“Pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados; que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos".
Aunque no lo parezca el párrafo anterior es un extracto del testamento vital católico que la Conferencia Episcopal difunde en su web.
La buena vida
El doctor Montes con el fin de abrir un debate sobre la eutanasia pasiva y sobre el derecho de los ciudadanos a recibir los cuidados paliativos necesarios para poder tener una muerte digna dice que: “La buena vida es un avance social, pero también la buena muerte. La sedación en la agonía, evitar sufrimientos innecesarios, es algo que todos queremos”. “Nadie puede ser obligado a morir contra su voluntad, pero tampoco a vivir cuando la vida se ha convertido en una carga imposible de soportar”.
Intolerancia
El testamento vital católico y el doctor Montes mantienen la misma postura sobre la buena muerte. Otra cuestión es la contradicción de los obispos más intolerantes sobre este tema acaso porque la eutanasia pasiva podría desdibujar la teología del terror a la muerte que siempre ha sido una importante fuente de poder.
Acoso y derribo del
El 7 de marzo del año 2005 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tuvo noticia de dos denuncias anónimas por mala praxis médica a causa de una supuesta sedación excesiva de enfermos terminales en el Severo Ochoa. En ese momento el doctor Montes era Coordinador del Servicio de Urgencias de dicho hospital. La Consejería apeló al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y apoyándose en un informe realizado por un comité de expertos, a instancias de Manuel Lamela, trasladó en mayo del 2005 la denuncia al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés. Lamela, consejero de Sanidad en aquel momento, llevó a cabo una persecución de los médicos implicados como promotor de una acusación terrible con la sola base de una denuncia anónima. Incapaz de pedir perdón a los médicos a los que había acusado cuando fueron absueltos de un delito que nunca había existido, en febrero de 2008 con una chulería inadmisible tuvo la desfachatez de decir:
"Me siento enormemente orgulloso. Volvería a hacerlo”
No olvidemos que la eutanasia pasiva no está penalizada y que la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa y destacó que no hubo mala praxis en las sedaciones. Montes tiene pendiente el juicio por la denuncia que presentó contra la COPE por injurias y calumnias y piensa querellarse contra Lamela por “denuncia falsa” en la que él considera “la más importante de las querellas” porque implicará que el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se siente en el banquillo.
La Iglesia sobre la muerte
En palabras del doctor Montes “La crisis del Severo Ochoa era un ataque a la sanidad pública, una privatización de los cuidados paliativos, la imposición del pensamiento único, con lo cual no me sorprende que ahora los capellanes estén en los comités éticos de los hospitales”.
Acosadores
En fechas recientes el doctor Montes hizo referencia a dos curas católicos que trabajan en el Severo Ochoa y que cobran un sueldo de la Administración y a los que califica como “acosadores en un Estado plural y aconfesional”
Acuerdo con Rouco
En el año 2008 el gobierno de Esperanza Aguirre firmó un convenio con el cardenal Rouco Varela para que la iglesia pueda intervenir, en la sanidad madrileña, en las decisiones sobre abortos y enfermos terminales. El denominado Servicio de Asistencia Religiosa propicia que los curas no sólo se dediquen a visitar a los enfermos invadiendo su privacidad, sin que ellos lo soliciten, sino que además puedan participar en la toma de decisiones que sólo deberían competir a los médicos. El acuerdo lo firmaron el consejero de Sanidad Juan José Güemes y el abispo auxiliar de Madrid Fidel Herráez Vegas.
Intromisión
La actuación de este Servicio de Asistencia Religiosa es una clara intromisión en los derechos de los ciudadanos y en la organización de los servicios públicos porque permite que una creencia religiosa, la católica en este caso, se inmiscuya en el sistema sanitario público y constituye la concesión a la iglesia católica de la capacidad de tomar decisiones médicas dentro del sistema público de sanidad. Este nuevo atropello a la libertad individual pretende solapar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su propia muerte con la imposición de creencias y valores que no toda la ciudadanía tiene como referentes.
La AEPD y el acceso a los datos de los pacientes
Protección de datos exigió en julio del pasado año a la Comunidad de Madrid la limitación del acceso de los asistentes religiosos de los hospitales a los datos de los pacientes; entienden que el acceso "debe limitarse a los datos de quienes hubieran solicitado la asistencia religiosa del Servicio".
Sin religión
Como colofón, unas frases del MLP (Movimiento Laico Progresista): “Desde el MLP entendemos que un comité de ética y un equipo interdisciplinar de curas paliativas han de estar formados por profesionales de la medicina y en ningún caso por representantes de ninguna moral impuesta. Incluir la religión en un comité de ética es dejar de lado la auténtica ética civil’
Pilar Rego es Educadora Social, bloggera y colabora con la asociación contra la violenciad de género "Áyudatemujer"
