La condición laica en Argentina

Me es muy grato hallarme hoy entre todos ustedes en la hermana ciudad de Montevideo, sede del Vº Congreso Internacional de Libre Pensamiento y saludo con espíritu fraternal y admiración a sus organizadores.

Es mi propósito exponer ante ustedes la actual situación de las luchas laicistas en la Argentina, que es muy intensa y variada en acontecimientos y posibilidades.

La República Argentina ha tenido, en el pasado, una notable tradición laica en materia educativa que se ha ido degradando con el paso del tiempo y a causa de ciertas experiencias políticas que condujeron a fuertes retrocesos sobre la cuestión.

Pese a los muy importantes avances que se han registrado en los últimos años en relación con el matrimonio igualitario, la identidad de género o la muerte digna, existen debates que, lamentablemente, permanecerán estancados durante largo tiempo, de no mediar una acción política efectiva que unifique y procese las demandas por mayores derechos que hoy expresan vastos sectores de la sociedad civil.

La más notoria y problemática de estas cuestiones se refiere a la despenalización plena e irrestricta del aborto.

Ningún analista político podría obviar el impacto y las implicancias que han tenido -tanto para mi país, como para la región- la entronización de un papa de origen argentino, y ésta es la causa principal que explica la existencia de un renovado vínculo ideológico entre el gobierno argentino y el Estado del Vaticano.

De una embestida inicial encarada por ciertos intelectuales orgánicos del proyecto político y social que lleva adelante el actual gobierno contra el desempeño pastoral de monseñor Bergoglio durante la última dictadura militar, se ha pasado a un estado de aquiescencia y silencio –de entusiasta adhesión, incluso- frente a cada una de las actividades papales. Estas voces antes críticas, que hoy callan por expresas instrucciones emanadas de las más altas esferas oficiales, parecen haber olvidado que el cura Jorge Bergoglio y el papa Francisco siguen siendo una misma e idéntica persona.

Bajo las condiciones de este renovado clima de entendimiento entre la Iglesia católica y el gobierno argentino, importantes funcionarios han reconocido sin eufemismos ni ambigüedades que la entronización papal de Francisco ha cambiado sustantivamente el clima social y que no será ya probable legalizar el aborto en el país.

No se trata, por cierto, de una actitud que pueda ser endilgada con exclusividad a referentes y voceros del propio gobierno, sino que esta visión de eliminar cualquier potencial confrontación con la ICAR ha sido y es acompañada por vastos sectores de la oposición representados en el parlamento, incluso los que dicen pertenecer al arco político del progresismo y de la izquierda democrática.

En las condiciones fijadas por esta coyuntura política, las luchas laicas en la Argentina vieron, en lo inmediato, acotadas sus posibilidades de expansión discursiva en el marco de esta lucha cultural de largo aliento, de la cual el ILEC forma parte de manera orgánica.

Pero, por cierto, esta sensación de aparente quietismo que impera sobre algunas cuestiones no es de ningún modo, inalterable ni definitiva: debemos, en el mejor de los casos, ser capaces de construir un nuevo discurso y poner en marcha nuevas prácticas políticas que logren involucrar en esta lucha a diversos actores sociales que hasta el momento permanecen pasivos frente a esta problemática, aunque expectantes.

La garantía de una educación pública, gratuita, de calidad y laica es un aspecto irrenunciable y, a la vez, un principio rector y no negociable de nuestra entidad. Vemos, con inquietud, la profundización de un proceso de pauperización creciente del sistema de educación pública, iniciada hace décadas, frente a las mejores posibilidades que ofrecen hoy las escuelas de gestión privada, financiada por igual con aportes particulares y fondos públicos.

Al respecto queremos dejar apuntado que no obstante algunos plausibles avances incorporados en la vigente Ley Nacional de Educación –entre ellos, la fijación de un nivel de inversión educativa mínima anual del 6% del PBI- el texto de la norma ha omitido aludir explícitamente al laicismo y a la neutralidad del estado en materia religiosa. Por el contrario, la ley consagra el derecho de los padres a elegir la institución educativa “cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas” (artículo 128º) y guarda un sugestivo silencio respecto de la neutralidad de la educación pública frente a las preferencias religiosas.

