La Coordinadora Universidades Públicas de Madrid denuncia el proceso privatizador en la universidad

La Universidad lleva ya demasiado tiempo, discutiendo sobre cuál debe ser su modelo. Sus máximos responsables hacen declaraciones defendiendo el modelo de servicio público, pero el comportamiento  del actual Gobierno en funciones, y las propuestas de la CRUE, no permiten la menor duda al respecto: defienden la privatización de la universidad, aunque discrepen respecto a la velocidad con la que se debe transitar por el camino para alcanzar el objetivo.

No cabe la menor duda de que el proceso de privatización de la Universidad Pública, sigue avanzando paso a paso, y la aprobación de nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid, supone una fehaciente comprobación.

Otro de los objetivos a lograr es que, en la designación de los órganos decisorios de las Universidades,  desaparezca cualquier tipo de procedimiento democrático. Llevan tiempo tratando de defender la llamada Universidad Gerencial en la que el Rector sería un gerente nombrado por el Consejo social, o cualquier otro órgano similar, designado de manera mayoritaria por políticos, lo que les garantizaría la mayoría absoluta para lograr imponer su candidato.

 Esta postura chocaba frontalmente con los intereses de la CRUE, por lo que se iniciaron conversaciones exploratorias con una asociación privada, de la que se desconoce hasta su manera de financiarse.

Los partidarios de avanzar a mayor velocidad, consideran que es imprescindible llevar aún más lejos esos  planteamientos, abogando por la desaparición del claustro, y por la designación directa – por parte del Rector- de los decanos, y que estos designen, a dedo, a los  directores de los departamentos.

Nos llegan noticias, incompletas, que aumentan la zozobra existente: En Julio de 2018, fue nombrado nuevo Secretario General de Universidades, el ex vicerrector de la UCM José Manuel Pingarrón. A partir de esa fecha se ha ido conociendo con cuentagotas la existencia de determinadas reuniones semisecretas y selectivas, que culminaron con el anuncio, por parte del Director General de universidades, de la existencia de un borrador que pretendía ser el esquema de una nueva Ley de Universidades.

Resulta, cuando menos, sorprendente el sistema seguido por un gobierno que se autodenomina progresista, de lo que denomina como una Ley de Universidades por Consenso, ocultando la información, restringiendo la presencia y la participación de la comunidad universitaria, filtrando únicamente información a determinados sindicatos y organizaciones afines, etc. etc.

 Ante semejante situación, CUPUMA considera que es imprescindible reclamar información fidedigna al actual ministro en funciones Pedro Duque, y/o a quien le sustituya, sobre esa nueva ley, así como solicitar formalmente la participación, en la elaboración de dicho documento, de toda la comunidad educativa, para que se pueda hablar con fundamento de una ley de universidades de consenso, elaborada con verdadera trasparencia.

Solo podemos hablar, y parcialmente, de ciertos temas desvelados por algunos de los presentes en las ya citadas reuniones.

Se llevó a cabo una presentación de lo que se denomina las bases de una ley de Universidades, en la que “el Secretario General nos ha ido explicando sus ideas sobre la carrera profesional, desde el acceso hasta la cátedra. Aunque afirman que la vía preferente de consolidación de la carrera profesional del profesorado, en el sistema universitario público español, es la vía del funcionario público, no se excluye la vía laboral.

Según este modelo, el acceso, la consolidación y la posterior promoción serán siempre por concurso público”.

Se pretende igualmente crear y modificar alguna de las figuras docentes existentes en la actualidad, pero sin entrar nunca en el fondo del problema, ignorando tanto la existencia de posibles fraudes de ley, como manteniendo la precariedad, y tratando de poner un parche a la utilización fraudulenta y generalizada de las figuras de profesores visitantes y profesores asociados.

La experiencia demuestra  que, si uno tiene interés en conocer lo que le espera a la universidad española en los años próximos, hay que leer los informes anuales sobre el sistema universitario español, con el que la fundación CYS pretende “contribuir e impulsar la transformación de la cultura universitaria en una cultura que premie la voluntad emprendedora y la capacidad de riesgo de todos los que participan en ella.”

La razón es evidente y la utilización de un ejemplo actual, lo pone claramente de manifiesto. Mientras desde el gobierno, por un lado, y las Comunidades Autonómicas por otro, tratan de poner a punto legislaciones nacionales y autonómicas -frecuentemente contradictorias, ahí tenemos el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid de preparar una nueva ley que sustituya a la fallida de Cifuentes- en el mayor de los secretos, ocultando tanto sus intenciones, como los participantes en su redacción.

Los planteamientos de la Fundación de la señora Botín son obligatoriamente diferentes porque su intención -al menos aparente- es influir como “externo”, es decir, desde fuera, por lo que están obligados a exponer sus propuestas con total claridad, sin poder enmascarar sus intenciones con el uso de eufemismos o/y subterfugios.

