El colegio religioso concertado (es decir, financiado con dinero público) San Patricio de Málaga ha decido desafiar tanto a Junta de Andalucía como a la Fiscalía contra la Violencia de Género, negándose a respetar la identidad de género de una alumna transexual de seis años en Málaga, a la que se resiste a tratar según su identidad de género y a la que se sigue refiriendo, sea por ignorancia o por mala fe, como "el niño".
Pero se trata de una niña. Una niña transexual de seis años que el pasado lunes ansiaba ilusionada ir al colegio por primera vez con su uniforme de alumna, y cuya sufrida madre, ha tenido que inventar peregrinas excusas para que la pequeña no sepa que la fundación diocesana propietaria del centro educativo financiado con dinero público, está obstaculizando su pleno desarrollo y no acepta que acuda a este vestida de uniforme. Para paliar el despropósito como buenamente puede, la madre ha decidido que la cría vaya vestida con el chándal que es común para alumnas y alumnos. Y que así vayan también los dos hermanos de la pequeña, como forma de evitar que esta note qué está ocurriendo en realidad. “No puedo hacerle eso a mi hija”, dice cuando se refiere a la exigencia del centro religioso de que use el uniforme masculino.
El caso del colegio San Patricio es uno de los tres que fueron denunciados ante la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, por la Asociación de Transexuales de Andalucía, cuya presidenta Mar Cambrollé, recuerda que existe un consenso generalizado en que la identidad de género se define en los primeros años de vida de los niños. Dos de los colegios adelantaron su disposición a respetar la identidad de los pequeños. Pero el tercero, el que depende de la iglesia católica, sigue negándose a que la alumna de seis años aparezca en las listas escolares con nombre femenino, pueda vestir el uniforme de niña y sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.
La fiscal Flor Torres, que mantiene abiertas las diligencias de investigación a la espera de que el centro dé una respuesta, ha dirigido ya un primer escrito en el que se le informa de que la inspección educativa de la Junta de Andalucía ha fijado unas pautas para que se respete la identidad de género de los alumnos transexuales que el colegio debe seguir para asegurar que no se perjudica la salud psíquica de la menor. Si el colegio sigue poniendo trabas, Torres lo denunciará por un presunto delito de discriminación por razón de género.
Se da la circunstancia, según explica la madre de la niña, de que la dirección del colegio, así como los profesores, muestran apoyo y comprensión, pero la fundación diocesana a la que pertenece (el obispado, en última instancia), se niega a respetar la identidad sexual de la niña, la que se sigue refiriendo, públicamente y de forma harto irrespetuosa, como “el niño”.
"NO HAY NINGÚN PROBLEMA"
De hecho, el secretario técnico de la Fundación Diocesana, Francisco José González, se ha permitido señalar, no se sabe si con manifiesta mala fe o victima de la ignorancia, que el colegio busca "el bien del menor, de éste y de cualquier otro sin discriminación de ningún tipo", insistiendo en que respetan su “condición”. Además, añade no ser ajeno a que en este mundo hay “gente de todo tipo” y de todo tipo de “orientación”, y que remata la faena añadiendo que “eso para nada lo juzgamos". La transexualidad es una cuestión de identidad de género, y no de orientación, pero se conoce que González no se ha tomado la molestia de informarse debidamente para poder ofrecer, como presume, un trato a la alumna que de verdad se preocupe por “su bien”.
En declaraciones de claro contenido desafiante, González insiste en referirse a la alumna como "un niño de seis años" que está perfectamente adaptado al centro educativo "y no hay ningún problema ni en su proceso de aprendizaje ni en su relación con profesores y compañeros", aunque no pueda afirmar que la posición que él defiende esté colaborando para esto sea posible.
“‘EL MENOR’ ESTÁ UTILIZANDO EL SERVICIO DE DISCAPACITADOS”
El responsable diocesiano, como muestra de lo considerado de su actitud, ha llegado a afirmar que cuando "la madre empezó a plantear que tenía esta orientación –insiste-, fuimos respetuosos". Y añade, ufano, que “el menor está utilizando el servicio de discapacitados”.
