Dice que «personalismos miserables de los archiveros» se oponen al plan de seguridad
Manuel Fernández Castiñeiras robó el Códice Calixtino en la catedral de Santiago el 4 de julio del 2012. Veintitrés días después, la Fiscalía Superior de Galicia trasladó al Arzobispado de Santiago y a la Consellería de Cultura el proyecto Igrexa Segura-Cultura Protexida, a fin de implementar medidas eficaces que frenasen el expolio del patrimonio religioso de Galicia. Según Fiscalía y Arzobispado, este representa entre el 75 y el 80 % de todo el patrimonio histórico-artístico de la comunidad.
En julio se cumplieron dos años del proyecto Igrexa Segura sin que este haya dado señales de vida. En ese tiempo, los robos en vulnerables templos y demás inmuebles eclesiásticos han sido constantes; a veces con graves consecuencias.
Esta pasvidad de los responsables de la Iglesia es lo que ahora lleva al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, a alzar la voz contra el estancamiento de un plan de seguridad que partía del compromiso de la Iglesia para «inventariar convenientemente su patrimonio».
Varela recuerda que en un primer momento el proyecto «fue bien recibido por las diferentes instancias». Sin embargo, después «se dijo que el problema que tenía la Iglesia no era tanto de organización y medidas de seguridad como de inversiones por parte de la Xunta, y esta afirmación quedaba claramente desmentida por la falta evidente de medidas de seguridad en la custodia del Códice Calixtino».
Grupos organizados
Recuerda Varela que Igrexa Segura contempla la necesidad «de realizar inventarios on-line, lo que no gustó a los archiveros» por una supuesta «intromisión» en sus funciones «y, por tanto, en sus poderes». El fiscal les acusa de «personalismos miserables» que habrían frenado el plan de seguridad. Agrega además que «el panorama criminológico en el área del robo y del tráfico ilícito de bienes culturales religiosos adquiere contornos actuales y futuros que se revelan complejos y preocupantes tanto a nivel nacional como internacional», con grupos organizados con capacidad para sacar los objetos sustraídos fuera del país. Reclama así la vigencia de un documento «sólidamente elaborado».
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