La escuela cae en el círculo vicioso de la selección clasista

Los informes académicos sobre la rampante segregación se multiplican y agravan sus alertas, centradas en el modelo aguirrista idealizado por PP, Cs y Vox
Los colegios concertados generalizan el levantamiento de barreras de entrada, entre las que destaca el cobro ilegal de cuotas
«La segregación se basa en una especie de acuerdo tácito que proporciona un cierre social a las clases altas», señala el sociólogo Rogero-García
El fenómeno castiga los resultados de los alumnos de entornos difíciles, lo que perpetúa y agrava la desigualdad de partida

Las alertas rojas por segregación se acumulan ante las autoridades educativas. Al mismo tiempo, PP, Cs y Vox han tomado como referencia para sus políticas educativas en las autonomías, allí donde forman mayoría, como en Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, el modelo impulsado por Esperanza Aguirre, basado en la «libertad de elección» y la primacía de la «demanda social», formulaciones con las que se alude más o menos elípticamente a la promoción de la concertada. Es decir, al incremento de la financiación de la educación privada con fondos públicos. El problema es que Madrid, pionera en la implantación de estas políticas, encabeza las estadísticas de segregación o, lo que es lo mismo, de agrupación homogénea de los alumnos por clases sociales, un fenómeno lesivo tanto para el sistema escolar como para la cohesión social en su conjunto. Junto a diversos informes que sitúan a España entre los países europeos con mayor segregación, se suceden otros que ponen de relieve los mecanismos de la enseñanza concertada para segregar de forma encubierta. No faltan datos para demostrar ni lo uno –las trampas de la concertada–, ni lo otro –la creciente segregación–.

En España, dado el tradicional peso de la Iglesia en la educación, el boom demográfico y cultural de los años 70 y 80 pilló a la democracia sin suficiente red pública. La ley educativa de 1985 articuló el sistema de conciertos, que racionalizaba la miríada de subvenciones que recibían los colegios católicos desde el franquismo. El Estado, en teoría coyunturalmente, se valía de la red educativa de la Iglesia para atender la explosión de la demanda. Pero han pasado las décadas y la doble red no sólo se ha consolidado, sino que se ha ampliado a raíz de la descentralización de la competencia educativa y del fracaso en los tribunales de los intentos de acotarla. Hoy los datos son elocuentes. El gasto público en concertada rompe su techo año tras año, superando ya los 6.000 millones. Mientras tanto, el gasto público en la red pública sigue por debajo de los umbrales precrisis. La concertada, en más de un 60% en manos de organizaciones de la Iglesia, ha dejado atrás la crisis a costa de la pública, favoreciéndose de las facilidades que le da la Lomce. Los defensores de la concertada –entre ellos PP, Cs, Vox, Iglesia, patronales y asociaciones católicas de padres– hacen bandera de la «libertad de elección» de centro y de la primacía de la «demanda social» en la planificación de centros. Este es, de hecho, el discurso educativo triunfante de las últimas dos décadas, irradiado desde el ala neoliberal del PP y especialmente desde el aguirrismo.
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