La educación, la Iglesia y la valentía

Imaginen que en una escuela hay una serie de profesores de matemáticas sin carga lectiva ninguna. No pueden impartir su clase porque no tienen horas suficientes, se han contratado demasiados profesores de matemáticas. Pero tampoco pueden hacer otra cosa (hacer refuerzo, sustituciones) porque la ley no se lo permite. Imaginen que siguen cobrando su sueldo público pese a todo. Y esto, en medio de la crisis.

Imaginen que una administración autonómica conoce este problema desde casi el principio porque los directores de los centros han alertado de lo que sucede. Imaginen que saben lo que pasa pero es un tema espinoso este de las matemáticas, porque hay quien dice que el alumnado debería tener más horas de la materia. Pero la Junta cree que es bastante con lo puesto aunque no quiere entrar en si hay muchos o pocos profesores, y si alguno cobra sin trabajar porque claro, entraría de conflicto con las familias que quieren más matemáticas en el aula. Así que hace como que no pasa nada. Y que todo siga igual.

Imaginen un Ministerio de Educación que también conoce prácticamente desde el principio esta “anomalía” pero con tal de no pelearse con el sindicato de profesores de matemáticas, ni mira. Porque el sindicato de Matemáticas dice que no se mueva nada porque nunca se sabe si se van a aumentar un año de estos las horas. Y el sindicato de Matemáticas es muy influyente en la sociedad.

Imaginen que esto lleva pasando cuatro cursos. Imaginen que no es la clase de matemáticas si no la de religión católica. Imaginen que es Andalucía.

Al comienzo del cuarto curso parece, y digo parece porque habrá que verlo, que tanto Junta de Andalucía como Ministerio (de diferente color político que el anterior), están por la labor de arreglar esta “rareza”.

Una rareza que cumple cuatro cursos ( ¿se imaginan decirle a Hacienda que sólo han defraudado tres años seguidos?)  y que no es otra que el despilfarro del dinero público ( unos 6,3 millones de euros por curso) y que certifica el poder de la Iglesia en un estado supuestamente laico.

Porque los responsables no son estos profesores a los que han contratado sí o sí, con o sin clase. La responsabilidad es de unas administraciones públicas que, en el caso de la Junta, ha estado dos cursos mirando hacia otro lado (el tercero fue cuando mandaron un informe al ministro Méndez de Vigo) porque si solicitaban el despido de los profesores se iban a enfrentar a la iglesia y a las familias que quieren religión en la escuela. Y si decidían que estos docentes pudiesen hacer otras tareas, se enfrentarían al cuerpo de profesores funcionarios e interinos por dejar que unos profesores que no han pasado por el proceso de selección de concurso oposición puedan hacer las mismas labores que los demás.

Y en el caso del Ministerio de Educación, porque el Gobierno del PP atendió hasta el último momento a la orden de los obispos y no al informe de una administración autonómica  dejando que, en plena crisis, se mantuviese una plantilla de profesores sin carga lectiva.

El reajuste de la plantilla actual es duro y más lo será si se pone en marcha la orden de la Junta para reducir al mínimo la clase de religión el curso que viene.

Pero lo verdaderamente duro es afrontar, de una vez por todas, que la educación pública debe ser laica; que la religión como doctrina debe estar fuera de la escuela, en las iglesias, en las mezquitas, en los templos.  Que quizás, y sólo quizás, se debería impartir una historia de las religiones como parte de la historia de la humanidad, con docentes que aprobasen una oposición como los demás, que no estuviesen sujetos al capricho del obispo para impartir o no clase en función, por ejemplo, de si están divorciados o no.  ¿Quién va a ser el valiente que aborde este debate?