La escuela concertada católica se rebela contra el Gobierno

Escuelas Católicas de Madrid ha expresado en una nota, que reproducimos a continuación, su oposición radical a la reforma educativa del nuevo Gobierno, pese a que mantiene el privilegiado status de la enseñanza concertada y confesional.


Durante la II Asamblea de titulares y directores de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), que reúne cerca de 350 colegios de la Comunidad  de Madrid, se ha alzado la voz contra “una política que parece buscar más el enfrentamiento y la exclusión, que la paz y la cohesión, y que por desgracia, ha encontrado en la educación un rentable campo de batalla”.

“Basta ya” ha exigido Rosario Cardo, vicepresidenta de ECM, ante la presencia de la viceconsejera de Educación, dña. Rocío Albert. Una exigencia dirigida a quienes intentan marginar a la escuela de iniciativa social, pero también hacia esos pocos centros concertados, normalmente de nueva creación, que vulneran el espíritu de servicio social y de interés público de la escuela concertada, estableciendo condiciones que dificultan el acceso de la población escolar con situaciones socio-económicas más frágiles.
No es coyuntura; es estructura

Asimismo, ECM ha manifestado su preocupación ante la inminente reforma educativa prevista por el Gobierno que sitúa a la escuela concertada en la exclusión y subordinación respecto de la escuela pública. “La escuela concertada no es una coyuntura; es una estructura”, ha insistido la vicepresidenta. “Una estructura de pluralidad y libertad que promueve la calidad, al impulsar la innovación y la creatividad; y que permite la equidad e igualdad de oportunidades, al facilitar que las familias puedan elegir modelo y centro educativo sin que su situación socio-económica suponga una limitación para ello”. Por último, Cardo, ha querido recordarle a la viceconsejera aquellos temas pendientes que requieren un compromiso real por parte de la Administración educativa  como son: el pago de sustituciones durante el periodo estival; la dignificación del módulo económico y de la partida de otros gastos; la jubilación parcial; la recuperación de los conciertos por los centros de FPGS; o la generalización de la dotación para orientadores escolares en Primaria.

Al respecto, Rocío Albert ha defendido el derecho a elegir de las familias: “Llevamos 25 años garantizando la libertad de elección y vamos a seguir haciéndolo”. No obstante, sí ha expresado su preocupación ante la nueva ley de Educación, ya que la ministra “parece no haber recogido nuestras peticiones sobre libertad educativa…”. En relación a las necesidades de la escuela concertada ha asegurado su disposición a atenderlas, especialmente aquellas que llevan tiempo demandándose, ­­­­­­­­pero para ello “necesitamos tiempo y recursos”.

Por su parte, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas (EC), ha analizado la reforma educativa, explicando los esfuerzos que están llevando a cabo para conseguir que el Gobierno admita ciertas modificaciones a través de enmiendas, que se puedan negociar con el Parlamento, ya que “la tendencia es suprimir la demanda social”. También se ha referido al pin parental, señalando su sinsentido en nuestros centros, ya que estos se basan en un proyecto educativo conocido y elegido por los padres.

Asimismo, en la Asamblea se ha presentado el Postgrado Especialista en Competencia Digital Docente, cuyo objetivo es poner al servicio del aprendizaje los conocimientos digitales del profesorado, para que sus alumnos aprendan más y mejor. Dicho Postgrado, que cualifica con el título de ´experto´ por la Universidad de Comillas, se ha desarrollado en el Marco Europeo en Competencia Digital para Educadores.

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