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La fiscalía estudia el caso de la comunidad hinduista de Granada

El Defensor del Ciudadano traslada sus investigaciones a García Calderón

El Defensor del Ciudadano de Granada, Melchor Sáiz-Pardo, trasladó ayer al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, la información que ha recabado estos días sobre la comunidad hinduista que ha sido acusada de ser una "secta" y de "explotar" laboral e incluso sexualmente a algunas de las chicas que forman parte de ella.

Fue una reunión informativa en la que el Defensor trasladó a fiscalía la preocupación de los padres de una de las jóvenes, que quieren "recuperar" a su hija, y también la versión ofrecida por ésta, contraria prácticamente en todo a la de sus progenitores. En cualquier caso, de iniciarse de oficio alguna investigación judicial correspondería a la fiscalía provincial.

La comunidad 'Vadika Pratishana Sangha' negó en un comunicado todas las acusaciones: tanto la supuesta explotación laboral y sexual como el apropiarse del dinero de sus novicias. Es más, sus integrantes se sienten sometidos a una "persecución religiosa" consecuencia de una campaña de "difamación" por la que dicen que han interpuesto una querella.

El fiscal ha recibido la información en la que, además de testimonios, se encuentra el cuestionario que hay que cumplimentar antes de acceder a las clases de yoga en el centro, así como los diferentes cursos y talleres que organiza la comunidad cuyo líder, Swami Shankara Tilakananda, al que llaman cariñosamente guruji, se inició a una edad muy temprana en el yoga.

Las familias de las afectadas, la mayoría universitarias o ya trabajadoras, decidieron trasladar a la opinión pública el caso, aunque el "eco mediático" que ha tenido ha motivado que algunas de ellas no dieran más pasos por "temor a represalias", según explicó Sáiz-Pardo.

El fiscal no descarta recibir los testimonios de los padres y de las supuestas víctimas y depurar, si se da el caso, las responsabilidades penales que correspondan en el caso.

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