La educación que queremos

Ayer, la comunidad educativa salió a la calle en toda Andalucía para poner en valor a la escuela pública. Justo lo contrario de lo que está haciendo el señor Imbroda con sus decisiones. Una vez más, las está tomando de espaldas al profesorado, a las madres, a los padres y al propio alumnado.

El decreto de escolarización recientemente aprobado supone para las familias un retroceso en cuestiones tan fundamentales como la inclusión o la equidad. Este decreto persigue hacer una diferenciación clasista en dirección contraria a lo que debería ser. Aspirar a una educación orientada a los éxitos escolares supone ir de frente contra cualquier planteamiento que segregue y excluya. La diversidad es una fuente inagotable de aprendizaje de la que no se puede prescindir. Está claro que esto no le interesa a quienes piensan que la educación es un negocio y un privilegio solo para quienes puedan pagarla.

¿Cómo afectará a las familias este decreto? Para poder responder debemos ir al fondo del asunto haciéndose esta otra pregunta: ¿qué presente y qué futuro quieren para su hijos e hijas? En mi opinión, un criterio clave a la hora de elegir centro educativo debería ser apostar por la diversidad como un valor. La diferencia nos da la oportunidad de: aprender de otras personas, conocer otras formas de interpretar la realidad, de ponernos en el lugar del otro o de adquirir habilidades para llegar a acuerdos tolerancia. En definitiva, aprender a vivir en una sociedad diversa y heterogénea desde el respeto a la diferencia. Por el contrario, cuando el criterio es seleccionar con parámetros de clase o económicos siempre se va establecer un filtro de exclusión. ¿Se imagina ordenar la sociedad por el color de pelo? Sería una insensatez, ¿verdad? Este decreto persigue estos mismos fines cuando unos centros tienen mayor demanda que otros y pueden elegir. Este decreto segrega, por poner algunos ejemplos, en función del expediente, del nivel económico o del grado de discapacidad. Es aberrante.

Parece razonable que criterios como la cercanía al domicilio o al lugar de trabajo sirvan para priorizar. También que la calidad de un proyecto educativo sirva como reclamo a la hora de elegir. Pero de ahí a establecer sesgos por la situación socioeconómica y familiar, hay un abismo.

Cerrar unidades en la escuela pública supone coartar esa elección. Supone romper un equilibrio razonable entre la oferta educativa pública y concertada considerando, además, el cada vez más bajo índice de natalidad. Contribuye a organizar el mapa educativo entre los que pueden y los que no. Quienes optan por utilizar a la educación como un elemento segregador están jugando con fuego, porque hoy pueden estar dentro y mañana se pueden quedar fuera, dependiendo del criterio de quien legisla en cada momento. ¿Ese es el modelo de sociedad que queremos? Los precedentes históricos que tenemos nos advierten de los riesgos y consecuencias que tiene para quienes nos toca vivir en esa tiranía.

¿Cómo nos afecta a los docentes este decreto? Apostar por el cierre de unidades en la escuela pública nos deja en una situación de provisionalidad y de incertidumbre sin precedentes. Recortar el número de alumnado supone: reducir la plantilla del profesorado, suprimir puestos y cerrar el grifo para la incorporación de nuevas plazas docentes, muchas de ellas ocupadas en la actualidad por profesorado interino. Esto supone una afrenta al profesorado de la escuela pública en Andalucía que no podemos permitir. Al funcionario docente se nos presupone un compromiso público cuyo principal valedor, el consejero, nos lo pone en tela de juicio.

La nueva política ha llegado para hacer la vieja política de la dictadura. Todos los avances conseguidos se están convirtiendo en auténticos pasos atrás donde el veto parental y la segregación pretenden esculpir un modelo educativo y social a imagen y semejanza de quienes lo diseñan

Quienes salimos a la calle ayer, reivindicamos que queremos una educación pública y de calidad. Que apostamos por una educación donde la diversidad sea un valor. Que queremos un modelo de sociedad basado en la diferencia, en la inclusión y en la equidad. Que no queremos una diferenciación de clases. Que no queremos escuelas gueto. Que exigimos invertir en la escuela pública para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. No entenderlo así, supone no entender a la educación como un derecho fundamental y sí como un elemento de segregación para conservar los privilegios de unos a costa de la posibilidad de progreso de otros.

Jacobo Calvo

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