La Extremadura beata, a la cola de la laicidad

El fervor religioso de las instituciones extremeñas, su entregada devoción a los asuntos de la Iglesia, se corresponde, en justa proporción, con lo reflejado en el Informe Ferrer i Guàrdia 2018 sobre el aumento y la consideración de la laicidad en el Estado español. En Extremadura sus gobernantes se desviven por poner las instituciones al servicio de la Iglesia.

El fervor religioso de las instituciones extremeñas, su entregada devoción a los asuntos de la Iglesia, se corresponde, en justa proporción, con lo reflejado en el Informe Ferrer i Guàrdia 2018 sobre el aumento y la consideración de la laicidad en el Estado español, publicado a principios de abril bajo el subtítulo de “Pensamiento crítico, razón para la emancipación”, por esta fundación que sigue el legado del pedagogo y librepensador anarquista creador de la Escuela Moderna, asesinado por el Gobierno de Maura en 1919.

A grandes rasgos, el informe apunta a que el sentimiento de laicidad aumenta en España, mientras disminuye la consideración de la Iglesia en cuanto al cumplimiento por parte de su grey de los obligados preceptos eclesiásticos, tales como ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar o contraer el matrimonio confesional.

El estudio, muy pormenorizado y fiable, repasa la situación por Comunidades Autónomas. A la cabeza de la lista de Comunidades que cuentan con mayor porcentaje de personas adscritas a opciones de conciencia no religiosa destaca Cataluña, con un 39%, y a la cola Extremadura, con un 16,6%. Cataluña es también la región que cuenta con mayor número de alumnado que cursa la alternativa educativa a la materia de religión, tanto en educación primaria (66.8%) como en educación secundaria (69,2%), mientras que Extremadura es la que menos alumnado de alternativa tiene en secundaria (26,5%) y la penúltima en primaria (11%), solo por delante de Ceuta. Por último, Extremadura es también la Comunidad Autónoma donde menos matrimonios exclusivamente civiles hay frente a los eclesiásticos, solo un 68,3% frente al 90,9% de Cataluña.

Las conclusiones del informe están claras: una de cada cuatro personas del Estado español se declara adscrita a opciones de conciencia no religiosas, es decir, un 27% de la población se declara no creyente o atea. Entre las regiones donde más creyentes hay, destaca Extremadura, con un alto índice referido a alumnado que cursa la materia de religión.

Estos resultados no son de extrañar en una región, como la extremeña, donde sus gobernantes nunca han respetado el carácter aconfesional –definido por la Constitución- de las instituciones que gobiernan, sino que más bien han impregnado esas mismas instituciones de sus creencias particulares, práctica acorde con el principio de cuius regio eius religio, o las han convertido en alfombra de paso de la Iglesia, con intención de atraer el voto de su feligresía.

Esa rendida pleitesía del gobierno extremeño, sea autonómico o municipal, a los intereses de la Santa Madre Iglesia, no distingue en cuanto a colores o siglas políticas. Tanto monta, monta tanto, PSOE como PP actúan con igual fervor y entrega a la hora de ceder espacios al proselitismo, presidir actos litúrgicos y prebendar a los representantes eclesiásticos, que obtienen pingües beneficios, tanto económicos como espirituales, de modo que los asuntos de su dios en La Tierra se traducen en ganancia de votos electorales para políticos y políticas que no hacen ascos ni guardan escrúpulos frente a una miserable venta de la salvaguarda de la libertad de conciencia.

Como botón de muestra ahí está esa exhibición de pendones colgando del balcón de la fachada de Cáceres, pertenecientes a las cofradías de la ciudad, similar, por lo vistoso y colorido cuando flamean, al reclamo publicitario de un concesionario de vehículos de alta gama, o recordatorio de aquellas guerras de religión del siglo XVI en las que se enfrentaban católicos y protestantes bajo estandartes de María o de Cristo, sembrando con sangre y miembros cercenados los campos de Europa, cuando no eran las mismas órdenes religiosas las que rivalizaban, en sintonía con lo que el humanista Alejo Venegas, en la referencia hecha por Marcel Bataillon en su Erasmo y España, llamaba “banderizar los santos”.

Tales cofradías no tienen reparo en refrendar el deseo expresado por la máxima autorizante de semejante exhibición beata, la alcaldesa de la ciudad, quien afirma haber visado esta santurrona expresión municipal movida únicamente por fomentar el turismo en la Ciudad de Cáceres y lograr así un incremento monetario en las arcas del municipio, en beneficio empresarial del sector de la hostelería. Es más, desde la misma Unión de Cofradías se anima a que los vecinos y vecinas de la villa engalanen sus terrazas, balcones y ventanucos con aspectos alegóricos de la Semana Santa, añadiendo que “queremos que Cáceres sea un bullicio y una fiesta”.

