La escuela concertada está alarmada ante la falta de presupuesto económico que acompañe las nuevas medidas del decreto de admisiones que el Govern tiene previsto aprobar en las próximas semanas. Según este decreto, las escuelas concertadas asumirán una parte del alumnado de contextos culturales y económicos desfavorecidos. La concertada ya está de acuerdo en esta medida, pero el decreto no especifica el modo de compensar los costes de escolarización de estos alumnos. Tampoco el presupuesto de la Generalitat 2020 presentado en el Parlament, contempla una partida económica específica a pesar del aumento presupuestario que recibirá el capítulo de Educación.
Asimismo, el decreto cambia el modelo de preinscripción escolar actual. De modo que el número de plazas concertadas se determinará antes de saber cuántas familias quieren matricular a sus hijos en esos centros, lo que a juicio de la concertada recorta la libertad de los padres a escoger la escuela. Finalmente, el decreto elimina la financiación a los colegios que son sólo masculinos o femeninos.
Organizaciones que representan a la escuela concertada, desde las patronales (como Fundació Escola Cristiana de Catalunya), las asociaciones de familias (Fapel) y partidos como Units per Avançar (de la extinta Unió Democràtica de Catalunya) están enviando estos días correos a los padres de los alumnos de los centros invitándoles a que presenten alegaciones, en papel u online, al nuevo decreto del departament d’Educació antes del 10 de febrero, fecha en que termina el plazo de las consultas públicas. En estas cartas explican que “tal y como está prevista la regulación (…), es patente el perjuicio que causará a la escuela concertada”.
Esta campaña, iniciada el pasado lunes, podría haber recogido en torno a las 50.000 firmas y pretende revisar el documento que se lleva al plenario del Consell Escolar de Catalunya del día 18 de febrero, cuando se aprobará el dictamen del decreto. De aprobarse, la normativa no afectará a la preinscripción escolar del próximo curso 2020-2021, a excepción de los alumnos que se escolaricen una vez iniciado el curso, después de septiembre.
El decreto elaborado por el Departament d’Educació está basado en el pacto contra la Segregació Escolar, impulsado por el Síndic de Greuges y firmado prácticamente por toda la comunidad educativa, incluida la escuela concertada, el pasado noviembre.
Uno de los puntos clave es el reparto equitativo del alumnado con necesidades específicas o especiales. Tal y como está programada la oferta de centros actual, estos alumnos, procedentes de familias con pocos recursos económicos, se les adjudica plaza en determinadas escuelas e institutos públicos de una zona, en detrimento de otras. Estos mismos centros reciben también a los alumnos que se escolarizan a mitad de curso (matrícula viva) por lo que se instaura un proceso de guetización escolar.
La comunidad educativa en su conjunto –patronales, ampas, sindicatos, profesorado y administraciones públicas– firmó en noviembre el pacto contra la Segregación Escolar, promovido por el Síndic de Greuges y que supuso el trabajo de varias comisiones.
En el mismo se asume la necesidad de un reparto equitativo entre toda la oferta escolar del alumnado. Para ello, se cambia la programación de escolarización y las escuelas sufragadas con fondos públicos asumen una parte de los alumnos de entornos desfavorecidos, incluso los que llegan a mitad de curso.
No obstante, en el documento del Síndic también se admite la infrafinanciación actual de la escuela concertada y la necesidad de compensar con dinero público la asunción de los estudiantes de familias procedentes de entornos vulnerables. Esta reclamación abunda en la queja de la concertada que reclama el cumplimiento de la Ley de Educación de Catalunya por la que la administración debe financiar el coste de toda la plaza de los alumnos. La falta de cumplimiento en este punto obligó, según la escuela concertada, a pedir cuotas a las familias para sufragar el coste de las matrículas así como otros gastos.
El Departament d’Educació también tiene previsto presentar un nuevo decreto específico sobre la concertación de escuelas.
