Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 con una medida bajo el brazo: sacar a Franco del Valle de los Caídos y así se comprometió a hacerlo durante su gobierno. El proceso, en el que el Ejecutivo, la familia Franco, la Iglesias y el Tribunal Supremo han sido protagonistas, ha durado exactamente un año y ha terminado con la paralización por parte de la Justicia de forma provisional.
El Gobierno, optimista, se planteó exhumar los restos de Franco de manera “inminente”, pero nada más conocer esta intención, tanto la familia del dictador como la Fundación Francisco Franco mostraron su oposición de forma rotunda y así se lo comunican a la Abadía del Valle de los Caídos, que posiciona a favor de los nietos.
El Gobierno, por su parte, decidió continuar con el proceso y aprobó en el mes de agosto un real decreto ley para dar cobertura jurídica al traslado de los restos mediante una modificación de la Ley de Memoria Histórica, con la idea de culminar el proceso a finales de 2018.
Conflicto con la familia Franco
Es tras la aprobación de este decreto ley cuando comienza la cruzada entre la familia y el Gobierno. Mientras el Ejecutivo recién estrenado avanzaba con esta medida y con la incoación del expediente administrativo ley, que otorgaba 15 días a la familia para presentar alegaciones y comunicar el destino de los restos, la familia acude al Defensor del Pueblo para que recurra al Constitucional y exigen al Gobierno la paralización del proceso de exhumación ante un posible delito de prevaricación, usurpación de funciones y “profanación de sepultura”.
Ante la convalidación del decreto ley en septiembre de 2018, los siete nietos deciden, en sus alegaciones, que el destino de los restos de su abuelo si finalmente es exhumado debe ser la catedral de La Almudena, lo que supone un revés que no contempla el gobierno, que se opone a que el dictador ocupe “un lugar público que se preste al enaltecimiento”, en palabras de la ministra portavoz, Isabel Celaá. Es en esta iglesia donde reposan los cuerpos de su única hija, Carmen Franco, y el de su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca el respaldo del Vaticano, que se mantiene al margen de este asunto y, si bien no se opone a la exhumación, tampoco se posiciona sobre el lugar de destino del cuerpo y hasta en dos ocasiones deja en manos del Gobierno cualquier decisión al entender que es una cuestión entre el Ejecutivo y la familia Franco.
La Justicia retrasa la exhumación
La exhumación, con la familia en contra, se retrasa por la acción de la Justicia, que rechaza trasladar el cuerpo hasta que se resuelva el recurso presentado por la familia, que emprende acciones legales también contra los altos cargos que firmaron el proyecto de presupuesto de obra menor para extraer los restos del dictador de su tumba en el Valle de los Caídos.
Mientras tanto, el Gobierno busca los recursos que impidan trasladar el cuerpo a la Catedral de la Almudena y acude a la Delegación del Gobierno en Madrid, que en un informe le da la razón alegando motivos de seguridad, una conclusión que rechazan los Franco.
Pero los nietos del dictador no son los únicos que se oponen, ya que el prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se opone a facilitar el acceso al recinto para llevar a cabo la exhumación y los monjes de la Abadía recurren al Supremo al entender que el acuerdo aprobado por el Gobierno carece de “autorización eclesiástica”
Fecha definitiva
Entre idas y venidas con la Justicia, el Gobierno aprueba en febrero de este año la orden definitiva para sacar a Franco del Valle de los Caídos y en marzo anuncia la fecha definitiva del traslado. El 10 de junio tendría lugar la exhumación de los restos que irían a parar finalmente al cementerio de El Pardo ante la negativa de la familia de proponer una alternativa a la Almudena.
No obstante, este anuncio de la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras un Consejo de Ministros, se lleva a cabo sin una decisión del Supremo sobre la suspeción cautelar del proceso. A este tribunal acude tanto los nietos como la Fundación Francisco Franco para impedir los planes del Ejecutivo, alegando un cambio de titularidad del panteón del cementerio de El Pardo.
A falta de una respuesta, el 30 de mayo comienzan los trabajos de acondicionamiento de la cripta para enterrar el cuerpo, que no pisará el Pardo el 10 de junio como estaba previsto. Seis días antes de la fecha propuesta por el Gobierno, el Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la exhumación a la espera de que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
