). Además, la antigüedad de los grupos religiosos minoritarios en un determinado contexto puede favorecer el establecimiento de contactos más frecuentes con los representantes de la Iglesia católica y ello desembocar en una mejor relación.

Estos resultados contradicen ligeramente la segunda hipótesis, que afirmaba que la Iglesia católica opone resistencia activa a la pérdida del monopolio religioso del que gozaba en el pasado. El trabajo de campo permite constatar que no hay una actitud de rechazo generalizado hacia las minorías religiosas. Dada su menor capacidad organizativa y debilidad numérica, estos grupos difícilmente son percibidos por la Iglesia católica como amenazas reales para su preponderancia entre la población. En este sentido, es más perceptible la resistencia de la Iglesia católica hacia las autoridades políticas y administrativas que, en ocasiones, son percibidas como propulsoras de una política ‘laicizadora’, que no hacia las otras confesiones religiosas. Ejemplos de ello son las medidas legales adoptadas para garantizar la autonomía y protección de datos de los pacientes, que introducen obstáculos en el trabajo de los capellanes; o casos más simples como el hecho de que personal médico arranque carteles de información sobre el servicio de asistencia católica o que los funcionarios de prisiones no siempre se muestren amables a la hora de facilitar el acceso de los actores religiosos en los centros.

De este modo, resulta ser más importante la lógica de oposición entre las autoridades públicas seculares y la Iglesia católica que entre esta última y las minorías. Son las medidas secularizadoras del estado –como la limitación de los espacios para uso exclusivo del culto en el marco de las instituciones– las que son percibidas como un ataque y contestadas con una resistencia explícita. Un técnico de la administración penitenciaria mencionaba: “evidentemente la Iglesia católica marca, marca mucho. O sea, considera que tiene derechos adquiridos y le cuesta mucho desprenderse de eso ¿no?” (Entrevista, 20/03/2013). En este sentido, es en esta dinámica de relación entre la Iglesia y el estado donde existen diferencias sustantivas entre Inglaterra y España. En Inglaterra, la mayor parte de los ministros de culto son funcionarios del estado y su labor como organizadores de la asistencia religiosa de las minorías les es adjudicada y reconocida por parte de las autoridades públicas (Wilkie-Buckley, 2008). En el caso español, y a pesar de que en momentos concretos un capellán puede actuar como mediador entre las instituciones y las minorías religiosas, esta figura no está investida con esta responsabilidad por parte de las autoridades políticas, ni tampoco tiene actualmente la categoría laboral de los funcionarios. Es decir, la lógica del establishment en Inglaterra genera una relación simbiótica entre el estado y la iglesia que en ningún caso es trasladable al modelo de cooperación español.

Catolicismo banal

Las diferencias y desigualdades en el trato y condiciones entre la Iglesia católica y demás confesiones en el seno de hospitales y prisiones se expresan, principalmente, en los gestos simbólicos y las dinámicas informales. De este modo, la cotidianidad de las instituciones está imbuida de la herencia monoconfesional católica que se perpetúa a través de las rutinas y las costumbres. De una forma casi dada por supuesto, la hegemonía católica persiste y se reproduce a través de pequeños gestos que, si bien pueden parecer banales, no son triviales. Nos referimos, por ejemplo, a las celebraciones de la Merced (patrona de Instituciones Penitenciarias) o Navidad en los centros penitenciarios, la existencia de símbolos católicos como una virgen o una cruz en recintos institucionales o el hecho de conceder indultos a un número determinado de presos durante la Semana Santa, entre muchos otros ejemplos.

A menudo se alega que todas estas cuestiones son, simplemente, tradiciones que persisten por inercia pero que hoy no tienen connotaciones religiosas ni afán de discriminación hacia el resto de confesiones. Es cierto que muchas de estas cuestiones se mantienen y perpetúan de forma irreflexiva y sin una intencionalidad clara detrás. Ahora bien, inevitablemente, contribuyen a ampliar la desigualdad existente entre las minorías religiosas y la Iglesia católica en nuestra sociedad. En las entrevistas realizadas a los miembros y representantes de las minorías religiosas, éstos destacan que son estas cuestiones percibidas como triviales las que, a menudo, juegan un papel clave a la hora de hacerles sentir ‘ciudadanos de segunda’. La observación etnográfica revela cómo en la cotidianidad institucional estas pequeñas rutinas adquieren relevancia y se manifiestan con fuerza, si bien permanecen invisibles a ojos de la mayoría. Se trata de cuestiones como el mayor celo con el que se controla la entrada de los ministros de culto de las minorías religiosas en prisión comparado con el acceso de los capellanes católicos, o también el hecho de que el personal de enfermería haga “la vista gorda” cuando el capellán católico entra en habitaciones donde nadie le ha llamado pero sea muy estricto en prohibir la entrada a los ministros de culto de otras confesiones cuando no han sido solicitados previamente, entre muchas otras situaciones similares.

