La derecha implanta su modelo en Andalucía, entre otras medidas, promoviendo la escuela concertada

Bajada de impuestos para rentas y patrimonios más altos, un decreto que favorece la educación concertada y una desregulación por decreto-ley de la mano del empresariado marcan la actividad del Gobierno de PP y Ciudadanos

El 2 de diciembre pasado se produjo un cambio político en Andalucía de consecuencias aún por conocer del todo. Fue la primera vez en la historia de la autonomía en que la derecha –con la ultraderecha– tenía una mayoría en el Parlamento andaluz. La consecuencia fue inmediata: desalojo del PSOE del Gobierno y formación de un Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos apuntalado desde la Cámara por Vox.

Los tres partidos, en un contexto político muy complicado, con varias elecciones en un corto periodo de tiempo, se han entendido a las mil maravillas, y los acuerdos entre ellos han funcionado como un reloj, si se excluye cierta tensión entre Vox y Ciudadanos antes de la aprobación de los primeros presupuestos conjuntos, los de 2019.

Un año y pocos meses después, el cambio, en lo normativo, se ha notado ya. La legislatura arrancó con una bajada de impuestos para quien más gana y para quien más tiene, continuó con un perfil plano, en el que la prioridad del presidente Juanma Moreno y de su principal lugarteniente, Elías Bendodo, fue descalificar, enterrar los años de Gobierno socialista, y tomar en paralelo el control de la administración, un auténtico mastodonte.

Una vez logrado esto, PP y Ciudadanos han proseguido con su actuación. Y lo han hecho, mediante dos «decretazos» –así los llaman los sindicatos– aprobados, uno detrás de otro, de la mano de las patronales sin consenso con los agentes sociales –sindicatos, consumidores, asociaciones ecologistas–.

Uno, primero, en el que implantan un modelo de escolarización que favorece la expansión de la enseñanza concertada, la privada financiada con fondos públicos, que en Andalucía es mayoritariamente católica.

Y, otro, del pasado lunes, en el que acometen una desregulación y relajan controles ambientales, urbanísticos y sanitarios a través de la reforma de 21 leyes y 6 reglamentos.

Lo dijo el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), hace unos días en el Parlamento de Andalucía. «Venimos legítimamente a reformar y a cambiar las cosas. Seguir como estamos, no funciona». Más claro, agua. Los acuerdos entre PP y Ciudadanos, ampliados por los pactos presupuestarios de ambos partidos con Vox, son la guía que dirige los destinos del Ejecutivo.

Hasta ahora, Moreno y su proyecto contaban con cierta bula. Después de tantos años de gobiernos del PSOE, su llegada abrió las ventanas de la Junta y en numerosos sectores de Andalucía causó expectación su comportamiento.

A pesar de los disimulos centristas del presidente Moreno, hoy, un año y unos meses después, pocas dudas quedan de lo que le espera a la Comunidad: la aplicación del recetario liberal. Con mayor o menor intensidad, en función de los objetivos políticos de PP, sobre todo, y también de Ciudadanos y de Vox, en menor medida, el Gobierno va a ir aplicando su ideario.

Resistencias aparcadas

En este viaje, el presidente ya ha comenzado a encontrar resistencias que, aunque han quedado aparcadas por la crisis del coronavirus –todos los portavoces y los agentes sociales han pasado por San Telmo y han dado una modélica imagen de unidad–, resurgirán en cuanto se recupere una cierta actividad y normalidad social y política.

Así, Moreno ha afrontado una huelga, que ha unido, en defensa de la escuela pública, por primera vez desde 2013, cuando se promulgó la LOMCE a todos las voces de la comunidad educativa, profesores, trabajadores, estudiantes y asociaciones de madres y padres.

«A este paso, va a hacer santa a Susana Díaz«, afirma, entre la sorna y el lamento, un jefe de estudios –que siempre ha sido muy crítico con la gestión de los Gobiernos de Díaz– a Público para describir la situación en los colegios.

El segundo «decretazo» de Moreno, que fue elaborado de la mano de la patronal, sin contar con los sindicatos ni otros fue publicado este viernes en el BOJA y persigue ambiciosos objetivos.

«Se trata de sentar unas bases que permitan reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo y sostenible mientras se adopta por parte de la Administración andaluza una nueva cultura regulatoria», se lee en su exposición de motivos.

Es, según el Gobierno, una «batería de reformas normativas para mejorar los fundamentos de la economía andaluza y que le permitan contrarrestar la desaceleración económica que ya se experimenta».

Esa, la de dinamizar una economía extractiva, donde las rentas que genera se van fuera, y tiene altas tasas de paro estructural, es la gran obsesión –además de la de combatir el independentismo catalán– que recorre todos los discursos del presidente.

«En Andalucía no nos interesa presentar una imagen de convulsión social, que algunos quieren proyectar. Es netamente negativo para atraer inversión. Presentar esa imagen es errónea, no se corresponde con la realidad, y es lesiva. La apuesta del Gobierno es por el acuerdo, el consenso y el entendimiento. La paz social es un elemento esencial dentro del sistema para generar inversión», dijo Moreno hace una semana en el Parlamento, tras la huelga educativa.

Moreno afirmó no entender las causas de ese paro. Sin embargo, es evidente que la responsabilidad de tomar decisiones, de gobernar por decreto sin consenso con los representantes de los trabajadores, de los consumidores y de los ecologistas es enteramente suya.

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