La «cordialidad» entre el Papa y el Gobierno marca la JMJ

Quedan a un lado ocho años de desencuentros con Zapatero

Los casi ocho años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han estado marcados por los desencuentros con la Conferencia Episcopal Española (CEE), lo que no ha impedido mantener una relación fluida con la Santa Sede, caracterizada, según ambas partes, por la «cordialidad» y la «corrección».

En este contexto viajará por tercera vez a España el Papa Benedicto XVI, que visitó por última vez el país en noviembre para peregrinar a Santiago de Compostela y consagrar la Sagrada Familia de Barcelona. Esa visita estuvo precedida de unas polémicas declaraciones del Pontífice en el avión que le traía a España, en las que abogaba por reevangelizar el país al estimar que se vivía un anticlericalismo agresivo, como en la II República. El Gobierno, aunque mostró su extrañeza por la comparación, evitó la controversia, optó por no hacer comentarios sobre esas palabras defendiendo la libertad de expresión y ratificó su total colaboración durante la visita.

Cuando el Papa llegaba a Santiago, Zapatero visitaba a las tropas españolas en Afganistán y el presidente del Gobierno tampoco asistió a la misa que se celebró en Barcelona, aunque sí se desplazó a la capital catalana para despedir al pontífice con un «breve, pero cordial» encuentro, según dijeron entonces desde el Ejecutivo. En esa cita explicó a Benedicto XVI que en su «fluida» relación con el Vaticano España actúa como un Estado aconfesional que reconoce el peso de la Iglesia, pero garantiza la libertad de todos. Se cerró así un nuevo capítulo de la larga lista de enfrentamientos, más o menos públicos, que han mantenido los obispos con el Gobierno.

La decisión tomada a finales del año pasado de paralizar la reforma de la ley de libertad religiosa, largamente anunciada y que tendría como objetivo garantizar el laicismo del Estado, ha tranquilizado las relaciones en el último tramo de la legislatura del partido socialista. Apenas las ha vuelto a alterar la denominada ley de muerte digna, en tramitación en el Congreso.

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