La mayoría de los políticos desconocen la Constitución
La mayoría de los políticos desconocen la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la historia de México. Por ello caen en errores como el cometido por Rafael Moreno Valle: declaró en los medios nacionales que los conservadores y los liberales se unieron para derrotar al ejército francés, y envió al Congreso local alguna iniciativa cuya esencia es violatoria de la Carta Magna.
Hace 95 años que se promulgó la Constitución que nos rige. Y hoy se está fraguando un atentado a su esencia laica. La intención del PAN y del presidente Felipe Calderón para que se apruebe la reforma al artículo 24 constitucional, tuvo éxito en la Cámara de Diputados. Se aprobó con el apoyo de los priistas y de los perredistas. Los primeros, se dijo, lo hicieron por indicaciones de Enrique Peña Nieto porque éste se lo había prometido a los prelados católicos, y la izquierda la aceptó a cambio de obtener la mesa directiva del Congreso. ¿Y la ideología y los principios?
Ahora se encuentra en estudio y discusión en el Senado de la República y, según declaraciones de los senadores del PRD, PT y la mayoría el PRI, se trata de un cambio innecesario que sólo pretende abrir el camino hacia la eliminación del carácter laico del Estado Mexicano. Esperemos que la rechacen.
La mejor manera de garantizar no sólo la libertad religiosa sino la igualdad entre todos los creyentes, es sin duda un Estado laico. Este concepto existe en nuestra Constitución desde su promulgación, precisamente en el artículo 24 que establece la libertad de creencias. Sin embargo, desde que se conoció el contenido de nuestra máxima Ley, la jerarquía católica de entonces declaró que la desconocían y la combatirían, en especial los artículos que les quitaban privilegios e impedían que continuaran catequizando a todos los niños y haciendo negocios con las propiedades que recibían a cambio de indulgencias y acciones en las compañías petroleras.
Ahora, con el apoyo del Presidente Calderón y su gran interés por recibir al Pontífice obsequiándole de regalo estas reformas, además de arrodillarse para besarle el anillo, todo ello en una gran misa multitudinaria, se ha estado boicoteando la reforma propuesta desde hace meses al artículo 40, en el cual se establecerá explícitamente que México es un Estado laico, situación que ya existe en la Constitución de Puebla. Y se impulsa la reforma al artículo 24 constitucional en el sentido de que se pueda tener culto público fuera de los templos, lo que ya autoriza desde que Carlos Salinas le dio el primer gran golpe a los principios básicos sostenidos por los constituyentes. La diferencia está en que se permitirá a la jerarquía católica interferir en los campos de la educación pública y obtener la posesión y control de medios masivos de comunicación en perjuicio de otras creencias religiosas, de la población católica que no comparte la visión dogmática de la jerarquía y de quienes no profesan ninguna religión.
Algo de historia
Los constituyentes jacobinos estaban convencidos de que una de las demandas centrales de la lucha revolucionaria, era el disminuir y debilitar a la Iglesia católica, a la cual consideraron sostén del régimen porfiriano y cómplice de la dictadura huertista, así como de las muertes de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez.
El concepto de separación Estado-Iglesia que había sido incorporado a la Constitución en 1873, a iniciativa del diputado José Álvarez y Álvarez de la
Cadena, mi padre, fue sustituido por el desconocimiento jurídico a las instituciones denominadas iglesias. Esto como una manifestación del nacionalismo que sostenía que un poder fuerte y una democracia igualitaria eran los fundamentos básicos para sacar a Iglesia Católica de su papel de partido político, acción que se oponía al establecimiento de una Nación-Estado libre y secular.
En su libro Justicia Social Anhelo de México, recientemente editado por el Senado de la República, mi padre escribió:
“Los constituyentes optamos por una forma de tipo socialista en la que primero que cualesquier otra idea, se tomara en cuenta el beneficio social, y a fin de lograr el mayor provecho para la colectividad, se restringieran en la Constitución, hasta donde fuera preciso, los derechos individuales de propiedad, culto público religioso, de enseñanza…
“En México y en el extranjero las medida restrictivas de la intromisión en los asuntos políticos impuestas a las confesiones religiosas por la Constitución de 1917, son las más incomprendidas y por lo tanto las más criticadas. Ello se debe a que se ignora o se quiere olvidar el papel de verdadero partido político que la Iglesia romana ha desempeñado aquí; lo mismo sucede con la propaganda que tal institución sacerdotal hace al llamar persecuciones religiosas a las consecuencias lógicas que resultan de las derrotas en el campo de su acción exclusivamente política… el mandato de la Constitución deja en libertad absoluta a todos los habitantes de México para profesar la religión que les acomode. Sin embargo, restringe el derecho individual de expresar esa creencia fuera de los templos. La experiencia señala que este tipo de manifestaciones ha originado con dolorosa frecuencia y casi siempre por culpa de los católicos romanos motines, desordenes, saqueos, incendios, asesinatos, actos contrarios a la conservación del orden y la conveniencia social, que según nuestra Constitución, está por encima de los derechos individuales.”
Las declaraciones del arzobispo Norberto Rivera Carrera y los conflictos religiosos que hasta últimas fechas se han dado en nuestra entidad, confirman que no ha cambiado la situación de intransigencia religiosa desde 1917.
En recuerdo de mi padre y de los diputados constituyentes que conocí y traté en la última etapa de su vida, les puedo asegurar que después de su intensa lucha primero con las armas y después con las ideas, nunca imaginaron que la reacción fuera a gobernar nuevamente a México. Seguramente estarían decepcionados por el recule que en materia de laicidad se está dando en nuestro país, así como por la abulia, el desconocimiento y el desprecio de los políticos hacia nuestra historia y las conquistas sociales de los mexicanos.