González, arrogándose un rol que no le corresponde en este caso, ya que el San Patricio es un centro concertado obligado a cumplir con las exigencias que la administración le plantea en este y otros temas, se permite pontificar sobre el caso de la pequeña cuando afirma que “nos parece muy fuerte que se diga que es transexual cuando esto tiene una connotación muy específica. Morfológicamente es un varón, tenga la orientación -una vez más- que tenga, que eso lo respetamos", algo que la realidad se encarga de desmentir cada día que la pequeña se ve impedida de acudir al centro vestida con el uniforme como sus otras compañeras o utilizar el servicio de chicas, en lugar del de discapacitados.
Además, González hace oídos sordos y asegura, faltando a la verdad -ergo, pecado, según su fe-, que la Fiscalía no les ha trasladado "absolutamente nada", pero que la Delegación de Educación, "nos pidió que tratásemos al niño de acuerdo con él y sus padres según su orientación y estamos en diálogo”, y justifica su negativa a cumplir con su obligación en que “no queremos discriminar al resto de alumnos".
También se muestra dispuesto a dar batalla para imponer los criterios emanados de la organización católica a la que representa, cuando afirma que en caso de que se produjera algún tipo de resolución judicial, "si fuera contraria la recurriríamos", recordando que este centro educativo "es confesional, católico y canónico, muy consolidado, prestigiado e histórico de Málaga y de la Fundación". Y concertado, algo que el responsable diocesano no incluye en la lista de valores del centro, y que define las obligaciones que, al mensos en este caso, no está cumpliendo.
Tras incidir en que la situación y el aprendizaje del menor es "absolutamente normal", algo manifiestamente falso, según denuncia la madre de la pequeña y advierte la fiscal Torres, González asegura que ha pedido a la progenitora "que sea coherente", y ha insistido en que “al pequeño” no se le pone “ninguna traba".
No contento con todo lo anterior, el secretario diocesano intenta además colgarse una medalla presumiendo de que la Fundación Santa María de la Victoria es una institución "continuadora de la obra centenaria en Educación de la Diócesis de Málaga", con una presencia "cercana". Y añade -en una declaración que raya el mayor de los muchos despropósitos que componen este caso de clara discriminación a una niña de seis años-, "especialmente a los más desfavorecidos y con más carencias socioafectivas”. Precisamente, la pequeña alumna a la que intenta impedir una educación escolar con su propia identidad de género, no es, para nada, una niña desfavorecida, y mucho menos, con algún tipo de carencia socioafectiva –en todo caso la que la iglesia católica le niega-, pues se trata de una niña con la inmensa suerte de vivir en una familia absolutamente normal que ha sabido, sin las trabas que han sido habituales a lo largo de la historia, identificar a la menor como lo que es, una niña.
La familia, la Asociación de Transexuales de Andalucía y la gente de bien, esa a la que dice defender la Fundación que gestiona el Colegio San Patricio, esperan una actuación inmediata y contundente tanto de la Junta de Andalucía como de la Fiscalía, ya que parece que esperar que la diócesis de Málaga dé su brazo a torcer en este asunto constituiría un auténtico milagro. Y los niños y niñas transexuales no deben estar a expensas de los misterios de la “fe”, sino de que se hagan cumplir sus derechos.
La Asociación de Transexuales de Andalucía ha exigido el fin de privilegios de instituciones "católicas" que, subvencionadas con dinero público no respetan las leyes civiles, y ha reclamado de las instituciones una posición contundente en la defensa de los derechos que hacen referencia a la igualdad de trato y no discriminación, en relación al trato dispensado por un colegio concertado -es decir financiado con dinero público- a una menor transexual a la que se niega a reconocer su identidad.
“Reiteramos la urgente necesidad de consensuar un Protocolo de actuación en centros educativos, el cual ha sido propuesto por esta asociación al Consejero de Educación de la Junta de Andalucía”, declara Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, quien añade, “que la Ley Integral de Transexualidad es una herramienta para garantizar la no discriminación y los Derechos de las personas transexuales, prolongar más esta situación de desigualdad, es prologar el sufrimiento y el trato desigual de las personas transexuales y de sus familias, por lo que de nuevo instamos al Gobierno Andaluz celeridad en la aprobación de esta Ley”.
Foto tomada de la web del colegio
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