Por la inacción de la Comisión Europea ante las violaciones del Estado de derecho.
El Parlamento Europeo ha anunciado que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar la inacción de la Comisión Europea ante las violaciones del Estado de derecho en Hungría y Polonia. Según la Eurocámara, la Comisión tendría que haber activado ya la condicionalidad para congelar el desembolso de fondos europeos a estos dos países mientras persista la deriva antidemocrática.
El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha confirmado que ha encargado a los servicios legales de la institución que preparen el caso, siguiendo la recomendación que la semana pasada adoptó en este sentido la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo.
“Los Estados miembros que violan el Estado de derecho no deberían recibir fondos de la Unión Europea. El año pasado, el Parlamento luchó con todas sus fuerzas por un mecanismo que lo garantizara, pero hasta ahora la Comisión Europea se ha mostrado reacia a utilizarlo”, se ha quejado Sassoli.
El socialista italiano ha justificado que la Eurocámara tome medidas legales contra otra institución por la necesidad de actuar para proteger los principios democráticos de la UE y el Estado de derecho si estos se ven amenazados y para garantizar que “las normas se aplican correctamente”.
La UE cuenta con un nuevo reglamento que permite a Bruselas suspender el pago de fondos comunitarios (también los previstos en el plan de recuperación) a países que han violado los principios del Estado de Derecho para proteger los intereses financieros del bloque.
EU states that violate the rule of law should not receive EU funds. We have a mechanism for this but the @EU_Commission is failing to use it.
I have therefore asked our services to prepare a lawsuit against the Commission to ensure rules are enforced. https://t.co/7Z6RP7s8Ns— David Sassoli (@EP_President) October 20, 2021
Esta normativa, vigente y aplicable desde el pasado 1 de enero, fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideran que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.
Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que dieron en marzo.
A cambio, el Ejecutivo comunitario se comprometió a no iniciar ningún procedimiento hasta conocer el veredicto de la Justicia europea, aunque, a la luz de la deriva antidemocrática de Varsovia y Budapest, Bruselas ha dicho que dará el primer paso en las próximas semanas.
