La ley Celaá no ha terminado de formular un sistema educativo capaz de emanciparse de la tutela de la OCDE a pesar de ser un gran avance con respecto a la ley Wert. El nuevo sistema educativo insiste en la formación meramente práctica con el desarrollo de las competencias mientras que sigue minimizando el saber académico. Así, difícilmente se puede esperar que la próxima generación sea más culta, más crítica, menos consumista, más justa.
Si lo que nos planteamos como sociedad es un nuevo modelo económico que respete al ser humano y al planeta; si queremos una nueva forma de entender la solidaridad, si es precisa una nueva masculinidad para un mundo más igualitario, más femenino, es en el legado que nos deja la cultura donde tiene que mirarse la nueva generación. Solo podemos trasmitirlo con eso que según el nuevo sistema está obsoleto: el saber. Pero seamos optimistas: la nueva ley recobra el protagonismo del Estado en materia de educación. Tal vez desde ahí podamos empezar a hablar.
Cada ley educativa que llega sirve de reactivo para comprobar en qué estadio de desarrollo se encuentra una sociedad como la nuestra. Y no falla: esta semana hubo rasgar de vestiduras en la conferencia episcopal, profesores y padres de la concertada –tan alérgicos ellos al adoctrinamiento– colocando a menores como atrezzo de la campaña antiCelaá, y un parlamento furioso tras una votación que se saldaba con una mayoría absoluta. De nuevo los ojos desencajados, la denuncia del ataque a la libertad, los dientes rechinantes: no les pareció democrático haber perdido tan solo por una mayoría absoluta. El reactivo nunca falla.
Lo cierto es que la reacción alérgica ya se había producido justo un año atrás. Fue en el XV Congreso de Escuelas Católicas –58% de la enseñanza privado-concertada– donde la ministra se atrevió a asegurar que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza», recogida en el artículo 27 de la Constitución. Entonces, fueron PP y Vox quienes desataron su torrente de ira y juraron imponer verdad y orden. Esta semana se les unió C’s y hasta hubo empujones por salir en la foto delante del congreso. Era más urgente eso que seguir el debate que se producía dentro de la cámara. Lo de ser sistema y honrar la Constitución va por horas, y según.
La cuestión de fondo es, siempre, la lucha por el control del sistema educativo. Una mínima pérdida del control hasta ahora ejercido por la escuela privada –con toda la constelación de intereses a la que se debe– asegura el conflicto. Desde ese momento todo vale con tal de que no sea el Estado quien marque la pauta a la hora de educar a las nuevas generaciones. Desde el S. XVIII, un conflicto siempre resuelto en este país a favor de la escuela privada-religiosa. En Finlandia –el modelo que se identifica con el éxito educativo– solo existe la escuela pública. Así se entiende que en España, un país que nunca se ha sentido a gusto con su modelo educativo, tampoco haya nunca quien invoque en serio a Finlandia.
En el estallido del conflicto de esta semana tienen tanto que ver las lenguas vehiculares o Bildu como la Trilateral o la Federación Galáctica de Alianzas Libres. Nada. El único conflicto es el que, en este país, ha puesto siempre en pie de guerra a las élites frente al Estado cada vez que han sentido una mínima resta de su poder. La prueba está en que hasta el PdeCat rabiosamente independentista se alineó en la votación con las derechas tradicionales representadas por PP, C’s y Vox, aunque finalmente optara por una actuación menos estridente y se abstuviera.
Por supuesto, el conflicto de las élites así formulado no podía servirse de la opinión pública, de modo que se optó por el método habitual de intoxicación a través de los medios afines. Se empezó a difundir el fake de que se cerrarían los centros de educación especial, que el nuevo gobierno carecía de una mínima sensibilidad humana.
En las últimas semanas, funcionó la mina dejada por Wert en la anterior ley; esa referencia innecesaria a una “lengua vehicular” pretendidamente en peligro, y entonces se vio la luz: nacía el mensaje de la agresión al orgullo nacional –la lengua española humillada en España, se prohibirá el castellano, el peor ataque de los peores ataques a la democracia, etc–. Un titular del ABC lo resumía así: “Sale adelante la norma que ataca a la concertada, a la educación especial y destierra el castellano”. Apenas un capítulo más y se volvería a lo de las misas negras y el sacrificio de niños. O la conspiración internacional de comunistas pedófilos que denuncia QAnon.