Orientadas por esta línea de pensamiento surgen críticas al sistema de subsidios educativos que hemos hecho nuestras. Todo el sistema de subvenciones vigentes deben ser revisado y reformulado en el entendimiento de que cada peso que el Estado argentino destina para subsidiar a una institución educativa de gestión privada –y sobre todo, a una escuela confesional- es un peso menos que puede ser invertido en un establecimiento educativo público. Se crea, así, la paradoja de escuelas privadas ricas, destinadas a los ricos, frente a escuelas públicas pobres, para los pobres.

La subvención a los establecimientos de enseñanza privados no ha generado un mayor grado de equidad educativa sino que, por el contrario y así como está planteada, incrementa la fragmentación social existente. Esto se debe, básicamente, a que hace ya mucho tiempo que las escuelas de gestión privada se han desentendido del problema de la inclusión y de la igualdad de oportunidades.

Sujeta a la lógica del mercado y movida por el criterio de la eficiencia, el centro de preocupación de la escuela privada está puesto en incrementar los estándares de eficiencia y desempeño educativo. Sin embargo ¿qué hacemos con la población escolar, no escasa por cierto, que se encuentra en un estado de importante vulnerabilidad social?

Para atender sus necesidades, sigue estando –como hace más de un siglo- la escuela pública, aún con sus deficiencias y deterioros.

Es allí donde aparece la función insustituible del sistema escolar público, y de allí la necesidad de concentrar mayores recursos en las escuelas estatales. Y de allí también que la política de subsidios deba ser revisada in totum bajo la óptica de las actuales necesidades sociales.

La entronización de Francisco ha dado inicio, además, a una renovada embestida de los sectores más conservadores de la ICAR que tiene como escenario las principales universidades públicas.

En Córdoba, cuna de la reforma universitaria de 1918, los grupos PROVIDA y la Pastoral Universitaria han logrado, muchas veces con éxito, introducir su cultura dogmática en las aulas, con el beneplácito de las autoridades académicas.

En algunas provincias, los gobiernos han permitido desde hace tiempo el dictado de enseñanza religiosa en las escuelas de gestión pública, con la pasiva aceptación de padres y docentes.

El Ministerio de Educación de la Nación, por su parte, distribuye material didáctico donde el creacionismo ocupa lugares destacados, equiparándolo en “status científico” con el evolucionismo y con otras perspectivas teóricas.

El Congreso ha sancionado el nuevo Código Civil y Comercial que, si bien contempla nuevos derechos y tipologías jurídicas, presenta notorios retrocesos respecto de la vieja legislación y mantiene absurdos privilegios para la ICAR. Nos referimos específicamente al comienzo de la existencia humana desde el momento de la concepción (Art. 19º) y el reconocimiento de la Iglesia Católica como entidad de derecho público, en un mismo pie de igualdad jurídica con el Estado Nacional, las provincias, los municipios y los entes autárquicos.

Sin premura aparente y sin el debido debate público, el parlamento argentino se mostrado demasiado complaciente y expeditivo en aprobar esta reforma surgida del entendimiento tejido entre el gobierno argentino, la Suprema Corte de Justicia, la bancada de legisladores oficialistas y el episcopado.

Hoy esta nueva legislación civil es la llave maestra que ha cerrado la puerta a los grandes debates pendientes sobre interrupción voluntaria de los embarazos, salud reproductiva, eutanasia y neutralidad del Estado en materia religiosa.

Mencionemos, por caso, el del actual ministro nacional de Salud, el doctor Daniel Gollán, quien fue confinado a guardar un penitente silencio luego de haberse pronunciado, con una valentía inédita en estos tiempos, a favor de un debate amplio sobre el aborto.