O sea que lo que mueve a alcaldesa y a cofrades afines no es tanto la búsqueda de una devoción espiritual en esta celebración, sino el beneficio monetario, lo crematístico, ¡las perras, vaya!, revelando el sentido gazmoño y farisaico de la fiesta. Llama la atención, además, que el Ayuntamiento de esta ciudad, incurso durante los últimos años en pleitos vecinales por la cuestión de los ruidos y alborotos festivos de bares, discotecas y botellones, suscriba ahora la reivindicación de esas cofradías por hacer de la ciudad mangurrina “un bullicio y una fiesta”.

No es solo el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el PP, el que manifiesta –más por interés terrenal que celestial- su ferviente religiosidad. La Policía Nacional de Badajoz, a las órdenes del Gobierno de España y subdelegación correspondiente (PSOE) sacará a hombros la talla de un Cristo para pasearla por la ciudad pacense el Jueves Santo. Con tal propósito y en prevención de que no quede menoscabada la hombría de los porteadores (es de esperar también alguna porteadora para dar el toque de igualdad a la procesión, y así evitar la acusación de latente machismo en la ofrenda), así como la fortaleza y la entrega de los cuarenta de agentes que participarán en el cortejo, estos funcionarios entrenan a diario en el patio de una comisaría pública sujetando sobre el hombro o a brazo alzado -a pulso, como vigorosos machos, como hembras recias- una talla de madera sobre la que han colocado sacos terreros de 150 kilos de peso, que es, kilo más o kilo menos, lo que pesa el icono que pasearán a cara descubierta. Según el instructor de tan extraña y carpetovetónica manifestación cuartelera de la pasión de Cristo, “hay overbooking” para llevar al ídolo, y se cantará alguna emocionante canción de las que ponen los pelos como escarpias entre los acólitos asistentes. A ciencia cierta que será La muerte no es el final, tonada que tan buenos resultados ha dado a La Legión en ocasiones parecidas.

Cáceres y Badajoz no son los únicos y no tiene nada que ver el color ideológico o siglas políticas. Lo que Dios unió, que no lo separen los partidos. En Extremadura sus gobernantes se desviven por poner las instituciones al servicio de la Iglesia. El Presidente de esta Comunidad Autónoma ya le ha besado en varias ocasiones el anillo al señor obispo, y se lo seguirá besando. Su mentor político y predecesor en el cargo se empeñó en que se instituyera como Día de Extremadura el 8 de septiembre, onomástica de la Virgen de Guadalupe. Una inmensa mayoría de colegios y centros educativos extremeños, públicos, llevan nombres de santos, vírgenes, beatos y demás clerigalla.

Fueron edificados en los primeros años del gobierno del PSOE en Extremadura. Un Ayuntamiento como el de Montijo (Badajoz), gobernado también por el PSOE, pretende recuperar tradiciones olvidadas, de cuando el pueblo pagaba el diezmo a la Iglesia por la cosecha, tales como las procesiones de las cruces de mayo e intenta implicar al alumnado de colegios públicos y asociaciones de madres y padres, enfrentando a la comunidad educativa. Otros nombran alcaldesa a perpetuidad a la virgen o santa de turno, tales como el de Mérida (mártir Santa Eulalia, 2014), Esparragalejo (Virgen de la Salud, 2016), Navalmoral de la Mata (Virgen de las Angustias, 2016), Valdecín (Santa Teresa, 2014) o Llerena, que mantiene el nombramiento de la Virgen de la Granada como primera edil desde 1966, en pleno franquismo.

Según el Observatorio del laicismo, en España hay 236 alcaldesas perpetuas (casi todas vírgenes), 31 alcaldes perpetuos (la mayoría cristos), 49 medallas de oro o de la ciudad y 15 títulos o cargos civiles y militares otorgados a entes religiosos. Existe constancia de que 181 de estas concesiones han contado con el apoyo del PP, 155 con el apoyo del PSOE, 21 con el apoyo de IU, 7 con el apoyo de C´s y 53 con el apoyo de otros partidos. 60 de ellas se llevaron a cabo durante la dictadura franquista.

La Iglesia sigue metiendo sus narices en todos los asuntos terrenales: pide el voto en los templos, dice cómo se ha de morir e impide la muerte digna, condena expresiones de afectos, mientras llena sus arcas a través de la financiación estatal y la recaudación de impuestos. Sin embargo, no permite que el Estado fiscalice sus cuentas, protege aberrantes conductas de miembros destacados de su comunidad y hace de la educación pública el púlpito particular para la prédica de sus creencias y el proselitismo.

Los datos del Informe Ferrer i Guàrdia referentes al 2018 en cuanto a la región extremeña no varían mucho con respecto a los del 2017. Como ya se apuntaba entonces, este dato de fuerte religiosidad tiene que ver con el hecho de que Extremadura es una sociedad eminentemente rural (sin que lo rural sea exclusivo signo de religiosidad), posee una alta tasa de población envejecida y sufre peores condiciones económicas con respecto a la media estatal. A todo ello se une la disposición y categoría de una clase política mediocre que aún no sabe o no quiere distinguir –tanto por ignorancia como por interés- entre religiosidad y aconfesionalidad de las instituciones a cuyo gobierno se debe, desde los principios de la laicidad y el respeto a la libertad de conciencia. Ante semejante parroquia…¡que Dios nos coja confesados!

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