La democracia exige y necesita una universidad laica

Gracias a las denuncias laicistas, ha habido algunos avances: se han eliminado muchas misas institucionales de inicio de curso y de celebraciones de patronos

Casi todos los interlocutores de los debates electorales han mostrado elocuentemente la importancia de la educación exhibiendo los efectos de su escasez. También han ignorado –incluso más que de costumbre– la necesidad de una regeneración laica en España para alcanzar una democracia efectiva: el Estado debe ser neutro en cuestiones de creencias y ha de respetar la libertad de conciencia de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Con toda la importancia que tiene conseguir una laicidad plena en diferentes ámbitos, como el económico, creo que el primordial, por afectar de manera tan directa a las conciencias en desarrollo, es precisamente el educativo, que incumbe a la escuela, pero también –oh sorpresa– a la universidad.

En los últimos años, la Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica (UNI Laica, integrada en Europa Laica) está sacando a la luz abundantes comportamientos confesionales en las universidades públicas españolas. Solo la inercia del nacionalcatolicismo y el que a menudo se ignoren ciertas características agravantes de la confesionalidad parece explicar –pero no justificar– que una situación tan escandalosa se asuma sin reservas.

Hace pocos días, UNI Laica ha destapado el impúdico confesionalismo de la Universidad de Sevilla (US), que, de la mano de su rector y de otras autoridades académicas, llega a confundirse con una cofradía (la Hermandad de los Estudiantes), y su rectorado con un templo católico. La US mantiene, además, tres capillas católicas y un Servicio de Asistencia Religiosa (el SARUS) que cuenta con un capellán y al menos un despacho. Lamentablemente, el confesionalismo universitario no se limita a Sevilla, sino que es muy habitual en las universidades públicas. La misma asociación nos mostró a la Universidad de Salamanca celebrando “la fiesta sacramental de la Octava del Corpus”, al rector de Castilla-La Mancha en la misa de toma de posesión de un obispo, a la Universidad de Córdoba promoviendo una “Bendición de Animales” por san Antón o a la Complutense albergando un Congreso de Catolicismo que incluía misas. En la Universidad de Granada, una asociación católica organiza charlas contra los derechos de las mujeres y los homosexuales, o en las que se defiende el creacionismo. Tampoco son exclusivas de Sevilla las capillas universitarias, pues hay al menos 35 en toda España, la mayoría en Madrid. También son frecuentes servicios similares al SARUS hispalense merced a acuerdos entre universidades y obispados.

No obstante, gracias a las insistentes denuncias laicistas, se han producido algunos avances. Sobre todo se han eliminado muchas misas institucionales de inicio de curso y de celebraciones de patronos de centros universitarios, aunque la mayor parte de estos patronos siguen sin tener otro mérito que el de ser santos o Vírgenes. También se han apartado algunos símbolos religiosos, si bien la mayoría se mantienen con la coartada del valor patrimonial. A cambio, en algunos casos el confesionalismo se agrava, como cuando tiende al multi-confesionalismo. También empeoró en la Universidad de Granada en 2011, cuando, al crearse una cátedra de teología católica, se produjo un retroceso de siglo y medio que luego se extendió a las universidades de Almería y de La Laguna. Ni que decir tiene que los estudios sobre las religiones tienen su sitio legítimo en los departamentos de Filosofía, Sociología, Historia, Antropología, etc., y que no hay obstáculo para que las personas con cargos académicos participen a título particular en actos religiosos, que deben ceñirse al ámbito privado.

Antes de continuar, aclaremos brevemente cuáles son aquellas “características agravantes” de la confesionalidad católica de la Universidad, algo que no enfatiza el laicismo porque no es antirreligioso. En primer lugar, la doctrina católica es esencialmente anticientífica por su carácter dogmático, creacionista (contrario, así, a la teoría evolutiva), sobrenaturalista y milagrero (negándole a la ciencia in aeternum su potencial explicativo). En segundo lugar, la doctrina, la organización y las prácticas eclesiales atentan a veces contra derechos humanos fundamentales. Apoyada en sus creencias anticientíficas, la Iglesia católica es combativamente misógina, anti-LGTB+, y negadora del derecho a una muerte digna. Por todo ello, podemos hablar de un confesionalismo A-CDEF: anti-científico, anti-diversidad sexual, anti-eutanasia y anti-feminista. Y, dado que está protegido hasta de la blasfemia y la burla por el código penal, caracterizaremos en adelante al confesionalismo como A-BCDEF.

