La derecha católica en la calle

La derecha reaccionaria y retardataria -la única realmente existente- se escuda en el catolicismo para hacer oposición política: esta es la lección que podemos extraer de la manifestación del 12 de noviembre en Madrid.

Desde que el partido socialista ganó las elecciones, el partido Popular se lanzó con la ayuda de la cadena católica COPE a intensificar su guerrilla de desestabilización contra el gobierno. El argumento de los radiopredicadores, alentados por los políticos del PP, era que el triunfo electoral se debía a una conspiración socialista que había utilizado a agentes secretos del aparato de estado para accionar el atentado del 13 M . Esta absurda teoría conspirativa fue, en un primer momento, utilizada por los desesperados políticos derechistas para realizar la operación desestabilizadora. En la actualidad, el PP ha tenido que pasar, por agotamiento,  de la desestabilización a la oposición política simple. Dos son los asunto que la derecha utiliza para hacer oposición: ETA y Cataluña. Ahora se utliza otra idea descabellada: la negociación con ETA y la reforma del Estatuto Catalán llevan a la desintegración de España  y de ahí el esfuerzo del PP por revitalizar la palideciente bandera rojigualda.  De hecho, el símbolo político actual del PP es la bandera nacional y su consigna más actual es  "somos españoles". Todas las ruedas de prensa, las manifestaciones derechistas o actos simbólicos del PP están ya presididos por la bandera nacional en un rivaival patriótico y quizás, para muchos de sus dirigentes, en un guiño del subconsciente a sus orígenes: Fuerza Nueva. Sin embargo, escenificar una oposición de masas en la calle con estos asuntos es muy difícil. No hay tanta gente dispuesta a salir a la calle para defender una idea tan extravagante de España. Solamente la red derechista organizada alrededor de las Asociaciones de víctimas del terrorismo y  el ultraideoligizado Foro de Ermua son los que están dispuestos a salir a la calle, junto con la base militante del PP. Sin embargo la educación sí es un asunto que puede movilizar a  cientos de miles de personas porque existe una red  muy sólida de colegios católicos que sí puede sacar a la calle a cientos de miles de personas.

El peso que el catolicismo tiene en el sistema educativo es abrumador. Cerca del 30 % de los escolares están en colegios regidos por congregaciones religiosas y  un ejército de 14.000 catequistas católicos puebla los colegios públicos adoctrinando a los niños y niñas en el catolicismo, todo esto financiado por los presupuestos  públicos. El  proyecto de ley  de reforma educativa que ha preparado el gobierno no toca nada de estos aspectos fundamentales: la financiación pública de los colegios no se cuestiona y el adoctrinamiento en los colegios públicos se garantiza exactamente igual a como se viene garantizando en la actualidad. En verdad el Gobierno quiso, antes de la tramitación de la ley, escenificar un pacto escolar con la derecha y particularmente con la patronal católica de la enseñanza y las asociaciones de padres católicas, aunque no lo consiguió, y realmente  no hay nada en este proyecto de ley que lesione los intereses del catolicismo en el sistema educativo; pero aún así el catolicismo se moviliza y lo hace, sobre todo, azuzado por la derecha política; de eso se está dando cuenta el presidente de la Conferencia Episcopal , un tal Blázquez, que intenta distanciarse de la beligerancia de algunos des sus obispos. Esta sinergia PP-Conferencia Episcopal puede ser fatal para ambos. Primero porque el PP se puede encerrar exclusivamente en una base electoral muy beligerante pero reducida, haciendo huir de sus filas electorales al centro derecha y la Conferencia Episcopal corre el mismo riesgo sociológico pero, además, la pondría en una situación difícil a la hora de llegar a un acuerdo de estabilidad con el gobierno en temas como su propia financiación. El viaje de la Vicepresidenta del Gobierno al Vaticano tiene ese sentido: manifestar al Vaticano la simbiosis político-religiosa que se está produciendo entre la derecha polúitica y la Conferencia Episcopal.

Pero en este cruce de intereses políticos la educación pública sale siempre mal parada. El laicismo educativo fue lo primero que se sacrificó a la hora de redactarse el primer borrador de la ley educativa ya que, amparándonse en los bochornosos Acuerdos Santa Sede- Estado, el Ministerio de Educación dejó las cosas como estaban. El Acuerdo con la Santa Sede es una especie de barricada tras la cual se escuda tanto la Iglesia Católica -para conservar sus privilegios- como el Gobierno para justificar su inmovilismo.

El gobierno ha presentado una ley muy conservadora, ya que  refuerza las tendencias privatizadoras de nuestro sistema educativo; entonces ¿por qué se ha movilizado el PP? Básicamente es una cuestión de escenificación de una oposición en la calle en un asunto que, con cierta demagogia, puede movilizar. El oportunismo del PP es espectacular, pero corre el riesgo de que la Conferencia Episcopal se desmarque de esta beligerancia. Ahora se conoce que los contactos entre obispos y miembros del gobierno han sido frecuentes, buscando siempre el acuerdo en torno a la LOE, pero ha podido más la presión política del PP.

