La Fundación Diocesana que discrimina a una menor transexual se justifica en supuestos derechos de «los otros niños»

La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía tomará medidas si el colegio San Patricio, perteneciente a la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado, sigue sin atender los requerimientos para que se respete la identidad de género de una menor transexual alumna del centro. Sin embargo, la fundación dependiente de la iglesia católica no parece dispuesta a cumplir su obligación, aludiendo a supuestos derechos de los otros alumnos.

La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha mantenido una reunión con el secretario técnico de la Fundación Diocesana, Francisco José González, al que ha vuelto a reiterar que debe cumplir las instrucciones para no discriminar a la niña de seis años.

Tras el encuentro, González ha manifestado que este ha sido "cordial" y que le han trasladado a la delegada que existe un "diálogo fluido" con los padres del menor para encontrar "la mejor solución", incidiendo en que la situación es de "normalidad" en el centro educativo. Una afirmación que contrasta con la negativa a permitir que la niña lleve falda en vez de pantalón, que González no admite porque " hay que defender el derecho de los demás niños y padres y es necesario un diálogo sereno". Lo que no ha hecho el representante diocesano es detallar qué derecho del resto de alumnos o de sus padres se estaría conculcando dando cumplimiento a los que niega a la menor.

González, volvió a afirmar –y parece, por su insistencia, sentirse orgulloso de ello- que se han solventado “algunos aspectos”, y volvió a poner el ejemplo de que la niña acuda al baño para discapacitados. Una notable muestra de los criterios que la diócesis malagueña está aplicando a una niña de seis años en el centro escolar, aunque, sorprendentemente, no considere que se esté discriminando a la pequeña, que no sufre ninguna discapacidad, con semejante decisión.

Ante el cúmulo de despropósitos, la Junta ha señalado que, sin perjuicio de lo que pudiera adoptar la Fiscalía de Violencia a la Mujer y contra la Discriminación por Identidad Sexual, tomará las medidas necesarias previstas en la legislación vigente "para salvaguardar los derechos de todo el alumnado de todos los centros de la provincia".

La Junta, con el objetivo de "facilitar el bienestar y desarrollo de todos los menores escolarizados", ha remitido un nuevo requerimiento a la dirección del colegio para que "vele por dicho respeto en el caso concreto de la identidad de género" de una menor de este centro.

Así, han trasladado su "absoluta solidaridad" con la familia de la niña para garantizar el bienestar de esta, y han instado nuevamente al colegio para que respete los derechos fundamentales de la escolar. Además, han añadido que las medidas internas "son compatibles con el cumplimiento de la normativa vigente en materia educativa así como con la organización y funcionamiento del centro y en absoluto interfieren con los derechos ni con el proceso educativo del resto del alumnado del mismo".

Esas medidas consisten en adecuar la documentación interna del centro docente en lo que sea necesario, como las listas de clase, el carné de estudiante o el boletín de notas, considerando el género con el que se siente identificado la menor.

También se pide que el profesorado del centro se dirija a la menor por el nombre con el que acuerden la familia, algo que según la Fundación ya se realiza; y que en el desarrollo de las actividades en grupo se tenga en consideración el género con el que se siente identificada, además de "reconocer y aceptar la posibilidad de vestir con ropas o uniforme en función de su identidad de género".

Como informaba ayer Diario Progresista, la fundación diocesana se muestra reacia a admitir tal posibilidad, clave para respetar los derechos de la niña, y hasta se manifestó dispuesta a dar batalla si llegara a producirse una intervención judicial para obligarle a cumplir las obligaciones que, al menos hasta ahora, no está cumpliendo.

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