La Fiscalía de Valencia remite a la jurisdicción penal la denuncia que Europa Laica realizó del Colegio de Huérfanos San Vicene Ferrer por excluir no bautizados, discapacitados o “no regularizados”

En abril de 2018 Europa Laica puso en conocimiento de la Fiscalía de Valencia y de la Consejería de Educación del Gobierno valenciano, la situación del Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer  de San Antonio de Banager, un colegio concertado perteneciente la denominada Fundación Imperial de Niños Huérfanos  de San Vicente Ferrer y que además, sospechamos, tiene otras vías de financiación pública.

La denuncia  de Europa Laica tanto a la Fiscalía como a la Consejería de Educación fue elevada porque este Colegio excluye de su admisión a los niños no bautizados en la Iglesia católica, a los discapacitados y a los “no regularizados”. Se entendía, por Europa laica, que esas prácticas son motivo de suspensión del concierto pero además, y de ahí la elevación que se hizo a la Fiscalía, se podría estar incurriendo en diversas tipificaciones penales, concretamente las contempladas en los artículos  511 y 512 del Código Penal, que hacen referencia a la exclusión de servicios públicos por motivos de religión y otras circunstancias.

La fiscalía, a diferencia de la Consejería de Educación, que ni siquiera se ha comunicado con Europa Laica, ha tomado cartas en el asunto y ha estado realizando, en colaboración con la policía judicial, diversas diligencias ante el Colegio, la Consejería de Educación y diversos registros públicos constatado que, efectivamente, pudieran existir indicios más que fundamentados de delitos por parte de la Fundación, independientemente que se pudiera estar vulnerando la ley orgánica de educación y es por ello que la Fiscalía de Valencia ha elevado sus diligencias, en el mes de noviembre, a la jurisdicción penal para incoar las  instrucciones penales correspondientes. Este celo de la Fiscalía contrasta con la actitud de la Consejería de Educación que, por el momento, no conocemos que haya abierto la mínima averiguación sobre la legalidad de este concierto educativo o sobre sanciones o suspensión del mismo.

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