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La concertada asume 13,5 puntos menos de alumnado inmigrante del que le toca

La educación privada financiada con fondos públicos suma un 28,98% del alumnado entre Primaria y Secundaria, pero sólo un 15,46% de los extranjeros. El investigador Jesús Rogero, especialista en desigualdad educativa, atribuye la brecha a los filtros de selección, el ideario católico y las cuotas. La concertada asume en las etapas preuniversitarias sólo un 8,18% del alumnado del Norte de África, según datos oficiales del curso 2019-2020. El sociólogo Xavier Bonal describe una dinámica perversa: la concertada mantiene “un sistema de selección que le asegura que su clientela no se va” y las administraciones “miran para otro lado” porque les ahorra costes.

La brecha está ahí, innegable. Es un dato. Sale de las tablas estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional del curso 2019-2020. Y sitúa a la educación concertada en España en una posición incómoda, porque indica la existencia de barreras de acceso a la población inmigrante. En Primaria y Secundaria, el sistema educativo privado financiado con fondos públicos, mayoritariamente controlado por la Iglesia, tiene un 28,98% del total del alumnado y un 15,46% de los inmigrantes. La diferencia es de 13,52 puntos.

El sistema educativo privado financiado con fondos públicos acoge, en toda la educación no universitaria, a un 25,37% del alumnado (2.103.054 de 8.286.603 alumnos), pero sólo asume un 14,45% de los extranjeros (124.641 de 862.520). La diferencia es de 10,92 puntos. Pero las brechas se agrandan en Primaria y Secundaria. Y afectan con especial dureza a la población del Norte de África.

Veamos, ciclo por ciclo.

– Infantil: con un 25,37% del alumnado, la concertada acoge un 15,43% de los extranjeros.

– Primaria: con un 28,39% del alumnado, un 13,84% de los extranjeros.

– Especial: con un 38,96% del alumnado, un 28,95% de los extranjeros.

– Secundaria: con un 29,84% del alumnado, un 18,34% de los extranjeros.

– Bachillerato: con un 11,33% del alumnado, un 6,67% de los extranjeros.

– Formación Profesional: con un 16,5% del alumnado, un 15,6% de los extranjeros.

Primaria y Secundaria

Hay que detenerse en Primaria y Secundaria, columna vertebral de la educación gratuita y obligatoria, con brechas de 14,55 y 11,5 puntos, respectivamente. Esos son los puntos que le faltan a la concertada para acoger al porcentaje de alumnado extranjero que le toca por su trozo de la tarta educativa.

En Primaria, hay 2.907.214 alumnos, de los que 825.523 van a la concertada (28,39%), siempre según los datos oficiales del curso 2019-2020. En cuanto a los extranjeros, son 46.638 de 336.881 (13,84%). En ESO, van a la concertada 600.668 alumnos, de un total de 2.012.829 (29,84%). En cuanto a los extranjeros, son 34.667 de 188.980 (18,34%).

Sumando Primaria y Secundaria, la concertada tiene un 28,98% del total del alumnado y un 15,46% de los inmigrantes. La brecha es de 13,52 puntos.

Mecanismos de segregación

infoLibre trató de recabar una explicación de la plataforma Más Plurales, que reúne en defensa de la financiación pública de la educación privada a organizaciones como Escuelas Católicas y la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos, entre otras [ver aquí el listado completo]. También intentó obtener respuesta de la plataforma Concertados. En ambos casos, sin éxito. En noviembre, Jesús Muñoz de Priego Alvear, portavoz de la Plataforma Más Plurales, afirmó a este periódico: “Una gran parte de los centros concertados son colegios de la Iglesia o entidades afines. La misma que se dedica a atender a los más necesitados en centros y casas de acogida […]. En qué cabeza cabe que los mismos que hacen esto puedan rechazar a inmigrantes […]”. La plataforma Más Plurales se encuentra embarcada en una campaña permanente para derogar la Ley Celaá, que introduce medidas contra la segregación escolar.

De manera muy diferente a la de Más Plurales ve la cuestión Jesús Rogero, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en desigualdades educativas y coautor de artículos de referencia en la materia [ver aquí y aquí]. “Las causas de este desequilibrio son los mecanismos de segregación de nuestro sistema educativo”, afirma.

Rogero precisa cuatro mecanismos:

1) “Las cuotas disfrazadas de donativos generalizadas en la concertada, aceptadas y toleradas por la administración educativa”, afirma.

2) “El ideario católico de los centros concertados. Aproximadamente el 70% del alumnado de la concertada acude a estos centros”, explica. ¿Por qué el ideario católico es un factor a tener en cuenta? Lo explica Rogero: “Es evidente que esta es una barrera cultural importante para las familias no católicas y, particularmente, para aquellas que profesan otras religiones. Si analizáramos al alumnado inmigrante por origen nacional veríamos que el alumnado de familias musulmanas es acogido abrumadoramente por la pública, mientras que el latinoamericano, católico más frecuentemente, es el alumnado inmigrante que más acude a la concertada”. Esto es significativo, señala, porque el alumnado que habla en castellano “tiene menores dificultades educativas”. 

La escuela concertada recibe un 14,45% del alumnado extranjero. Pero, como indica Rogero, no lo hace de forma homogénea con todos los orígenes, de nuevo con las tablas del Ministerio de Educación del curso 2019/2020 por delante. Por debajo de ese porcentaje está el alumnado que recibe la concertada del “Norte de África”, que asciende a un 8,18%. Son 18.014 del total de 220.107 de alumnos. En el epígrafe “Norte de África” entran, según aclara Educación, Marruecos, Argelia, Egipto, Libia y Mauritania. En cambio, los porcentajes suben en América Central (19,08%) y América del Sur (19,38%).

