La campaña de los obispos

Los estados modernos tienen como principio indisociable de la democracia la laicidad del Estado y el reconocimiento a la pluralidad de pensamiento y a la diversidad religiosa, entre otros aspectos, para garantizar el progreso basado en la educación y la ciencia.
 
A la par del inicio de las campañas electorales, el Episcopado Mexicano presentó su campaña para promover el voto y la participación ciudadana en las próximas elecciones “conforme al evangelio”, así como el documento “No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social”.
 
En su mensaje, los obispos de México se proponen ofrecer criterios éticos para el voto responsable; sin embargo, resulta difícil pensar que cualquier asociación religiosa pueda, a partir de los dogmas de su fe y los intereses de su institución, promover el voto sin hacer proselitismo a favor o en contra de algún candidato o partido político. 
 
Recientemente se han aprobado distintas reformas legislativas como la despenalización del aborto y las sociedades de convivencia en el Distrito Federal. En sentido opuesto, se discuten actualmente diversas iniciativas de ley, como las candidaturas a cargos de elección popular de ministros de culto y la iniciativa sobre educación pública de carácter religioso. Frente a estos temas, la diversidad de la sociedad mexicana ha aflorado; las agrupaciones de carácter religioso, los órganos de gobierno y una enorme variedad de organizaciones civiles se han manifestado. 
 
La injerencia de la Iglesia católica en estos temas ha sido evidente; por ejemplo, cuando se discutió en la Suprema Corte Justicia de la Nación la constitucionalidad de la reforma hecha por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en relación a la despenalización del aborto, miembros de la jerarquía católica se manifestaron en contra de esta ley del país y descalificaron a sus instituciones, como lo son la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y realizaron propaganda en contra de los partidos políticos que impulsaron esta reforma, violando lo establecido en la Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas. 
 
Los asuntos de carácter público sobre los que deciden los cargos electos —gubernamentales o legislativos— van mucho más allá de los temas de estricto interés religioso. La promoción del voto de la Iglesia católica, dirigida a sus 75 millones de seguidores, puede resultar determinante en la elección a favor de un candidato o partido; si bien esto puede inclinar la balanza en temas como el aborto, las candidaturas a cargos de elección popular de ministros de culto y la iniciativa sobre educación pública de carácter religioso también pueden propiciar la injerencia de la Iglesia en temas como la seguridad, el empleo, la política de drogas, el desarrollo, la salud, el presupuesto, el régimen fiscal, la política exterior y el largo etcétera que conforma la agenda política nacional. Ello pondría en entredicho la laicidad del Estado, cuando una de las formas más graves de transgredir su naturaleza es precisamente la intromisión de las iglesias en asuntos de carácter político que por virtud de ley corresponden a los órganos del Estado. 
 
Los estados modernos tienen como principio indisociable de la democracia la laicidad del Estado y el reconocimiento a la pluralidad de pensamiento y a la diversidad religiosa, entre otros aspectos, para garantizar el progreso basado en la educación y la ciencia. 
 
El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias tiene rango constitucional; dicha separación es condición fundamental de la conformación política y jurídica del Estado mexicano, que establece un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas estén legitimadas principalmente por la soberanía y no por elementos de cohesión religiosa. Por eso es importante cuestionarse si corresponde a las iglesias promover el voto. 
 
La concepción del Episcopado Mexicano de promoción del voto se basa en elementos morales circunstanciales; principios dogmáticos de una institución única que no necesariamente son compartidos por todas las asociaciones religiosas, partidos políticos e individuos de la sociedad, de ahí que su injerencia puede provocar una desventaja para aquellos que no comulgan con los principios de la Iglesia, generando condiciones de inequidad, sobre todo si tomamos en cuenta el alto número de potenciales electores católicos en México. 
 
En todo caso, corresponde, de oficio y alejada de posiciones partidistas, a la Secretaria de Gobernación —por conducto de su Dirección de Asociaciones Religiosas— defender la observancia del Estado laico y garantizar un proceso electoral que no parta de posturas morales basadas en doctrinas religiosas.
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