La enseñanza concertada valenciana recurre la normativa que beneficia a las aulas públicas de dos años

Consejero de Educación de la Generalitat Valenciana

Los centros concertados y católicos vuelve a recurrir cualquier intento de la Administración para potenciar la escuela pública, como es su obligación y responsabilidad. Sin embargo años y años de beneficio para el negocio de las empresas y la iglesia en este sector, les hacen revolverse para seguir con su privilegio, ideológico y económico.


Las patronales FECEVAL-CECE, Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y ACADE-ADEIV (patronal sectoral de las escuelas infantiles) han recurrido conjuntamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana “tras romper el Gobierno valenciano la igualdad de trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la educación pública sobre la privada y concertada”, según han afirmado a Religión Confidencial.

Tras la publicación de la normativa del bono infantil, que incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las escuelas municipales, así como la apertura de numerosas escuelas aulas públicas de dos años, y la negativa de la Consellería a equilibrar las condiciones de subvenciones en la red de 0 a 3 años, las patronales han denunciado “la vulneración de derechos a centros, familias y trabajadores ante el TSJCV, por unas condiciones en que se sitúa a los centros escolares en clara desventaja ante los públicos”.

Alberto Villanueva, presidente de FECEVAL-CECE, ha afirmado a RC que “es evidente que nos encontramos ante la ley del más fuerte, con desinterés por el diálogo y la falta más elemental de sensibilidad ante un sector que ha desarrollado una gran labor acerca de la conciliación familiar, uno de los diversos factores que han llevado a cabo profesionales que ven ahora su puesto en el aire”.

Por su parte, la presidenta de ACADE-ADEIV, Carmen Bardal, ha destacado que “el Gobierno autonómico pone en peligro la viabilidad de una red de más de 500 centros educativos, autorizados por la propia Consellería, y se está jugando con los puestos de trabajo en un sector que está altamente feminizado”.

“Hemos dado juntos este paso porque no toleraremos que el factor económico determine la elección de centro, ya que se rompe el principio de libertad de enseñanza en igualdad de condiciones”, ha afirmado Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas, que ha subrayado que “se ha regulado contra las familias y los titulares de los centros, y no vamos a tolerar que se juegue con el futuro de la educación de los más pequeños”.

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