Ante las manifestaciones que los últimos días se están vertiendo acerca de la finalización legal y justificada de la relación laboral que existía entre la Escuela Universitaria de Magisterio 'La Inmaculada Concepción', adscrita a la UGR, y Josué Rubén González Ruiz, la dirección del centro ha hecho público un comunicado en el que afirma que esta Escuela de Magisterio «tiene entre sus fines la promoción de los valores humanos esenciales para la vida en convivencia, acorde con su ideario cristiano, lo que lleva practicando desde su fundación y tiene intención de seguir haciendo en el futuro».
De acuerdo con lo anterior, afirma, esta Escuela Universitaria «ajusta su actuación en todos los órdenes de su funcionamiento al estricto cumplimiento de la legalidad. En particular, y en el ámbito de las relaciones laborales, descarta por completo el recurso al despido, salvo para aquellos casos en que está expresamente previsto en nuestro ordenamiento jurídico (faltas muy graves cometidas por algún trabajador, por ejemplo)».
Asimismo señala que «en la vida jurídica ordinaria hay situaciones en las que se inician y finalizan relaciones laborales de forma regular, cual puede ser el caso de los contratos temporales o de duración determinada, cuyo objeto es precisamente el desarrollo de una actividad cuya naturaleza tiene carácter temporal. Ello significa que cuando esa actividad finaliza, también concluye la relación laboral que la motivaba, de forma totalmente legal y justificada».
En otro punto de su comunicado dice que «la relación jurídico-laboral existente entre la Escuela y D. Josué Rubén González Ruiz tiene una naturaleza temporal o de duración determinada, con fecha finalización de la misma, el 30 de septiembre de 2007, tal como se recogió en su contrato, firmado de común acuerdo por ambas partes. De ahí que al haber concluido la actividad objeto del contrato, finalice consecuentemente la relación laboral que las vinculaba».
Por último, aclara que la Escuela «se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones legales se hallen previstas por el Derecho en orden a la defensa de su honor y prestigio, así como de la dignidad de los profesionales que están a su servicio. Todos los derechos y libertades, incluida la libertad de expresión, tienen sus límites, tal como prescribe la Constitución de 1978, y éstos se sitúan en los derechos y libertades de los demás».
