El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado en varias ocasiones en el Vaticano siempre deshaciéndose en loas al Papa de Roma y ha sido un ministro muy bien valorado por la Conferencia episcopal y todo ello por los favores que el Gobierno ha hecho a la Iglesia Católica, en estos últimos ocho años, traicionando, desde el minuto uno, la agenda laicista en nuestro país.
En el caso loa abusos a menores en la iglesia católica ésta ha salido muy bien parada ya que, a diferencia de otros países, aquí no existe ninguna obligación legal para reparar el daño causado y todo se ha quedado en extrañas comisiones de investigación y en informes ambiguos del Defensor del Pueblo e incluso en la ley Rhodes (de protección de menores sobre el abuso sexual) no se introdujo ninguna mención específica a la Iglesia católica. Lo mismo ha sucedido en el asunto de las inmatriculaciones: el gobierno no ha hecho absolutamente nada; ni siquiera ha planteado modificar la ley de patrimonio histórico con el objetivo de desamortizar el patrimonio histórico español ahora, en gran medida, en manos de la Iglesia católica.
En el ámbito de la educación, las universidades privadas, la mayoría de ellas católicas, han tomado cada año una mayor importancia, y en el caso de la aplicación de la ley Celaá, ésta ha servido no solo para incrementar el número de matriculados en los colegios católicos sino que, además, ha servido de trampolín para consolidarse en otras ramas de educación como la Formación Profesional o la educación infantil y no hablemos ya de todos los favores que se ha hecho a la iglesia católica y sus organizaciones en el terreno de la asistencia social donde las subvenciones públicas y conciertos directos se dan sin ningún rubor al tiempo que se desmantelan los pocos servicios públicos existentes en este ámbito. No es casual que la primera cita oficial del ministro de Asuntos Sociales haya sido con Cáritas diocesana. Incluso en la resignificación del Valle de Cuelgamuros ésta se ha negociado con la iglesia, manteniendo a la comunidad benedictina y conservándose la horrorosa cruz cristofascista que preside el monumento.
Bolaños, en todos estos dossiers, ha venido jugando un papel de monaguillo de la iglesia católica y ahora se indigna en una carta abierta a la conferencia episcopal porque el presidente de la misma ha llamado al adelanto electoral para cambiar el gobierno y ello de la mano del ultra Abascal.
Que los clérigos se pronuncien o no sobre el gobierno es cosa de ellos y les ampara la libertad de expresión, sin embargo no deja de ser una injerencia clerical evidente en el sistema político ya que se intenta el condicionamiento político esgrimiendo la religión; la injerencia clerical en la política ha sido permanente en la historia contemporánea española intentado identificarse ésta siempre con las opciones más reaccionarias del sistema político, por no hablar del nacionalcatolicismo en tiempos del fascismo español.
En la democracia, la Iglesia católica ha condicionado, por décadas, los avances en derechos civiles, en el modelo de familia, en la libertad sexual de las personas y en las políticas de igualdad de las mujeres por no hablar sus injerencias en el sistema educativo. La iglesia católica en España es una institución que está aliada con los sectores más retardatarios de la sociedad y de la política, lo extraño del caso es que, en nuestro país, las opciones políticas progresistas pretendan legitimar sus discursos con visitas al Papa o haciendo concesiones permanentes a los privilegios del catolicismo.
Quizás este nuevo ciclo político constituya una oportunidad para el laicismo y las fuerzas que aspiren a una verdadera democracia en España empiecen a proponer cambios constitucionales y reformas políticas que introduzcan en su agenda el laicismo y la igualdad como puntos esenciales empezando por la educación pública y laica.
Bolaños ha sido un ministro sumiso y condescendiente con los privilegios del catolicismo, pero eso no le ha servido para neutralizar al lobo feroz que la iglesia lleva dentro. Roma no paga traidores. La iglesia católica está movilizada por un cambio político donde sus privilegios estarán aún más consolidados.
