La deuda histórica de la Iglesia Navarra

Han pasado ya 72 años desde que la Iglesia española y dentro de ella la navarra, se pusiera al frente del levantamiento fascista contra la II República, elegida democráticamente. Durante parte de esos años ocurrieron sucesos terribles y dolorosos, cuyas secuelas aun siguen latentes; sobre todo para el bando perdedor de la guerra: el pueblo. Otras hechos, que debieran haber sido superadas décadas atrás, llegan hasta nuestros días como larga noche incapaz de encontrar el amanecer.

Por una parte, está la activa participación de la Iglesia navarra -con su jerarquía a la cabeza- en el aquel enfrentamiento sangriento que acabó con el derrocamiento del orden constitucional vigente hasta 1936. Durante estos 72 años ni la Iglesia española ni la navarra han sido capaces de pedir perdón por los actos cometidos. Solamente el obispo Blázquez, tímidamente, se pronunció "sobre la necesidad de perdonar por todos los que se vieron implicados en la Guerra Civil, de uno u otro bando, en acciones que el Evangelio reprueba"; algo que no refleja el auténtico reconocimiento expreso de culpabilidad por parte de la Iglesia Católica. Además, esta declaración no fue suscrita por sus compañeros de la jerarquía católica; tan solo por el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo. Queda pendiente una declaración en esa dirección por parte de la Conferencia Episcopal y también de la jerarquía eclesiástica navarra, que sigue sin reconocer su detestable participación y, menos aun, su arrepentimiento por el apoyo dado a la Guerra Civil de 1936 y a la dictadura Franquista que duró 40 terribles años.

Por otra parte, están los beneficios materiales que aquella situación injusta y antidemocrática proporcionó a la Iglesia Católica española y, en el caso que nos ocupa, a la Navarra. Me refiero a las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Diócesis navarra desde el final de la guerra hasta nuestros días. Estas inmatriculaciones, facilitadas por la Ley Hipotecaria franquista del año 1946, les permitió adjudicarse inmuebles no religiosos que nunca fueron de su propiedad y, posteriormente, la llegada de la “democracia” no reparó esa situación injusta; más bien la amplió con la supresión en 1998 por el Gobierno de Aznar del artículo 5 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, que impedía inmatricular lugares de culto. Esta les ha permitido, además, hacerse con los edificios religiosos que levantó el vecindario a lo largo de la historia, como consta en los documentos de la mayoría de los ayuntamientos. En algunos casos ha sido imposible tal constatación debido a que la documentación ha desaparecido o ha sido destruida.

En resumen, la deuda histórica de la Iglesia navarra con la ciudadanía se concreta en: primero, el reconocimiento y petición de perdón por su activa participación en el levantamiento fascista y en el posterior apoyo dado a la dictadura. Y como consecuencia, la renuncia a todos los bienes materiales conseguidos de manera injusta e inmoral, con devolución de los mismos a sus verdaderos propietarios o a sus instituciones públicas.

Mientras esto no ocurra, la credibilidad evangélica de la Iglesia navarra seguirá en entredicho y la memoria histórica de esta deuda pasará de generación en generación hasta su solución definitiva. Cada vez más, aflorarán los enfrentamientos entre parte de la comunidad católica de base contra su Jerarquía (como está pasando con la Cofradía de San Miguel de Aralar, o con Patronato de la Virgen de Muskilda de Otsagabia), por la apropiación indebida por parte de la Diócesis de unos templos que nunca les han pertenecido y que ahora son reclamados por los vecinos. También seguirán y aumentarán los pleitos entre la sociedad civil con sus representantes a la cabeza, en un intento de recuperar bienes y templos documentados que, como ejemplos tenemos en la Parroquia de Uharte, la Capilla de San Fermín y un largo etc.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro ya ha sacado a la luz el escándalo de las apropiaciones indebidas por parte de la Diócesis navarra desde el año 1998, consistente en: 650 Templos parroquiales. 191 Ermitas. 9 Basílicas. 42 Viviendas y Casas. 26 Locales comerciales, almacenes, garajes, locales varios. 2 Atrios. 8 Cementerios. 107 Fincas, solares y terrenos. 38 Pastos, prados y helechales. 12 Viñas, pinares, olivares, arbolados. Incluso frontones… El Total de las inmatriculaciones llega hasta la cifra de 1086. Ahora nos queda por averiguar lo inmatriculado desde el final de la contienda hasta 1998 y esto nos dará una visión completa de la apropiación realizada al amparo de unas leyes injustas.

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