La Constitución en Semana Santa

Es durante las celebraciones de Semana Santa cuando más se puede llegar a poner en duda la plena vigencia del artículo 16-3 de la Constitución española, que afirma sin rodeos: “Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal”.

 

Pues bien, a pesar de lo dispuesto en nuestra Carta Magna, es fácil observar que en los cuarteles de las Fuerzas Armadas la bandera se iza a media asta durante algunos de estos días, es decir, a la mitad de la altura del mástil, lo que en la simbología militar es una evidente señal de luto. ¿Luto por quién o por qué? Sólo hay una respuesta. Guardan luto los militares, todos los militares, en sus cuarteles, porque lo impone el rito de una confesión religiosa específica. Cosa que apenas parece extrañar a nadie, en un país acostumbrado durante largos años a una deforme simbiosis entre lo militar y lo religioso. “Mitad monjes, mitad soldados”, fue la aspiración de ciertos españoles cuya huella aún parece perdurar, por lo que se puede apreciar.

Se advierte también durante esos días de luto religioso cristiano, en numerosas ciudades y pueblos de España, cómo son unidades militares y de la Guardia Civil las que dan escolta a los pasos procesionales, portando sus armas reglamentarias “a la funerala”, esto es, con sus bocas hacia el suelo en señal de duelo y desfilando a paso lento. Contribuyen con su presencia a mostrar, una vez más, lo borroso e impreciso de la separación entre la religión católica y el Estado.

Porque son, evidentemente, esos instrumentos de la defensa del Estado los que con su participación en tales prácticas religiosas están dando un marcado carácter estatal a ciertas ceremonias de la Iglesia Romana, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución. No se trata de individuos que a título personal —sean o no militares— participan libremente con su presencia en las ceremonias religiosas, sino que lo hacen como miembros de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado, vestidos con uniforme de gala, encuadrados en unidades regularmente organizadas y exhibiendo en ocasiones su armamento. Es el propio Estado el que, a través de ellos, participa en las procesiones, en contra de lo que establece la Constitución.

Por otro lado, cuesta comprender por qué la Iglesia acepta, o incluso solicita en ocasiones, una simbólica protección armada para sus imágenes procesionales, aunque las armas de sus escoltas estén a la funerala y no se encuentren cargadas o en disposición de hacer fuego. ¿De quién hay que proteger a las estatuas y a los cofrades? Si, por el contrario, se afirma que se trata de una vieja práctica que debería respetarse, en defensa de la tradición, el problema se plantea aún con mayor crudeza: ¿es que deben seguir estando los ejércitos al servicio de la religión católica, como lo han estado en largas épocas anteriores? Porque ése es exactamente el simbolismo de las escoltas militares armadas en los pasos procesionales.

Pero el asunto no concluye ahí. Es en todo punto inconcebible, a la luz de la no estatalidad de ninguna religión, como impone la Constitución, que una unidad de las prestigiosas fuerzas de choque del Ejército de Tierra —la Legión— desembarque solemnemente todos los años en Málaga desde un buque de la Armada española, portando una estatua del crucificado, y de esa guisa participe en las procesiones del Viernes Santo de la capital andaluza.

Banderas a media asta, escoltas armadas en los pasos procesionales, estatuas portadas por unidades militares… es verdad que la tradicional Semana Santa española saca a la luz un trasfondo de la vieja España confesional, en la que hasta los sangrientos “picaos” de la Sonsierra riojana parecen un fiel trasunto de las aberrantes ceremonias propias de los chiíes musulmanes, que se flagelan periódicamente en recuerdo de sus profetas y califas. ¿Es ésta la España que cabe esperar en el siglo XXI?

Pero es todavía mayor el temor por lo que pueda venirnos encima. Si la enseñanza religiosa a cargo del Estado, actualmente en su mayoría católica, se extiende a la enseñanza de otras religiones, como parece ser peligrosa tendencia del presente apoyada en una lógica razón de imparcialidad religiosa, ¿qué podría ocurrir si esa idea se extiende a los actos de otras religiones? ¿Habrían de escoltar soldados españoles los actos públicos del nuevo año budista o portar imágenes de otros cultos en sus particulares celebraciones religiosas, si ése fuera su deseo?

Si ninguna confesión debe tener carácter estatal, como sabiamente establece la Constitución española, hora es de cumplir lo establecido y dejar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César.

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