En el contexto histórico de ampliación de derechos, la conciencia social rechaza las muertes y sufrimientos de miles de gestantes. Es tiempo de que quienes legislan representando al pueblo, en este siglo XXI, comprendan que ningún sistema de creencias dogmático debe imponer normativa jurídica capaz de confiscar el vientre de las mujeres, lesbianas y trans.
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho inalienable de las personas gestantes. Un Estado laico, como el nuestro, debe garantizar, sin distinción de clase, la plena libertad a decidir sobre nuestros propios cuerpos, en tanto sujetxs polìticxs.
El Estado debe reconocer el Derecho Humano a abortar y garantizar atención segura y gratuita en los servicios de salud pública y privada. Consideramos indispensable que se dé el debate democrático en un clima racional y laico.
Una vez más la CAEL hace suyo el lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”
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