Aunque los datos muestran la tendencia a la baja de la fe religiosa, la Iglesia se mantiene en pie de guerra y con sus privilegios intactos.
11.000 millones de euros. Es la cantidad que cada año se destina a la Iglesia Católica directamente desde las arcas públicas, es decir, de los bolsillos de la ciudadanía española, aunque hay que añadir más beneficios, como veremos. Sea uno creyente o no, parte de sus impuestos financian a la Iglesia. La casilla de la declaración de la renta es solo un paripé más que sí se deja a gusto de cada individuo.
Precisamente, Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una iniciativa para pedir la anulación del Concordato con la Santa Sede, firmado en 1953 con el fin de consolidar los lazos entre la institución y la dictadura. Tras la Transición no se derogó. De hecho, en 1979 se firmaron los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede para adaptar sus privilegios a la nueva situación. Todo esto a pesar de que la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado en su artículo 16: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal».
En el artículo se añade que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Aunque cooperación no significa necesariamente financiación y los acuerdos firmados en 1979 animan a la Iglesia a conseguir su propia autonomía financiera, también comprometen al Estado a garantizar el «adecuado sostenimiento de la Iglesia». El resultado es que, a día de hoy, esa autonomía no existe.
El número de creyentes cae sin parar
Por otra parte, ateniéndonos al artículo constitucional, si tenemos en cuenta las creencias religiosas de la sociedad, la situación es muy diferente a la de 1978. El último barómetro del CIS refleja que la población de católicos es más baja que nunca. Si en aquel año se definían como católicas un 90,5% de las personas encuestadas, en octubre de 2021 ese número ha bajado hasta el 55,4%. Asimismo, la cifra de personas que se declaran no creyentes en cualquiera de sus variantes —agnosticismo, ateísmo o indiferencia— se ha multiplicado por cinco: de un 7,6% a un 39,9%. Pero incluso comparado con el año 2000, el ascenso de no creyentes ha sido importante. Entonces, un 83,1% se declaraba católico frente a un 13,1% de no creyentes.
Respecto a los grupos de edad, actualmente las cifras de las personas de entre 18 y 24 años son las más drásticas, con apenas un 28,2% que dice ser católico. Y esto sin distinguir entre practicantes y no practicantes, ya que el porcentaje de personas de todas las edades que se considera practicante es de apenas un 17,5%. En cuanto a creyentes de otras religiones, el porcentaje ha aumentado pero sigue siendo minoritario: si en 1978 se situaba en un 0,6%, ahora se encuentra en un 3,2%.
Algunos privilegios de la Iglesia
A pesar de este descenso drástico en el número de creyentes, nadie parece atreverse a meter mano en los escandalosos privilegios de la institución en nuestro país. Como decíamos, 11.000 millones de euros recibe la Iglesia directamente desde Hacienda. Pero la organización Europa Laica añade a esta cifra otros ingresos por distintas actividades. Por ejemplo, calcula que la enseñanza católica concertada recibe anualmente 4.920 millones del Estado; otros 600 se destinan en ayudas al mantenimiento del patrimonio religioso; 2.000 en obra social; y 900 en establecimientos sanitarios.
Por su parte, la Iglesia únicamente reconoce los ingresos que provienen del IRPF y asegura que solo son los fondos aportados por quienes marcan la casilla en la declaración de la renta. La realidad es que estas personas aportan lo mismo que el resto de contribuyentes. Solo señalan una preferencia de gasto. Por si fuera poco, cuando la Unión Europea obligó a la Iglesia a pagar el IVA en 2005, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aumentó el dinero público destinado a la entidad del 0,5% al 0,7%.
A esto hay que añadir la cuestión moral. A diferencia de sus filiales en otros países, la Iglesia Católica en España todavía no ha abierto investigaciones reales y efectivas contra los miembros acusados de abusos sexuales a menores. En abril de 2021 admitió por primera vez 220 casos que han salido a la luz en los últimos 20 años. Con estos datos, el diario El País elevaba la contabilidad total conocida hasta al menos 364 clérigos y 872 víctimas. Pero, más allá de eso, la Iglesia, una institución que se escuda en su deber de educación moral, no ha tomado más medidas.
La exención de impuestos
Pero, sin duda, uno de los temas más espinosos es la exención fiscal. También con los acuerdos de 1979 se perpetuó este privilegio. El Estado permite la exención fiscal por actividades relacionadas con la función religiosa. Entre otras cosas, esto incluye los templos, las residencias sacerdotales, monasterios, oficinas y entidades caritativas. Teóricamente, aquellas actividades lucrativas sí deben pagar impuestos, pero en la práctica la Iglesia esquiva sus obligaciones siempre que puede. Además, en 2002, el Gobierno de José María Aznar blindó aún más su exención y la de muchas fundaciones con la Ley del Mecenazgo.
Otro impuesto cuya exención resulta especialmente sangrante a la ciudadanía es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pero la Iglesia tampoco paga el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Sociedades, el de actividades económicas, contribuciones especiales o el de obras. Europa Laica cifra en unos 2.000 millones de euros el ahorro en el pago de impuestos y añade otros 300 de beneficio por los bienes inmatriculados.
La mano del Opus Dei
No se puede hablar del poder de la Iglesia Católica en España sin tener en cuenta esta secta ultracatólica. Fue creada en 1928 y en 2020 contaba con 41.000 miembros en España. A pesar de este número, su influencia en las altas esferas es notable y son muchos los miembros de antiguos gobiernos que forman parte de él, la mayoría del PP, como el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el exministro de Economía Luis de Guindos o el exministro de Defensa Federico Trillo. Igualmente, importantes empresarios nutren sus filas, como el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé; Teresa Rivero, también expresidenta del Rayo Vallecano; o Joan Gaspart, quien fuera presidente del Fútbol Club Barcelona.
Sin duda, la mano del Opus Dei está metida de lleno en todos los poderes del Estado, así como en la educación. En España existen 69 centros concertados —por lo tanto, recibiendo dinero público— que segregan por sexo. De ellos, 62 están relacionados con el Opus Dei, como muestra Infolibre. Se trata de una poderosa organización cuyos tentáculos, junto a los de organizaciones afines, luchan en todos los frentes para evitar el progreso y, con ello, la decadencia de su poder forjado a lo largo de décadas, impulsado por la dictadura y mantenido por una democracia extremadamente permisiva con los herederos del franquismo.
Una cuestión privada
La fe no es algo demostrable y eso permite que uno pueda creer libremente en lo que considere. Así, la religión, como fe, es un asunto puramente privado e individual y quien lo desee debe tener la libertad de sufragar los costes de la institución de la religión que profese. Sin embargo, como algo particular y subjetivo, no debe ser financiado por el Estado ni formar parte del currículo escolar.
Un futuro democrático, saludable y basado en la igualdad no es compatible con ninguna religión, de naturaleza machista, y, por lo tanto, no debe ofrecerse en la escuela. Precisamente por ser algo subjetivo e indemostrable, no tiene cabida en un lugar donde se enseñan conocimientos objetivos y se tiene —o se debería tener— la intención de fomentar un pensamiento crítico que es incompatible con cualquier creencia espiritual.