Otra vez la derecha consigue definir el debate en sus términos, que suelen ser conflictos binarios: o conmigo o contra la patria, o libertad de mercado o comunismo, o Constitución o Venezuela-ETA-los que rompen España. Y esto sí es una derrota: que logren siempre amenazar con el abismo utilizando la ficción de la amenaza a la patria y así borren del plano la posibilidad de debate alguno distinto del suyo. A poco que alguien conozca la situación y los problemas que siguen abiertos en el sistema educativo, solo puede sentir de nuevo una terrible frustración política. Toda la fuerza que una sociedad precisa para mejorar su sistema educativo amenaza con ser absorbida por un debate que ha sido atizado por unos medios y una ficción.
Esta derrota no podemos permitírnosla. La nueva ley, con ser mejor que la anterior, se deja sin contestar la pregunta clave, la que tiene que ver con el cómo y el para qué. “¿Cómo educar? –dice Marina Garcés–. Este cómo no se resuelve solamente con respuestas de procedimiento. Es el cómo de la ética, de la política y de la poética”. Un sistema educativo es una respuesta, un camino. Su objetivo es la formación de los nuevos individuos que llegan a la sociedad a quienes un día entregaremos el mundo, que diría Hannah Arendt. Y es en esa respuesta donde una ley debe ser explícita y responsable ante su ciudadanía. En ese acto es donde tenemos que decidir si el cómo viene dictado por una organización como la OCDE y su modo de entender la globalización de la enseñanza o si vamos a ser los ciudadanos quienes determinemos los valores que modelen nuestra escuela.
En la memoria inicial, cuando la ley todavía era un proyecto y ni siquiera había sido aprobado por el Consejo de Ministras y Ministros, el documento que se había dado a conocer a los medios decía expresamente a dónde apuntaba la nueva norma: a “trabajar para alcanzar los objetivos planteados por los organismos internacionales: UE, Naciones Unidas y OCDE, en materia de educación”. Como planteamiento, es difícil que sirva para tranquilizar a un ciudadano medianamente informado, habida cuenta de que tanto la UE como la OCDE se rigen por intereses economicistas y de orientación ultraliberal, para más señas.
No es complicado conectar el concepto de educación con el concepto de economía: si el sistema educativo prepara una buena mano de obra, bien especializada y, por encima de todo, dócil, la economía disfrutará en el medio plazo de grandes facilidades para su expansión. La conflictividad laboral está a salvo cuando la educación sirve para adormecer cualquier ímpetu crítico que pudiera soliviantar a la gran masa trabajadora. Si a ello se une que la nueva generación crezca en un alegre espíritu consumista, sin la molestia de un sistema educativo ocupado en formar en valores, la economía puede considerarse beneficiada. La OCDE bendice todo sistema que actúa en la buena dirección. La OCDE siempre define con nitidez su cómo, su para qué.
En ese mismo documento, la nueva ley declara sus fuentes: “Se ha de considerar el informe, publicado en 2019, del programa de la OCDE, Education Policy Outlook(EPO) que pone el foco en el conocimiento de los desafíos comunes de la educación en los países de la OCDE y en la evolución de alrededor de 200 políticas que abarcan desde educación y cuidado de la primera infancia hasta educación superior y aprendizaje permanente”. Es revelador que se cite ese documento empresarial y no a pensadores como Adorno, Bourdieu, Hannah Arendt, Jorge Larrosa, Gregorio Luri, Marina Garcés o Carlos Fernández Liria, por citar algunos de los actuales. Se esperaba de este nuevo ejecutivo una emancipación de los poderes supranacionales, por pequeña que sea. Algo que permita soñar con que es posible un gobierno atento a su ciudadanía y no a la satisfacción de otras exigencias más o menos ocultas.