La Conferencia Episcopal, y en especial su  fracción más realista encabezada por el presidente de la misma, busca cada vez más un acuerdo global con el Gobierno donde quede salvaguardada su financiación, más allá de los presupuestos generales de este año, donde ya está salvaguardada.

El secretario de organización del PSOE declaró tras la manifestación del sábado que la libertad de elección de centro y la asignatura de religión católica están garantizados en el sistema educativo. Y estas declaraciones responden exactamente a la realidad. La libertad de elección de centro en nuestro país significa ni más ni menos que profundizar en la privatización de la educación y deteriorar la educación pública. El PSOE no se ha comprometido, ni de lejos, a un impulso del sistema educativo público aunque, desgraciadamente, hay que reconocer que esta tendencia de deterioro de los sistemas públicos, la segregación del alumnado cada año más acentuada es una tendencia que no sólo se puede observar en España sino que en muchos países europeos se viene observando desde hace, al menos, una decena de años. En casi todos los países de Europa la gestión privada de colegios se ha incrementado y la educación obligatoria en los establecimientos públicos ha perdido calidad y recursos,  por no hablar ya de los itinerarios de segunda categoría tipo formación profesional.   

El PP, utilizando a la Iglesia Católica, hace oposición política  pero, al final, hasta la Iglesia abandonará al PP; la Iglesia busca un acuerdo de estabilidad con el nuevo gobierno. La entrevista de Zapatero con las asociaciones católicas ha puesto las cosas en su sitio: hay voluntad negociadora. Pero ¿negociar qué?. No se podrán negociar muchas cosas porque de hecho lo esencial está ya en la LOE: garantía de financiación ilimitada de la enseñanza privada y garantía de adoctrinamiento católico en los colegios públicos. Se trata de limar algunos aspectos de control sobre los conciertos que la ley recogía. Para la izquierda del Gobierno la situación es muy dificil; Izquierda Unida, que ha venido participando en la campaña "La religión fuera de la escuela", sin embargo no ha tenido una posición tajante en relación a esta ley, y tampoco ha sabido movilizar socialmente contra la ley; solamente el STES, la CGT, el Sindiacto de Estudiantes y la campaña "la religión fuera de la escuela" han movilizado por la escuela pública y el laicismo escolar. Ellos han dicho lo que se tenía que decir: la LOE es una reforma que no apuesta por la escuela pública, que consolida el sistema educativo concertado y que no avanza en el laicismo escolar. El profesor Vicent Navarro, en un contundente y reciente artículo, lo ha dicho claramente: el sistema educativo español es clasista y segrega por rentas al alumnado, utilizando la red de colegios concertados. Los sindicatos de "clase" , CCOO y UGT, se han plegado sin más a un vergozante pacto que no es nada, ni tiene contenido . Verdaderamente estos sindicatos están cayendo en una especie de  patético y ridículo corporativismo de la burocracia sindical,  ya que no de los afiliados. Concretamente, CCOO de la Enseñanza se ha convertido en el paladín de los catequistas católicos en la escuela pública. Los republicanos de Ezquerra, el Bloque Nacionalista Gallego, etc. tampoco han estado a la altura. En esta ocasión los partidos minoritarios de izquierda de la cámara podían haber utilizado su influencia para forzar al gobierno a presentar una ley de reforma educativa de verdad, pero no lo han hecho; para mantener la estabilidad parece que vale todo. Ahora nos encontramos con que Izquierda Unida dice que hay que movilizar por la enseñanza pública, pero esto había que haberlo hecho antes, cuando el gobierno presentó esta birria de ley . Al final nos movilizaremos en defensa de una ley derechista. Izquierda Unida ha perdido la ocasión para haber exigido al gobierno una verdadera reforma educativa, es decir:

– cortes radicales en la finaciación de los conciertos educativos

– incremento suficiente del presupuesto educativo y hacer de la escuela pública el eje central del sistema educativo

– establecer el lacismo en la escuela y sacar a los catequistas de los colegios públicos

Eso sí que hubiera hecho movilizar al catolicismo con alguna razón, y entonces sí que nos hubiéramos enterado de quién tenemos enfrente.

A los firmantes e impulsores de la campaña "la religión fuera de la escuela", nos toca, desde ya, situarnos en el nuevo ciclo que se va abrir con la aprobación de esta nefasta ley: reabrir un debate público sobre la educación y la escuela laica en el sistema educativo orientado a un nuevo Pacto de la izquierda para impulsar, de verdad, el lacismo escolar. Desgraciadamente, la nueva ley , aprobada con bendición episcopal o sin ella, va a reforzar el segregacionismo social en la escuela tal y como ha señalado Vincent Navarro. La izquierda del Gobierno, independientemente de lo que haga el PP, debería votar no a la ley, y que se devuelva al gobierno.

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