La Comunidad de Madrid de PP, Cs y Vox: cheque escolar, libertad de enseñanza y promoción de la concertada, confesionalismo y religión en la escuela…

Han tardado dos meses en los que ha habido un tira y afloja que tenía más de escenografía que de desencuentro real. PP, Ciudadanos y Vox han llegado este jueves a un acuerdo para investir a Isabel Díaz Ayuso con un gobierno de coalición de los dos primeros apoyado desde fuera por la extrema derecha.

El pacto, como ya ocurrió en Andalucía y en Murcia, se ha negociado a los bandas con los populares tratando de aunar los intereses de sus dos socios. El PP firmó el pasado 8 de julio un acuerdo con Ciudadanos –155 medidas, en alusión el artículo de la Constitución que regula la intervención de Catalunya– y ahora ha acordado con Vox otro documento, de tan solo tres páginas.

El partido de Santiago Abascal ha limado sus exigencias más polémicas para que fueran aceptadas por Ciudadanos. Ignacio Aguado lo ha confirmado a media mañana: «Son unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el PP ni con las reformas y compromisos asumidos por Ciudadanos».

El acuerdo entre PP y Ciudadanos tiene 37 páginas; el de PP y Vox apenas tres folios. Dos documentos para un mismo Gobierno que, pese a ello, tienen varios puntos en común, fundamentalmente en tres aspectos: impuestos, inmigración y Educación.

Una educación que respete las «convicciones morales»

En los 37 folios del pacto con Ciudadanos y los tres del acuerdo con Vox hay una coincidencia en educación, un punto redactado casi con las mismas palabras: «Garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales». El de la extrema derecha añade «religiosas» y la introducción de «mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos».

Ese epígrafe esconde debajo de la «libertad» en la enseñanza una de las principales batallas de Vox: la lucha contra los contenidos LGTBI en la educación. El partido de extrema derecha llegó a reclamar a la Comunidad de Madrid los nombres y apellidos de las personas que dan talleres LGTBI en los colegios, aunque finalmente retiró la petición.

Es más, en su primera propuesta para apoyar a Díaz Ayuso, los de Abascal pedían recortar buena parte de las leyes autonómicas destinadas a luchar contra la discriminación por razón de género y orientación sexual. En concreto, reclamaban derogar todo el apartado referente a concienciar a través de la educación en la diversidad de género.

Para hacer posible el pacto, Vox ha tenido que eliminar ese apartado, pero mantiene ese resquicio de que no haya «injerencia» de los poderes públicos en la educación. Es solo una manera de aparcar temporalmente una reivindicación que les ha enfrentado a Ciudadanos para desbloquear la investidura. Queda por ver en qué se concretará su desarrollo durante la legislatura.


Texto del documento de acuerdo PP-Vox, que Ciudadanos ha asumido, que afecta a educación:

«Familia, libertad de educación y de pensamiento

 Se modificará la Consejería de Asuntos Sociales y Familia y pasará a ser la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad.

Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está>contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos.

Se respetará la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que éste sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española.

Nos comprometemos con la defensa de la libertad de cátedra.

Pondremos en marcha de forma progresiva el Cheque escolar

Se comenzara con la educación de 0 a 3 años.

Se promoverá la libertad de elección de centro educativo.

Se aprobarán y/o reforzarán los protocolos existentes en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, en concordancia con la legislación vigente. Se asegurará que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección.»

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