El secretario general de la entidad, Luis Argüello, cree que en una comisión de la Cámara baja influirían “más cuestiones políticas que el interés real de las víctimas”.
Solo un día después de que el Congreso diera el primer paso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia —con el único rechazo del PP y Vox—, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha rechazado que se cree una comisión en la Cámara baja para investigar la pederastia en esta institución. El portavoz y secretario general de la CEE, Luis Argüello, cree que el Parlamento no es el ámbito adecuado para tratar este problema: “Influirán más las cuestiones políticas y las necesidades de apoyos que el interés real de las víctimas”, ha dicho en una entrevista con Ràdio Estel, la emisora del Arzobispado de Barcelona.
Argüello ha asegurado que el Gobierno “no conocía lo que estaba haciendo la Iglesia en este ámbito, pero que les parecían buenas medidas”, en alusión a las investigaciones abiertas en cada diócesis. “La experiencia nos dice que estas comisiones [de investigación en el Congreso] son más una plataforma para los enfrentamientos de los partidos políticos que una búsqueda de la verdad”, ha aseverado el portavoz de la CEE. Monseñor Argüello ha considerado que esta comisión “no es el ámbito adecuado para realizar una investigación de este tipo. Si hablamos de poderes del Estado, tendría más que ver con el poder judicial”.
Para el secretario de la CEE, los grupos que promueven la investigación “emiten un juicio general diciendo que la Iglesia no es un espacio seguro”. “Si hubiera una preocupación real por todos los abusos a menores, la comisión sería diferente, es un problema de toda la sociedad española que no solo afecta a miembros de la Iglesia, que representan un porcentaje muy pequeño”, ha puntualizado Argüello.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha explicado que, en su opinión, desde 2002 la Iglesia investiga, ha cambiado normativas y ha creado “oficinas para la acogida de las víctimas y para recibir denuncias”. “Así que no se puede decir que no se investiga. Lo que no se hace es un tipo de investigación estadístico social como en otros países”. Sobre la asistencia de miembros de la Iglesia a la posible comisión, Argüello ha defendido: “Esperaremos a ver los términos que se aprueban para ver el tipo de obligatoriedad y colaboración que podríamos dar a esta comisión”.
La Iglesia católica se enfrenta en España a un gran escándalo después de que EL PAÍS entregase el pasado diciembre al papa Francisco y a la CEE un informe con 251 casos inéditos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso, desde los años cuarenta hasta la actualidad. La investigación periodística se inició en octubre de 2018. La contabilidad de EL PAÍS de casos de pederastia en la Iglesia es la única existente en este país ante la ausencia de datos oficiales o de las instituciones eclesiásticas, y suma ya más de 1.300 víctimas en más de 600 casos.
La CEE siempre ha negado saber cuántos casos de pederastia hay en España y ha rechazado crear una comisión independiente para revisar su pasado, como se ha hecho en otros países, como Australia, Francia o Alemania. Del mismo modo, reprochó una supuesta falta de rigor al informe de este periódico y luego se ha desmarcado de la gran investigación abierta, así como de coordinar la escucha de los más de 250 denunciantes del dosier, que deben dirigirse a 70 entidades distintas, entre diócesis y órdenes religiosas, cada una con criterios y voluntad de transparencia muy variables.
La iniciativa de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado ordenó el lunes a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan en un plazo de 10 días todas las denuncias y querellas en tramitación referidas a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en cualquier institución religiosa. Con esta recopilación, la Fiscalía pretende hacer una radiografía sobre la pederastia en la Iglesia española. No obstante, los fiscales no podrán reunir todos estos expedientes, ya que la mayoría de ellos se instruyen en procesos eclesiásticos y no llegan a la justicia civil. En estos casos han sido los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de investigarlos y juzgarlos. Respecto a esta iniciativa del ministerio fiscal, Argüello ha afirmado que sería mejor “si se dijera cuántos casos de abusos hay tramitados en el conjunto del Estado (… ), ya que afectan a toda la sociedad”.
Aunque el Congreso dio ayer martes el primer paso para abrir una investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia después de que la mayoría de la Mesa de la Cámara admitiera a trámite la solicitud de creación de esa comisión —presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu—, hay un grupo de víctimas que prefiere que se cree una investigación independiente que no se adscriba al marco del Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Hurtado, que es víctima de abusos, ya ha conseguido reunir más de 52.000 firmas para que se forme una especie de Comisión de la Verdad, similar a la que se instauró en 2012 en Australia e independiente del poder político.
