En apenas una semana el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa una batería de medidas que pueden cambiar de arriba abajo el modelo educativo. Más alumnos y menos profesores en las aulas, una subida en las matrículas universitarias que equivale al incremento que debería haberse asumido en una década, un control a los presupuestos de los centros superiores que puede conllevar sanciones si gastan más de lo que tienen. Las autonomías deben ejecutar estos cambios y la comunidad educativa quiere mover ficha al mismo tiempo para intentar frenar el impacto.
El pasado septiembre, cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha ajustes similares a algunos de los previstos ahora por el ministerio (un incremento de las horas lectivas en secundaria) los profesores se echaron a la calle. Convocaron nueve jornadas de huelgas en el primer trimestre y se organizaron en la marea verde, una protesta como no había visto la región en los últimos 20 años.
En los próximos días, la conferencia de rectores, los sindicatos y los estudiantes se reúnen con el ministerio para analizar la letra pequeña de los cambios publicados el sábado en el Boletín Oficial del Estado. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ya ha pedido a las comunidades que apliquen la mínima subida posible de los precios públicos, guarda silencio hasta conocer las explicaciones de un decreto ley que modifica en parte la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El cambio les obliga al equilibrio presupuestario y afecta al principio de autonomía universitaria.
Colectivos de estudiantes han convocado una “jornada de lucha” el próximo 10 de mayo. “Haremos huelga en los institutos y movilizaciones en las universidades, a las que esperamos que se sumen los profesores”, señala Tohil Delgado, del Sindicato de Estudiantes. La Federación de Asociaciones de Estudiantes de España (Faest) respalda esta convocatoria. “Hace falta una respuesta rápida porque tememos que miles de universitarios no podrán seguir el próximo curso por la subida de precios públicos”, señala su presidente, Fidel González.
El aumento, que deben fijar dentro de una horquilla las comunidades autónomas, supone un incremento máximo de 540 euros anuales en primera matrícula, según estimaciones oficiales, y penaliza a los repetidores con el pago de hasta el 100% del coste del curso mientras las becas de educación se han reducido en 166,4 millones, casi el 12%. Comunidades y estudiantes reclaman que la subida de tasas lleve aparejado un incremento de las ayudas.
“Queremos llegar al otoño con una respuesta clara y unitaria”, añade González. Desde el Consejo de Estudiantes, que se reúne mañana con el Ministerio de Educación, también prevén organizar una plataforma por la educación pública similar a la que se puso en marcha en Madrid. “Rectores, estudiantes y profesores deben protestar unidos”, señala María José Romero, portavoz del consejo. El nuevo decreto no recoge la obligación de informarles de los cambios. No fueron consultados, como prevé el Estatuto de Estudiantes, y también por eso plantearán quejas.
Los sindicatos de enseñanza alertan, además, de que el recorte (Educación prevé ahorrar 3.000 millones, aunque no ha detallado las cuentas) “va contra la calidad del sistema educativo”. CC OO quiere llevar los recortes ante el Defensor del Pueblo (al que solicitará que recurra el real decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional) tras calcular que destruirá más de 100.000 empleos docentes.
“Marcaremos más acciones de protesta y respaldaremos lo que plantean estudiantes y organizaciones contra la merma de calidad educativa. Nuestro ejemplo es la marea verde de Madrid”, señala Jesús Sánchez, presidente de CEAPA, la principal confederación de asociaciones de padres de la educación pública, que también respalda la creación de una plataforma.
“Nos preocupa cómo se van a gestionar esos recortes”, añade José Antonio Martínez, presidente de la federación de directores de centros públicos Fedadi. Martínez rechaza el “modelo de café para todos” y apunta que “si las autonomías no aplican las medias atendiendo a la especificidad de cada centro, como hizo Madrid, habrá aún más problemas”.
