El instituto Ballester Gozalvo de Valencia pretende ofrecer la asignatura en castellano o valenciano, lo que Educación considera “una falta muy grave”

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha advertido esta mañana de que incumplir la orden de desarrollo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que establece que se imparta en inglés y la posibilidad de superarla a través de trabajos, es una falta tipificada como "muy grave", que puede conllevar la suspensión de empleo y sueldo, y en caso de reiteración, la separación del servicio. En este punto, ha asegurado que ni a él mismo ni a su equipo "nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones" y ha garantizado que la aplicación de la normativa será "inexorable".

El titular de Educación se refería en estos términos sobre la decisión anunciada ayer por el claustro de profesores del IES Ballester Gozalvo de Valencia de impartir Educación para la Ciudadanía sólo en opción A, la tradicional, y en "una de las dos lenguas oficiales que reconoce el Estatuto de Autonomía, castellano o valenciano".

"De la misma forma que nosotros cumplimos con la LOGSE y la LOE estando en desacuerdo, el resto del sistema educativo ha de cumplir órdenes que emanan de la consejería", ha afirmado el consejero. "Somos conscientes de la legalidad vigente y vamos a impartirla de una forma que nosotros y nuestros servicio jurídico estimamos que es completamente legal", ha concluido.

Los tres sindicatos de la educación pública valenciana han recurrido la norma elaborada por el ejecutio autonómico, que contradice al mandato dictado por el Gobierno central.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha asegurado después de conocer la postura del consejero que la Administración autonómica "debería pensar seriamente" si su norma sobre la asignatura "se ajusta" a las disposiciones obligatorias de carácter estatal. Peralta ha añadido que la Delegación del Gobierno "en ningún caso" promoverá la desobediencia a las normas ya que son las Administraciones públicas las que deben "dar ejemplo" de su cumplimiento.

Font de Mora agradece al ministerio que no le denuncie

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, se mostró ayer convencido de la "legalidad" de la orden que regula en la Comunidad Valenciana la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y se mostró convencido de que "no será recurrida por el Ministerio de Educación, porque no cuestiona la obligatoriedad de la materia".

En los pasillos de las Cortes, el responsable autonómico, que firmó la orden el 10 de junio, mostró su "gran satisfacción" por "el anuncio de la ministra de Educación de que no va a recurrir la orden", puesto que, en su interpretación, "el Gobierno ha dicho que recurrirá solo si se cuestiona la obligatoriedad de la materia". Y garantizó que este extremo "no se cuestiona en absoluto", en la polémica orden valenciana que obliga a estudiar esta materia de nuevo cuño íntegramente en inglés, y ofrece una opción diferente de evaluación a los hijos de las familias objetoras.

"La materia es obligatoria y se cursará en dos modalidades, con la opción A y con la opción B, obligatoriamente ambas", de forma que insistió en que el ministerio "no recurrirá", lo que supone "un reconocimiento a la labor de la consejería".

En relación con la avalancha de posibles recursos de los tres grandes sindicatos de la enseñanza pública -CC OO, UGT, y STEPV- lamentó que estos anuncios "carecen de la claridad que ha expresado el ministerio". Y se mostró convencido de "la legalidad de la medida, de su oportunidad y de su legitimidad, porque todo lo que se ha hecho está basado en informes jurídicos de principio a fin"

Un colegio reta a Camps en su boicoteo a Ciudadanía

Primera rebelión contra el boicoteo del Gobierno de Camps a Educación para la Ciudadanía. El claustro de profesores del instituto público Ballester Gozalvo, en Valencia, aprobó ayer ofrecer la asignatura en castellano y valenciano (en vez de en inglés, como ha establecido la Consejería de Educación). E impartir sólo el modelo de clase convencional, y no la llamada opción b (que consiste en un trabajo por trimestre de tema elegido por cada familia) creada por la Generalitat.

CC OO llamó a otros centros a hacer lo mismo. Fuentes del sindicato afirmaron que el ejemplo se extenderá como un reguero de pólvora en las próximas semanas. La Generalitat anunció que obligará al centro a cumplir su orden, y rechazó que el claustro tenga potestad para alterar sus instrucciones.

Los profesores del Ballester Gozalvo justificaron su rebelión en el cumplimiento de la "normativa legal", y en la hipótesis de que, con los cambios introducidos en la asignatura por la Generalitat, el Estado podría negarse a reconocer los títulos de ESO de sus alumnos.