Días antes de arribar a este Congreso, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó –con el voto favorable de 47 diputados sobre los 60 que conforman el cuerpo- la cesión de tres hectáreas de terrenos a la Iglesia, ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Ese patrimonio público, valuado en algo más de U$S 30 millones, ocurre en uno de los momentos más agudos de la crisis habitacional que azota de manera crónica a la capital del país, que cuenta con más de medio millón de personas viviendo en situación precaria. Para tomar dimensión de este dato, diremos que mientras uno de cada seis habitantes de la ciudad vive en críticas situaciones habitacionales, la Legislatura ha resuelto ceder tres hectáreas de su reducido territorio para congraciarse con el culto católico.

Esta es la situación general del país. Estas son las luchas que el ILEC asume como propias.

A la luz de lo comentado es evidente, entonces, que el problema del laicismo educativo es una pequeña parte de una lucha política, cultural y social mucho más amplia que tiene que ver con concluir finalmente el proceso de secularización del Estado argentino, que ha quedado mancado hace décadas.

En pleno siglo XXI la existencia de fórmulas legales que siguen invocando “la protección de dios” como fuente de “toda razón y justicia”, así como de privilegios civiles y fiscales reconocidas en nuestro Código Civil a cierta parcialidad religiosa resulta, a todas luces, inaceptable para las corrientes librepensadoras, pero que para la mayoría de la sociedad están naturalizadas y, por lo tanto, aceptadas de buen grado.

Otra de las cuestiones sobre la cual nuestra entidad ha decidido poner su acento se refiere a la seguridad y la soberanía alimentarias, entendiendo ambos conceptos como parte de un proceso integral de ampliación de los derechos de ciudadanía.

Nuestro país es un reconocido productor de alimentos a escala mundial y exporta bienes agropecuarios que son consumidos por una población diez veces mayor a la propia. Sin embargo, existen millones de ciudadan@s que no logran acceder con regularidad a una canasta básica de alimentos, y sus únicas posibilidades de hacerlo están mediadas por la caridad religiosa o por mecanismos asistenciales y clientelares que, desde hace tiempo, han puesto en evidencia los signos de su definitivo agotamiento.

Debatir sobre los mecanismos sociales que permiten explicar quién produce cómo la renta y cómo se la distribuye de manera equitativa, es otro de los problemas que nos hemos propuesto abordar. Este debate encierra efectos y extremos que exceden en mucho las fronteras de la teoría económica, para adentrarse en en terreno de los grandes debates éticos.

La distribución de la renta y la riqueza es un punto nodal de la ampliación de los derechos de ciudadanía porque, tal como lo señaló Jean Jacques Rousseau hace dos siglos y medio, “las verdaderas democracias ocurren allí donde “ningún hombre es tan rico como para poder comprar la voluntad de otros, así como ningún hombre es tan pobre como para verse en la necesidad de vender su voluntad a otro”.

Entendemos, entonces, que la lucha cultural que proponemos desde el laicismo no puede ni debe agotarse tan sólo en afirmar la neutralidad de los poderes públicos frente a las opciones religiosas, mayoritarias o no, que se manifiestan en la comunidad y en sus instituciones, comenzando por la escuela.

Se trata, por el contrario, de abarcar todos los aspectos que impliquen “des-sujetar al sujeto”; se trata de que todos l@s ciudadan@s dispongan de los recursos efectivos para explorar y explotar todas las posibilidades abiertas a sus existencias.

Des-sujetar al sujeto significa hacer de él un individuo libre, responsable y sin excusas; de convertirlo en un auténtico titular de derechos, pero también de obligaciones; de devolverle su capacidad de reapropiarse de su cuerpo y de su conciencia, y de decidir sobre ellos con total autonomía.

En definitiva, se trata de dar una lucha cuyos beneficios deseamos no sólo para nosotros mismos, sino también para todos nuestros semejantes. Luchamos porque deseamos, con intensa alegría, lo que alguna vez escribió Cornelius Castoriadis en esa breve pero luminosa sentencia que el ILEC ARG ha adoptado como propia: “Si queremos ser libres, debemos hacer nuestro nomos. Si queremos ser libres nadie debe poder decirnos lo que debemos pensar.”

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