 La fundación CYD (Conocimiento Y Desarrollo), presidida por Ana Botín, que tiene entre sus patronos empresas tan claramente interesadas en -el negocio de- la Educación, como IBM, Telefónica, Iberdrola  y Prisa, presenta dos sugerencias fundamentales para conseguir la “excelencia” en la Universidad:

Los autores del informe proponen acabar con el sistema de elegir a los rectores por sufragio universal -ponderado-. No se dan razones, únicamente el director del informe, Martí Parellada- un experto en “educación” que defiende una universidad gerencial, al servicio de los Bancos, y que se ha dedicado prioritariamente a los negocios, asegura que se trata de una de las modificaciones legislativas para “mejorar la autonomía y la gobernanza”.

Además de reiteradas alusiones a planteamientos generales La única especificación del director del informe es la afirmación de que “el sufragio universal ponderado es excéntrico”. Ante semejante problema, expone rápidamente la solución. No  se trata de modificar lo discutible de la actual ponderación , sino que los rectores sean elegidos  “por Consejos de gobierno donde además de la representantes de la universidad, participen otros ‘externos’ entre ellos patronales o empresas”.

CUPUMA considera que, si se lleva a cabo el plan defendido y explicitado por el Banco de Santander, la opción de la Universidad como servicio Público, es altamente probable que haya perdido definitivamente la batalla. Y creemos que hay que impedirlo a toda costa, por el bien de la enseñanza y la Educación en España.

Dada la situación existente, CUPUMA propone que, si finalmente  se aprovecha la posibilidad de constituir un gobierno progresista, se afronte de una vez por todas, la problemática de la Universidad en su conjunto. Se cuente para su elaboración con todos los miembros de la comunidad universitaria, y toda su tramitación se lleve a cabo con absoluta trasparencia.

El catálogo de temas que tendría que abordar y resolver esa ley, sería muy amplio, y a modo de adelanto y recuento, CUPUMA propone un avance provisional  que sirva de recordatorio provisional.

1.- Defensa del modelo de Universidad como servicio público en contra de las persistentes ataques privatizadores, que se traducen, entre otras cosas, en la permanente aumento de las universidades privadas, en contraste con el estancamiento de las públicas.

2.- Revertir la legislación de la época WERT, incluyendo la artificiosa e incoherente separación posterior de Educación y Universidad en dos ministerios diferentes.

3.-Mantenimiento y desarrollo de los planteamientos democráticos en la Universidad, con elección por sufragio universal de los rectores, de los decanos y de los directores de departamento, oponiéndose a los ataques coordinados de Bancos y empresarios.

Igualmente asegurar la trasparencia de la Universidad, y garantizar la participación de la comunidad Universitaria en las decisiones fundamentales de la Universidad Pública.

4.- Incremento de la inversión educativa hasta que alcance la media de la CEE.

5.- Llevar a cabo una auditoria del gasto público en servicios externalizados, cuyos resultados no parecen coincidir con las optimistas previsiones que, teóricamente, justificaban su privatización.

6.- Un adecuado estudio de las infraestructuras necesarias, seguida de una dotación adecuada para llevarla a cabo.

  1. – Reversión de los recortes, bajada de las tasas,- con vistas a llegar a la gratuidad como en otras naciones europeas. Incremento de las plantillas para garantizar una educación universitaria de verdadera calidad.

8.-Cumplir la legislación en vigor, acabando, de una vez por todas, con los fraudes de ley que vienen produciéndose en la utilización ilegal de una gran parte de las figuras de profesores visitantes y profesores asociados.

9- Reestructuración de la Agencias de acreditación, incluida la ANECA, descartando que se valore la calidad de una investigación por la empresa editora, y  no por su contenido.

10.- Garantizar la Igualdad de requisitos para la creación de universidades públicas y privadas.

11.- Clarificación y racionalización de la carrera académica del profesorado en la universidad, con la creación de un estatuto consensuado del PDI, donde se especifique con absoluta claridad y trasparencia, las fórmulas de promoción previstas.

12.-Clarificación  y racionalización de la carreras del Personal no docente, con la creación de un estatuto consensuado del PAS, donde se especifique con absoluta claridad y trasparencia, las fórmulas de promoción previstas.

13.- Desaparición  de la precariedad y la explotación sistemática, de determinadas figuras docentes.

14.- Cumplimiento riguroso de los límites de interinidad previstos.

15.- Crear una comisión de investigación que estudie la utilización torticera de la autonomía universitaria como forma de encubrir la corrupción en la Universidad, o para evitar castigar comportamientos tan inaceptables como los plagios, o el regalo magnánimo de títulos universitarios a políticos.

Si consideramos inaceptable que el dinero previsto para construir colegios, pueda acabar  financiando ilegalmente partidos  como el PP de la Comunidad valenciana, es indispensable presionar, para que se publique una legislación que defienda la Universidad Pública, entendida como servicio público y que asegure la igualdad de oportunidades de todos los españoles.

 CUPUMA Coordinadora Universidades Públicas de Madrid

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