Con toda la gravedad de la confesionalidad señalada hasta ahora, quizás su manifestación más execrable sea algo que no solo la sociedad en general, sino los mismos universitarios suelen ignorar: en pleno siglo XXI, más de 40 años después del inicio de la democracia formal, siguen impartiéndose asignaturas confesionales de religión –es decir, no son estudios sobre las religiones– en la Universidad pública. Estas materias A-BCDEF ya no son obligatorias como en el franquismo, pero siguen ofreciéndose, como asignaturas optativas, en los grados de Maestro en Infantil y Primaria. La oferta completa permite a los alumnos –siempre, ojo, que estén bautizados– obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), la titulación que la Iglesia católica exige, junto a otra Declaración Eclesiástica de Idoneidad que implica dar “testimonio de vida cristiana”, para enseñar religión a niños y jóvenes en los centros escolares. En otras palabras, las universidades públicas están facilitando la formación de adoctrinadores religiosos infantiles A-BCDEF para un trabajo que discrimina anticonstitucionalmente por razón de creencias y afiliación religiosa.

La justificación para asumir la capacitación de catequistas infantiles en la Universidad pública es el obligado cumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede. Aunque admitamos esta coartada, hay que cuestionar el espíritu sumiso de los decanos de Educación, de los rectores y de otras autoridades académicas y políticas, que acatan sin rechistar que otro Estado, teocrático e hipermachista por más señas, se inmiscuya en el contenido de los planes de estudios universitarios, imponiendo en ellos 24 créditos europeos que se traducen en más de 300 horas lectivas de materias confesionales (A-BCDEF). La sumisión de las autoridades nos indigna, pero no nos sorprende, pues en algunas universidades, como la de Granada, se ofertan cursos DECA adicionales fuera de los grados, es decir, al margen de las imposiciones vaticanas. Nos dicen que se hace para facilitar salidas laborales a los estudiantes, pero ¿no debe priorizarse, especialmente en las Facultades de Educación, el no facilitar el adoctrinamiento DECA/A-BCDEF (o cualquier otro) en la educación infantil por encima de otras consideraciones? ¿Un decano de Educación no debe ser DECA-NO?

La confesionalidad católica de la Universidad supone que ésta legitima y hasta cierto punto asume unas creencias y prácticas A-BCDEF, que contravienen los derechos de más de la mitad de la población (en realidad, de toda ella). ¿No depende la dignidad de una institución científica y democrática de su respeto a la ciencia y a la democracia? Ésta es consustancial con la laicidad, es decir, con el respeto a la libertad de las conciencias, que obliga a no inmiscuirse en las muy diversas creencias y convicciones de las personas y a evitar cualquier trato de favor o de rechazo hacia ninguna asociación de creyentes.

En definitiva, la Universidad pública española, excelente en tantos aspectos, no solo se desprestigia ocasionalmente con ciertos másteres, sino siempre que exhibe confesionalismo, y esto ocurre, por desgracia, continuamente en muchos de sus centros. En las manos de las autoridades gubernamentales y académicas está dignificar la Universidad dándole un carácter enteramente laico, pero nuestra experiencia nos dice que no lo harán de manera espontánea. Por ello, para conseguir unas universidades públicas aconfesionales requerimos la implicación y el apoyo no solo de los universitarios y las sociedades científicas, sino de partidos políticos, feministas, grupos LGTB+ y otros movimientos ciudadanos, así como de todas las personas que –sean cuales sean sus convicciones, religiosas o no– defienden una Universidad democrática que sirva al conjunto de la ciudadanía, como parte esencial de un Estado asimismo democrático y, por tanto, laico.

(*) Juan Antonio Aguilera Mochón es profesor de la Universidad de Granada y miembro del Secretariado de UNI Laica.

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