La Diputación de Zaragoza aprueba una moción de CHA sobre inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica

El pleno de la DPZ ha aprobado una moción presentada por CHA para elaborar un informe de los bienes inmatriculados (inscritos en el registro a su nombre) por la iglesia católico en la provincia desde 1998, cuando el gobierno de José María Aznar reformó el Reglamento Hipotecario permitiendo la inscripción registral de bienes que hasta entonces tenía el carácter de bienes de dominio público. Esta moción, que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y Grupo en Común, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de PP y PAR, insta además al gobierno autonómico a personarse en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancia de entidades locales aragonesas para la recuperación de bienes que no hayan sido debidamente inmatriculados. CHA quiere, además, avanzar en la provincia de Zaragoza en la reversión de un proceso de apropiación de inmuebles absolutamente injusto. La DPZ también instará al Gobierno de Aragón, tal y como propoenmos desde nuestro grupo pronvincial, a personarse en todos aquellos procedimientos judiciales, iniciados a instancias de entidades locales aragonesas, cuyo objeto sea la recuperación de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica. Así como solicitar al Gobierno español iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados (artículo 206 de la Ley Hipotecaria y artículo 5 del Reglamento Hipotecario), a fin de evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de dichos bienes. Consideramos que debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad.

Por otra parte, se han inmatriculado cientos de bienes en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia Católica, e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas. La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia católica en todo el Estado sin presentar título de propiedad. Con la reciente modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario se pone fin a este abuso de derecho que ha supuesto la legalización de un robo indiscriminado de bienes, en multitud de casos construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos. Las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2015, con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 95/15-IX, sobre la recuperación de la propiedad de la catedral de Jaca como bien de dominio público, acordó realizar, en el plazo de seis meses, un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Aragón inmatriculados por la Iglesia católica desde la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 hasta la actualidad.

El Gobierno español presidido por José María Aznar, mediante el Real Decreto 1867/1998, introdujo una reforma del Reglamento Hipotecario que permitía que la Iglesia católica pudiera proceder a la inscripción registral de una ingente cantidad de bienes inmuebles de alto valor cultural, patrimonial y económico, que hasta entonces tenían el carácter de bienes de dominio público, es decir, de la ciudadanía. Aprovechando esta nueva norma, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin título. El segundo artículo equipara a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él diga. A través de este procedimiento se han inmatriculado, sin título de propiedad, cientos de bienes en Aragón que podrían ser públicos, incluso antes de la reforma del Partido Popular. Normas a todas luces inconstitucionales e incluso reprobadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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La moción completa puede leerse en el siguiente archivo PDF:

Moción CHA Inmatriculaciones Zaragoza 2016

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