A propósito de un conflicto surgido en una escuela pública de Motril, leo con estupefacción la ¿opinión? de una ciudadana: “no hay razón alguna para retirar los símbolos religiosos del colegio (motivo este del conflicto) puesto que es un colegio católico”. En un primer momento la cólera me invade y no dudo un instante de la mala fe que se desprende del comentario; pero, pasado algún tiempo, percibo el asunto de manera distinta. Si analizamos algunos de los hechos acaecidos en las escuelas públicas en España veremos que, en efecto, un ciudadano poco informado y menos crítico acaba convencido de que en este país la escuela pública es, al menos de facto, católica. ¿Cómo, si no, entender que sus espacios sigan llenos de símbolos religiosos, pese a albergar en ellos a niños de la más diversa procedencia y de cuyas creencias o increencias no sólo el profesor no sabe nada sino que no tiene derecho a saber nada? También resulta harto difícil de comprender que, ante las protestas de algunos padres porque consideran inaceptable que sus hijos se queden aparcados en el pasillo a la hora de religión, el inspector del centro no tenga otra respuesta más que la de “pueden irse a otro país si este no les gusta”.
En esa misma línea, apuntar a tu hijo de seis años a un taller de teatro (actividad extraescolar ofrecida por la escuela) puede acabar en una representación navideña de la “Adoración al niño Jesús”, y… ¡en la iglesia del barrio, que tan generosamente colabora con la escuela! La lista sería interminable…Y la conclusión siempre la misma: efectivamente, se diría que en este país la escuela pública es católica.
Los actuales acuerdos entre el Estado y la Iglesia en materia de enseñanza resultan inaceptables, y así se ha evidenciado en los conflictos con los profesores de religión. No se trata simplemente de los derechos laborales de un grupo de trabajadores, sino de la legitimidad de estos a ocupar ese puesto de trabajo: cómo han optado a él (elegidos a dedo por un obispo), quién les paga a fin de mes (el Estado, o sea, todos nosotros), y cómo su presencia en los centros públicos genera desigualdades y situaciones que son, como mínimo, dignas de alarma. Así nos encontramos que un “profesor”, contratado simplemente por ser un buen católico (es decir, por algo que sólo debería repercutir en su vida privada) es miembro de pleno derecho de un claustro; que obliga a otros profesores a mantener en un aula, como rehenes, a los alumnos que no han optado por hacer religión; y, más grave aún, que puede ejercer de tutor de grupo como ya sucede en Andalucía. Y recordemos que todo ello no es en base a unos conocimientos objetivos, demostrados en igualdad de condiciones ante otros posibles candidatos en un examen: sus méritos son de carácter completamente ideológico y pertenecen al ámbito de las creencias, que deberían ser exclusivas de la esfera de lo privado.
Hoy los protegidos son los católicos. Mañana podrán reclamar el mismo trato las otras tres grandes confesiones (musulmanes, judíos y protestantes). La escuela pública se convertirá, así, en un centro de segregación religiosa en el que los niños se agruparán según las creencias o increencias de sus padres, situación ideal esta para que desde la infancia se generen odios que difícilmente podrán desaparecer en un futuro. El Estado debe defender el derecho a la diferencia de sus ciudadanos, pero nunca etiquetarlos en función de tales diferencias. Las consecuencias de semejante planteamiento pueden verse todos los días en los informativos, y desde el once de septiembre de forma más gráfica e impactante que nunca.
La escuela debe ser el soporte de unos valores comunes a todos los hombres: la libertad de conciencia, el respeto a la diferencia, en definitiva, los derechos humanos. Católicos, musulmanes, judíos, ateos o adoradores de Shiva…Todos deberíamos defender la escuela pública y laica, dando ejemplo a nuestros hijos de respeto a la libre conciencia del individuo. Y luego, en nuestros espacios privados, educarlos en aquellas creencias o increencias que consideremos más oportunas. Es tan sencillo -y parece tan difícil- como eso. Tal vez el fondo del problema reside en ese punto: algunos padres prefieren delegar esa responsabilidad en el Estado, dejando que éste decida cuál es la mejor doctrina al uso. Un motivo más para la defensa de la laicidad.