3) “Los baremos que dan puntos a antiguos alumnos, especialmente decisivos en contextos con escasez de oferta como Madrid. Es llamativo que quienes defienden la libertad de elección centro no reclamen la eliminación de un criterio hereditario e injusto”, según Rogero.

4) “La ‘matrícula viva’, es decir, las matriculaciones que se producen a lo largo del curso y a través de las cuales entra al sistema educativo gran parte del alumnado inmigrante. Casi todas estas matriculaciones se producen en escuelas públicas con una gran concentración de población vulnerable, reforzando aún más esta concentración”, añade.

“El sector concertado se suele escudar en que se da un efecto de autoexclusión”, explica Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero este argumento tiene una trastienda, según explica. “Claro, las familias saben que escolarizar a la concertada tiene coste, porque existen sistemas de exclusion a través de los precios”. A su juicio, se ha generado una dinámica perversa. “La concertada –explica Bonal– mantiene el discurso de que hasta que no le suban la financiación pública, no puede asumir a alumnos que no pagan. Y las administraciones miran para otro lado. Acaba siendo un sistema que favorece a los dos, porque el sector concertado mantiene un sistema de selección que le asegura que su clientela no se va, y a las administraciones les sale más barato, porque la concertada le cuesta menos que la pública“, explica Bonal. Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, apunta también como causas de la brecha a los procesos de selección de las escuelas, incluidos los “autodescartes” de las propias familias.

Lógica de “huida”

El reciente informe Diversidad y libertad: Reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, de EsadeEcPol –el think tank de Esade– y Save the Children también aborda la cuestión de la desigualdad en el acceso educativo según origen nacional. Sus autores, Lucas Gortazar, responsable de educación EsadeEcPol, y Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, ponen el foco, entre otros factores, en las “desigualdades en el acceso a información”, que constituyen “un factor de desventaja para las familias de menor nivel socioeconómico y extranjeras”. También apuntan, al igual que Rogero, a la llamada “matrícula viva”, “con frecuencia de origen extranjero y escolarización tardía”, que “tiende a ser asignada a los centros educativos con mayor presencia de alumnado desaventajado o de origen migrante, que por su estigmatización y baja demanda suelen disponer de más vacantes, agravando así la segregación”. El informe ofrece un dato indicativo. En el curso 2018-2019, aunque la matrícula viva en Primaria en Cataluña era un 2,3% del alumnado total, en los centros de alta complejidad era más del doble, un 5,3%, mientras que en Secundaria la diferencia era 2,4% frente a 4,2%. Uno de los factores que puede provocar “alta complejidad” en un centro es una elevada inmigración.

El informe supone un llamamiento a tomar muy en serio el desafío de la segregación por origen. “La evidencia disponible para el caso de Estados Unidos o Dinamarca muestra que a partir de un porcentaje de concentración de alumnado inmigrante en los centros educativos se genera una lógica de ‘huida’ o aumenta la demanda de educación privada, lo cual acaba reforzando las dinámicas de segregación”, señala. La composición social de las escuelas, “especialmente la elevada presencia de alumnado inmigrante”, constituye un “factor de descarte de escuelas”, añade. Puede sonar mejor o peor a un oído remilgado, pero así funciona el sistema de incentivos que mueve a elegir colegio. “La reputación de la escuela es un factor que influye en las decisiones, lo que favorece un círculo vicioso de estigmatización y segregación”, señalan Gortazar y Ferrer.

El Ministerio de Educación, a preguntas de infoLibre, se muestra consciente del problema y reivindica la utilidad de la Lomloe, que “cambia la filosofía hacia la equidad” para reducir el peso de los “condicionamientos de origen”. “La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social”, señala un portavoz del ministerio, que recalca que la nueva ley establece que los centros sostenidos con fondos públicos deben escolarizar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo “de manera equilibrada para evitar que la mayoría de este alumnado se escolarice mayoritariamente en la red pública”. Además, tendrán prioridad para acogerse al régimen de conciertos los centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables.

Al margen de la ley estatal, Cynthia Martínez-Garrido cree que son claves las políticas autonómicas, con fuerte incidencia en la inclusión-exclusión del alumnado. No en vano, son las autonomías las que programan la oferta de plazas y el tipo de jornada escolar –con gran influencia en la demanda–, controlan las oficinas de matriculación, establecen los mecanismos de asignación de estudiantes a centros y gestionan la financiación de los concertados. La diferencia entre el porcentaje de alumnado global e inmigrante matriculado en la concertada siempre existe, en todas las comunidades autónomas, de nuevo atendiendo a los datos del curso 2019-2020 del Ministerio de Educación. Las mayores diferencias se dan en Navarra (19,96 puntos), País Vasco (17,78), Murcia (15,55) y Comunidad Valenciana (14,32%). Las menores, en Cantabria (0,03), Galicia (5,93), Aragón (7,22) y Asturias (7,29%). El artículo Segregación escolar por origen nacional en España, elaborado con datos de 2015 y del que son autores Javier Murillo, Cynthia Martínez-Garrido y Guillermina Belavi, y el informe de EsadeEcPol y Save the Children examinan la desigualdad educativa por origen nacional teniendo en cuenta no sólo el dato pública-concertada. Ambos informes coinciden en señalar la gravedad de la situación en País Vasco y Extremadura.

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