Estudié en un colegio y un instituto públicos de Madrid lo que hace no mucho aún se llamaba Educación General Básica y Bachillerato. Por los alrededores siempre había un centro "de pago", que a los ojos de un niño era algo así como el testimonio de una sociedad paralela. Existían algunas diferencias entre centros de ambos tipos. Los edificios de los colegios privados solían ser más viejos, vetustos. Solían disponer de gimnasio cubierto y en algunos casos formaban equipos que competían en ligas de federación.
Existía cierta permeabilidad entre centros. De vez en cuando, algún profesor de la pública era fichado por la privada, porque o le promocionaban o le pagaban más. De vez en cuando, algún niño salía de la privada y caía en la pública, como mi amigo de la infancia Santi, cuando a causa del fallecimiento de su madre, en casa entraba cada mes un salario menos. Entonces aún no entendíamos que estudiar en un colegio público, lo que para unos era motivo de orgullo, el producto de la coherencia cívica de nuestros padres, otros lo sintieran como la humillación de bajar un peldaño en la escalera de lo social.
Tales diferencias de dotación entre centros se han ido limando en las dos últimas décadas. Tengo varios vecinos y amigos que envían a sus hijos a colegios privados concertados, la mayoría gestionados directa o indirectamente por organizaciones confesionales. Los motivos por los que inscriben en ellos a sus hijos no suelen ser doctrinales. La mayoría llevan a sus hijos a colegios privados por motivos más bien inconfesables, porque piensan que así les ahorran los conflictos derivados de la integración de hijos de inmigrantes o de otras minorías, como hace décadas los padres de otros niños pensaban que así ahorraban a los suyos los problemas de la integración en los nuevos barrios de la periferia. En realidad no los protegen. ¿Cuándo se ha solucionado la convivencia impidiendo la convivencia? Un problema que se podría remediar en parte en las aulas es apartado y barrido hasta las calles, donde nunca tendrá solución, puesto que en ellas no hay ninguna institución que pueda abordarlo.
Hay dos cosas que, con matices, cualquier ciudadano puede conceder a las organizaciones católicas convocantes de la manifestación del pasado noviembre a favor de los colegios privados concertados confesionales: la primera es que la libertad de culto es un derecho fundamental, y la segunda, que los padres tienen el derecho, junto con el deber, de participar en la educación de sus hijos.
Resulta difícil de entender, sin embargo, que tales derechos se realicen y concreten gracias a los colegios privados y a la implantación de una asignatura confesional, porque de hecho no es así. La libertad de culto se ejercita en las iglesias, así como en las mezquitas, las sinagogas o donde los creyentes decidan congregarse para expresar su fe. Esta libertad de culto, que también implica la libertad de no ejercer ningún culto, es propia de la separación entre estado e iglesia. Es una conquista de la modernidad democrática, laica. Frente a los estados confesionales de la Antigüedad y la Edad Media, que imponían la práctica de un culto y una ortodoxia y, con pocas excepciones, perseguían todos los demás, las instituciones democráticas son las únicas que a lo largo de la historia han garantizado plenamente la libertad de culto. ¿El temor a un estado totalitario? Todo lo contrario. Las libertades democráticas garantizan la pluralidad. El derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos se ejerce día a día en la privacidad del domicilio, en los juegos, en los paseos, en los viajes en familia, en las reuniones con familiares y amigos, pero también en todas las actividades y centros docentes complementarios en los que optan por inscribirlos. Estructuralmente, la existencia de colectivos confesionales está garantizada por la misma libertad de asociación que arropa, por ejemplo, la existencia de colectivos ecologistas.
El fracaso actual de nuestro modelo educativo afecta no sólo a las destrezas técnicas de los alumnos, a la adquisición de conocimientos. En mi opinión, el actual modelo de dos cabezas, público-concertado, se alza como un obstáculo para el objetivo básico de la enseñanza obligatoria: "contribuir al desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".
Los derechos fundamentales son de todos, y por esa característica se reconocen. Si las libertades y derechos de los padres debieran concretarse en el marco de la educación obligatoria de los hijos, es decir, aquella que se decide en los parlamentos y que garantizan las instituciones con su gestión y financiación, otros padres también podrían exigir que en los centros se impartieran sus respectivos credos religiosos, sus ideologías políticas y sus preferencias morales, sean cuales sean. Las distintas organizaciones sociales, como colegios profesionales, sindicatos y asociaciones empresariales, también podrían exigir un concierto para crear sus propios centros de enseñanza obligatoria. Si somos consecuentes, entre todos dibujaríamos un paisaje educativo atravesado por una profunda fractura social.
Las últimas semanas se ha reclamado en varias ocasiones un pacto de estado. El ruido ha ahogado el debate de fondo, y el resultado, a falta de trámites parlamentarios, es una continuación de lo que ya existía. Un verdadero "debate de estado" sobre la educación debería plantearse acabar con la indefinición de nuestro modelo educativo, lastrado por privilegios heredados del pasado, para acomodarlo a nuestra realidad. Pienso que un sector de la sociedad, la Iglesia católica, ha sobreestimado su apoyo popular, mientras que nuestros representantes políticos han hecho un esfuerzo de responsabilidad. La democracia está hecha de estas pequeñas concesiones en virtud de la conciliación. Pero también pienso que en ese debate al que antes me refería, se debería haber incluido el derecho de los niños a que la escuela donde estudian, el primer ámbito de sociabilidad democrática de sus vidas, sea un espacio público de encuentro, en el que se reconozcan como futuros ciudadanos, miembros de una comunidad que los trata como iguales.
Hoy día, la educación de titularidad pública resulta insatisfactoria, y los centros privados concertados confesionales son con frecuencia el recurso de los padres que pueden y quieren permitírselo para proporcionar a sus hijos una educación segregada, que en la práctica los discrimina atendiendo a su confesión, cuando no a su condición social, a su origen geográfico e incluso a su sexo. Las últimas causas de discriminación quizá se puedan paliar con el proyecto de ley en trámite, pero no hay manera de que un centro confesional no discrimine con criterios de confesión, por la razón de que lo imposible no es posible.
Conozco lo suficiente a muchos cristianos como para saber que la mayoría de ellos, coherentes con su doctrina, está a favor de la integración social. Por ello cuesta entender que, en el debate sobre el modelo educativo, esta cuestión clave para la ciudadanía se haya relegado a la trastienda. La Iglesia católica puede cumplir y ha cumplido en ocasiones una positiva función (en otras no tanto), pero el precio a pagar no puede ser la segregación social. La jerarquía eclesiástica tendrá que esforzarse para demostrar que su invocación de la libertad de culto no es un mero pretexto para mantener sobre el conjunto de la sociedad española una capacidad de influencia heredada del franquismo. También para borrar la impresión de que, con tal de mantenerla, está dispuesta a seguir dando cobijo a los miedos clasistas y xenófobos.
Todos los niños son iguales, pero nuestro sistema educativo propicia que unos sean "más iguales que otros". ¿Es eso lo que queremos?