La OCDE, sin ningún reparo, se muestra competente en marcar el paso de la educación en 200 países, y entre ellos incluye a España, gobierne quien gobierne. Y advierte: la educación así diseñada aspira a extenderse a lo largo y ancho de la vida de la ciudadanía. El intento es ambicioso, el sueño de todo capitalista de tener la posibilidad de seguir influyendo en la gran masa social a fin de que nunca deje de ser, de manera óptima, dócil, aplicada, consumista. En la Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales (2017/C 428/09) –otro documento del que se informa la ley Celaá– se señala: «Toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral».
Cuando se logre atrasar la edad de la jubilación –algo que ya está en camino– será maravilloso que hasta los 70 o más allá toda persona sea obligada a seguir formándose, a riesgo de perder su maravilloso empleo precario en caso de rebeldía. Y la rebeldía es un cauce de incertidumbre que la OCDE se encarga de prevenir. Una educación para toda la vida significa también un nuevo segmento del negocio –libros, plataformas digitales, academias–, lo que permitirá una proliferación de empresas de servicios subsidiarias de los sistemas públicos que apenas hemos empezado a conocer. El reportaje de Ekaitz Cancela publicado en el nº 77 de la revista La Marea es una buena prospección en lo que la OCDE espera que muy pronto sea una –otra– imperiosa necesidad global.
La OCDE, sin la confrontación en debate alguno, se consolida así como la gran estructura supranacional de supervisión y gestión de los intereses del capitalismo extremo. Cuenta, por lo demás, con la colaboración de 200 gobiernos del mundo que ponen sus sistemas educativos a trabajar por esa otra patria que es el dinero. Entre ellos funge también el Gobierno español, pero también y decididamente el gobierno europeo, faltaría más.
La memoria previa de la ley señala también como fuente ideológica la Comunicación 2012/669 de la Comisión Europea, cuyo sumario dice: “Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos”. Y lo que hace unos meses era todavía un proyecto de ley educativa ya expresaba sus fines en términos de beneficio empresarial: «Desde el punto de vista de su impacto económico no debe dejar de señalarse que una mejor educación genera ‘innovación y crecimiento –y contribuye a– valorizar la producción, estimular la concentración de aptitudes de más alto nivel en la UE y configurar el futuro mercado de trabajo’, según se recoge en la citada Comunicación».
El paisaje que queda tras la aprobación de la ley Celaá se parece mucho a esas fiestas de amigos que se prolongan dolorosamente mientras nadie parece estar dándolo todo. Los más listos se fueron antes de que nadie los reclutara para limpiar. A otros hubo que llevarlos a casa porque se quedaron sin transporte. Los que somos de la casa tendremos varios días de trabajo hasta ponerlo todo en orden. De momento, el único saldo de la noche es el resacón. Y la factura final. Uno se pregunta con cara de lelo dónde estaba la fiesta. Tras la aprobación de la ley se me hace difícil celebrar nada. La derecha ha logrado llevarse el debate a fórmulas que le funcionan, y además dará la batalla por la financiación, pese a que los Presupuestos Generales de 2021 –que, total, tampoco van a apoyar- aumentan en un 5% los ingresos de la concertada.
En el gremio de los docentes, la pelea continuará entre quienes se empeñan en fiarlo todo a métodos más o menos cool –un terreno donde también triunfa la ficción– y quienes defienden una enseñanza con contenidos que garantice a los nuevos ciudadanos y ciudadanas una formación en los principios y valores humanos. Mientras tanto se nos ha escamoteado el verdadero debate, el que concierne a la dimensión política y, por tanto, ideológica del sistema educativo. En la ley Celaá, como en la ley Wert, como en todas las anteriores, sigue siendo indiscutible la preservación de los principios económicos que establece la OCDE.
Con la ley Celaá, es cierto, ganamos en algunos aspectos y el sistema público queda reforzado. Pero si, como dice Marina Garcés, “la educación es un conjunto de prácticas que definen, juntas, qué arte de acoger la existencia está dispuesta cada sociedad a darse a sí misma”, entonces todavía nos falta una respuesta. Y, en el hueco que queda entre la pregunta y la respuesta, nos falta pedagogía. Cómo hacérselo entender a la sociedad, ese es el reto desde ahora.
Santiago García Tirado
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