Tras la bronca de estos días con el proyecto de la ley de educación, lo que hay, entre otras cosas, es la presión de la Iglesia católica para que el Estado mantenga el actual sistema de financiación de esta confesión religiosa.
Por supuesto, a Iglesia tiene otras vías de entrada de recursos, como la enseñanza, aunque en este último caso a veces también interviene el dinero público, como en la red de centros concertados.
Pero el problema se centra en estos momentos en el hecho de que el Estado entregue dinero público a la institución que representa a una determinada opción religiosa, la católica en este caso.
Lo que muchos se preguntan es si el dinero público, es decir, el dinero de todos, debe servir para financiar las actividades de una estructura religiosa concreta, aunque sea la mayoritaria.
Tratándose de un Estado no confesional, como el español, la contestación debe ser indudablemente negativa. Siendo la religión una cuestión privada de cada ciudadano, no tiene sentido que la financiación de una de esas alternativas privadas tenga que correr a cargo de todos.
Lo lógico es que cada confesión religiosa financie su estructura, imparta la doctrina sobre sus principios en sus propios centros –sin dinero público–, recaude sus recursos por sus propios medios y gaste lo que considere conveniente. En este esquema, el Estado no tiene otro papel que el de preservar la legalidad vigente.
Hay unos acuerdos sobre todo esto entre el Estado y la Iglesia católica que el Estado no aplica estrictamente, sino que los sobrepasa, entregando bastante más dinero del que le correspondería entregar según esos pactos. Esta práctica tiene que acabarse cuanto antes, y después, los acuerdos deben ser denunciados, es decir, debe establecerse la desvinculación del Estado de cualquier confesión religiosa.
El destino del dinero público no debe ser tan alegremente decidido por el Gobierno de turno. Porque se trata de lo que el Estado recauda con los impuestos que pagamos todos, para cubrir, hasta donde se pueda, las necesidades de todos. Y la religión no entra en este esquema, al tratarse de una opción privada.
Hace días, el secretario de Estado de Comunicación decía que si la Iglesia no puede mantenerse con lo que recibe actualmente, el Estado no la dejará en la estacada. ¿Y las familias que no pueden llegar a final de mes? ¿También acudirá el Estado a ayudarles? ¿Y el comerciante al que no le funciona el negocio? ¿Y el parado sin subsidio?
Son éstas las necesidades que el Estado debería atender, y no dedicarse a fomentar los privilegios y la discriminación. Porque entregar cantidades ingentes de recursos económicos a los representantes de una opción vital legítima, pero de carácter totalmente privado, como una confesión religiosa, es fomentar el privilegio y la discriminación.
Cada uno debe estar donde le corresponde. Al Estado le corresponde financiar las necesidades públicas de sus ciudadanos. Y a las confesiones religiosas –a todas y cada una de ellas– les corresponde conseguir los recursos que necesiten para atender a la cobertura de sus funciones. Pero el dinero público no está para realizar actividades necesidades privadas.