Con la voluntad de comprender esta situación, se ha acuñado el término «catolicismo banal» (Griera, 2012; Griera y Clot-Garrell, 2015) –que haciendo una adaptación del concepto de Michael Billig (1995) de “nacionalismo banal” enfatiza la importancia de los gestos sutiles y las rutinas dadas por supuesto a la hora de reforzar una posición hegemónica. Billig argumenta que a pesar de que el nacionalismo se suele asociar públicamente con formas agresivas, periféricas y ardientes de patriotismo, también hay mecanismos más sutiles, imperceptibles y ocultos en la reproducción de la nación. En este sentido, el autor enfatiza: «La imagen metonímica del nacionalismo banal no es una bandera que es enarbolada conscientemente con ferviente pasión, es la bandera que cuelga desapercibida en un edificio público» (Billig, 1995: 8). El “catolicismo banal” puede ser entendido de un modo similar. Mientras los discursos sobre la religión en Europa tienden a presentar el fenómeno religioso en sus formas más fervientes, una atención más cuidadosa revela cómo rasgos característicos de los monopolios religiosos históricos se mantienen y se reproducen en la esfera de lo ‘normal’ en estas sociedades (Lehmann 2014). En el caso español, a pesar de las declaraciones formales que afirman el carácter laico de las instituciones penitenciarias y hospitalarias, la observación etnográfica y las entrevistas muestran la existencia de un “catolicismo banal” que se hace presente en las rutinas de la institución respecto la entrada y presencia de ministros de culto o la presencia de simbología religiosa en estos contextos. En este sentido, el “catolicismo banal” naturaliza, desproblematiza y convierte en invisible la hegemonía católica en el marco de las cárceles y hospitales a la vez que contribuye a reforzar la desigualdad estructural entre minorías religiosas e Iglesia católica.

Oportunidades y espacios de acción

El análisis de ambas instituciones muestra que, en muchas ocasiones, los representantes de la Iglesia católica realizan una amplia gama de actividades que no coinciden exclusivamente con las cuestiones asociadas con la asistencia religiosa. En primer lugar, la Iglesia católica adopta un rol clave en el marco de la cooperación y la asistencia social en la ayuda a los más desfavorecidos. Además, la crisis económica y la disminución de los recursos públicos han dotado de mayor envergadura a la acción de la Iglesia católica en este ámbito y han favorecido su acción en otros espacios. De este modo, por ejemplo, los capellanes católicos pueden acompañar a los internos en sus permisos temporales o ponerles en contacto con los abogados y ayudar a sus familias y comunidades. También la provisión de refugio durante los permisos para aquellos internos que no disponen de una red social y el acompañamiento a los enfermos constituyen algunas de estas tareas. De hecho, la gestión de las casas de acogida para las personas que no cuentan con un entorno social en las cercanías del centro penitenciario ocupa una buena parte del trabajo realizado por diferentes grupos religiosos, especialmente la Iglesia católica y las iglesias protestantes. También el acompañamiento, sobre todo de personas mayores solas, durante visitas médicas o periodos de hospitalización constituye una parte importante de su trabajo.

Más allá del papel social, en ocasiones los capellanes católicos realizan funciones de mediación en las instituciones. Así, por ejemplo, detectamos que en el marco de las prisiones son percibidos por la institución como cómplices en el mantenimiento de la paz social. En este sentido, uno de los entrevistados mencionó la solicitud que recibió por parte de un directivo pidiéndole que fomentara la no violencia entre los jóvenes reclusos; o el caso de otro capellán católico que medió entre la dirección y un interno, convenciendo al segundo para que detuviese una huelga de hambre. Al cumplir con esta solicitud, los capellanes católicos no sólo colaboran con el personal, sino que, además, refuerzan su legitimidad entre los miembros del personal y la dirección. Ahora bien, a veces también son percibidos como aliados de los internos, que ven en ellos a un actor independiente que puede facilitar la su relación con el personal de seguridad. En muchas ocasiones intervienen como mediadores informales entre internos y personal.

En los hospitales, los capellanes católicos también desempeñan algunas funciones que van más allá de las estrictamente vinculadas a la prestación del servicio de asistencia religiosa. A veces forman parte de los comités de ética o pueden contribuir en los debates sobre cuestiones éticas así como en temas sociales a través su papel como voluntarios en vez del rol religioso. Además, en términos más concretos, en ocasiones también ayudan en la interlocución con las familias, especialmente en lo relativo a la comunicación de ‘malas noticias’ o en situaciones en las que se tienen que tomar decisiones éticamente complejas en los tratamientos médicos. Sin embargo, su papel es más limitado que el de los capellanes de prisiones debido tanto a la fuerza del modelo biomédico que domina en los hospitales y los muchos otros recursos disponibles en la sociedad para hacer frente a las necesidades de los pacientes, las familias y el personal. En cierta medida, la presencia de capellanes en los hospitales se ve ensombrecida por el poder de profesionales de la salud, así como la multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil que intervienen, especialmente las asociaciones de pacientes, y la burocratización de los procedimientos.

Finalmente, es relevante mencionar que, en ocasiones puntuales, el representante de la Iglesia católica colabora con los actores religiosos minoritarios para facilitarles su acción en el seno de las instituciones, como prisiones y hospitales, pero no se trata ésta de una labor recurrente. Es el caso, como se ha mencionado, de un capellán de la pastoral hospitalaria que apostó por la creación de un oratorio ecuménico en un hospital a pesar de que esta iniciativa le enfrentó a sus superiores. Otros ejemplos pueden encontrarse en el seno de las prisiones, como cuando el capellán comunica de manera informal a un representante de un grupo religioso minoritario que hay un interno que requiere de su presencia.

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Dra. Mar Griera,Dra. Gloria García-Romeral,Dra. Julia Martínez-Ariño,Anna Clot-Garrell .

Universitat Autònoma de Barcelona

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