Afirmó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia Católica en materia de financiación es «mucho más justo» aunque defendió que el sostenimiento del culto «es responsabilidad» de cada una de las religiones. El 99 por ciento de la financiación total de la Iglesia Protestante en España proviene de los donativos de sus fieles, que alcanzan los 1,2 millones. El también miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, explicó, durante una entrevista concedida a Europa Press, que el país tiene que dar aún «pasos mayores» para lograr la «neutralidad» del Estado. «Se hizo una transición política de la dictadura a la democracia, pero no se hizo una transición de la confesionalidad a una neutralidad del Estado para cumplir con el artículo 92 de la Constitución que establece que la Administración tiene la responsabilidad de remover los obstáculos que impiden que la libertad religiosa sea real y efectiva para los ciudadanos y los que grupos en los que se integran», insistió el representante de la confesión evangélica.
Por ello, destacó la necesidad de introducir en la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa una disposición complementaria que regule la actuación de la Administración Pública en relación a las actividades religiosas, como por ejemplo si debe organizar procesiones o si es responsabilidad de las entidades religiosas, si las escuelas y oficinas públicas deben estar presididas por símbolos religiosos y si los funcionarios o autoridades deben participar a título oficial en los actos confesionales. Y es que, para Blázquez está claro que las instituciones públicas «no deberían identificarse con una confesión religiosa».
Asimismo, abogó por una Ley de Entidades Religiosas que defina el estatuto jurídico, derechos y obligaciones de todas las confesiones religiosas independientemente de su representatividad. «Es necesario una normativa que garantice la igualdad y que fuera de obligado cumplimiento para todas las confesiones religiosas», insistió el abogado, quien se mostró reacio a cambiar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para introducir estas iniciativas, al considerar que la misma fue aprobada con un «amplio consenso» que sería «muy difícil» de lograr en el actual escenario político. Por ello, remarcó que ambos proyectos deberían ser disposiciones complementarias de la actual normativa.
